Voces: ABSOLUCION ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ ERROR JUDICIAL ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I(CNFedCivyCom)(SalaI)
Fecha: 09/11/2021
Partes: Rodríguez, Luis Gilberto c. Estado Nacional s/ daños y perjuicios
Publicado en: La Ley Online;  
Cita: TR LALEY AR/JUR/176904/2021

Sumarios: 
1 . No se observa que el acto jurisdiccional que dio lugar a los procesamientos y las ulteriores absoluciones y declaración de falta de mérito del actor constituyan decisiones manifiestamente infundadas desde el punto de vista jurídico a la luz de las constancias de las respectivas causas. Ello así, puesto que, la mera absolución por insuficiencia o deficiencia de las pruebas inicialmente consideradas para el procesamiento del actor como consecuencia del ulterior desarrollo de la investigación no importa sin más el deber de resarcir del Estado por el obrar regular del órgano jurisdiccional en este caso concreto. 
2 . No se observa que exista un error palmario e inexcusable en el trámite de las actuaciones que involucraron al actor, lo cual bastaría para descartar el error judicial alegado. Tampoco se ha demostrado la existencia de un desacierto que provenga de una resolución declarada ilegítima y dejada sin efecto. No siquiera se ha alegado que el aquí actor hubiese denunciado en el fuero pertinente la actuación del juez u otras irregularidades en la tramitación de la causa en lo que a sí respecta, cuyas resoluciones se encuentran firmes, por lo que carece de recurso para indagar en una cuestión que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. 
3 . Los actos llevados a cabo por alguno de los sujetos que intervienen en un proceso judicial pueden muchas veces ser fuente de daños y perjuicios a otros individuos, ya sea que hayan o no participado en ese proceso. 
4 . No toda actividad jurisdiccional que resulta anulada genera de por sí responsabilidad estatal, sino que deviene necesaria la comprobación de la existencia de antijuridicidad en el comportamiento jurisdiccional a fin de poner en marcha tal sistema. 
5 . Para la procedencia de la acción indemnizatoria contra el Estado por el daño causado por la actividad judicial, debe tratarse de una violación legal grave, determinada por el dolo o por la negligencia inexcusable; lo que excluye cualquier actividad de interpretación de las normas de derecho y las referidas a la valoración de los hechos y de las pruebas; o sea que lo opinable queda fuera del ámbito del daño resarcible. 

Jurisprudencia Relacionada(*)
Corte Suprema
 en“Balda, Miguel Ángel c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 19/10/1995, Fallos: 318:1990, TR LA LEY AR/JUR/1852/1995 sostuvo que el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto. 
(*) Información a la época del fallo

6 . El error judicial es entendido como todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar. Se trata así de un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción. 

Texto Completo: 
Expte. n° CCF 013278/2003/CA001
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021.
 Considerando:
El doctor Uriarte dijo:
1. El Sr. Luis Gilberto Rodríguez inició demanda contra el Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Alega haber sufrido daños por su ilícita detención durante 23 días desplegada por personal policial bajo las órdenes del magistrado instructor –el juez Galeano– de la “causa AMIA” y su conexa identificada como “causa Legajo Armas”, así como su irregular, ilícito y capcioso involucramiento en las referidas causas penales. Reclamó la suma de $652.000 –compuesta de $500.000 por ‘daño moral’, $32.000 en concepto de ‘daño psicológico’ y $120.000 para resarcir el ‘lucro cesante’–, o lo que en más en menos resultare de las pruebas a producirse en la causa, con más los intereses, costos y costas (ver fs. 3/9, 25 y 28/31).
A fs. 66/85 se presentó mediante apoderado el Estado Nacional-Poder Judicial de la Nación –en lo sucesivo, “Estado Nacional” o “Estado”–, y tras la negativa de rigor solicitó se rechace la demanda con costas. Requirió la citación como tercero de la provincia de Buenos Aires, la cual fue admitida a fs. 99/99 vta., y se tuvo por desistida a fs. 105 por no haber efectuado la accionada el traslado que le fuera ordenado.
2. La sentencia de fs. 305/311 rechazó la demanda promovida por el señor Luis Gilberto Rodríguez contra el Estado Nacional y distribuyó las costas en el orden causado.
La señora jueza a quo –luego de una prolija reseña de la doctrina relativa a los supuestos de “error judicial”, en base al derecho y los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema y de esta Cámara que consideró aplicables al caso–, procedió al análisis de las causas penales acompañadas como prueba.
Tras realizar una ponderación de lo que allí observó, concluyó que no se acreditó un accionar infundado o arbitrario en la etapa instructoria respecto del actor que implique la responsabilidad del demandado, y desestimó la demanda.
No obstante ello, la magistrada resolvió distribuir las costas por su orden, por considerar que –atendiendo a las particularidades del caso– el actor pudo creerse objetivamente con derecho a reclamar como lo hizo.
3. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes. 
El recurso del actor de fs. 313, concedido a fs. 314, fue fundado a fs. 325/332, y replicado por la contraparte a fs. 335/336. Su planteo de hecho nuevo efectuado a fs. 331/331 vta. de su expresión de agravios fue desestimado in limine por este Tribunal, por haber transcurrido –entre la fecha de la notificación de la providencia de fs. 321 y la del planteamiento aludido– el plazo previsto por el artículo 260, 1° párrafo, del Código Procesal.
El Estado Nacional apeló a fs. 315, y su recurso fue concedido a fs. 316. Su memorial de fs. 323/324 recibió la respuesta del actor que luce a fs. 337/338.
4. El memorial del Estado Nacional se centra exclusivamente en la crítica a la distribución de costas en el orden causado resuelta en el fallo de grado por considerar que, habiendo sido vencida totalmente la parte actora, correspondía aplicar la regla del principio objetivo de la derrota, y la jueza no ha brindado motivos suficientes para apartarse de tal principio.
5. El Sr. Rodríguez esgrime tres quejas en su memorial, que pueden resumirse de la siguiente manera:
a) la sentencia se funda en argumentos meramente dogmáticos, apartados de los hechos de la litis, dedicando escasos párrafos al fundamento de su decisión de rechazar la demanda, lo que la convierte en arbitraria;
b) la a quo ha omitido ponderar pruebas relevantes para la resolución del conflicto, puntualmente en torno a que –más allá de lo informado en su oportunidad por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal acerca de si el juez Galeano había sido destituido de su cargo– a la fecha de la sentencia existía un pronunciamiento firme en la causa “Galeano Juan José s/ Pedido de Enjuiciamiento” (expediente n° 14 del Jurado de Enjuiciamiento), en que se lo destituyó por mal desempeño, hecho que define como público y notorio y trascendental para la resolución del conflicto. Asimismo, sostiene que se efectuó una errónea valoración de las constancias de las causas “AMIA” y “Armas”, omitiendo los pronunciamientos de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararon la nulidad de lo actuado en aquellas actuaciones, con principal sustento en el obrar del juez Galeano. Adjudica a la magistrada haber realizado un análisis sesgado de las causas 1156 y 270 y de la destitución de Galeano, de cuyo análisis surge la inverosimilitud de lo resuelto respecto del accionar de éste; y, finalmente,
c) alega la existencia de strepitus fori en el caso, por haber considerado la jueza que en el caso no existió un proceder malicioso del juez Galeano o un error judicial en perjuicio del actor, contraviniendo los pronunciamientos en contrario de los más altos Tribunales de la Nación respecto de la conducta del aludido magistrado. Destaca –en particular– el soslayo en la sentencia apelada de la consideración de lo resuelto el 3/8/2005 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el 3/5/2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa 1906 (“Galeano, Juan José y otros s/ Inf. Arts. 261, 269, 144 bis, 149 bis y 293 del CP”), ambas –señala– anteriores a la fecha del dictado del fallo de primera instancia, y ofrecidas como prueba dentro del pedido de admisión de hechos nuevos. Sin perder de vista –aduce– que las sanciones impuestas al ex juez no versaron directamente sobre la situación procesal del actor en la causa investigada por él, considera que ello no es óbice para extender el alcance de su inconducta también a lo atinente al Sr. Rodríguez, pues aquel tramo de la causa también fue alcanzado por la nulidad decretada por la Corte. También se agravia de la omisión por parte de la a quo en la consideración del reconocimiento de responsabilidad del demandado, asumida por éste ante la Corte Interamericana de Justicia de la Nación.
6. Me parece oportuno recordar que, conforme a un criterio aceptado y utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino únicamente en aquéllas que, a su juicio, resultan decisivas para la correcta resolución de la contienda (conf. CSJN, doctrina de Fallos 280: 320; 303: 2088; 304; 819; 307: 1121; esta Sala , causas 638 del 26-12-89 y sus citas, 1071/94 del 5-7-94, 11517/94 del 28-8-97, 4093 del 25-11-97, 17543/96 del 5-3-98, 8237 del 4-4-02, 42032/95 del 26-8-03, 610/03 del 23-5-06, 6234 del 31-8-06, entre otras).
7. Con carácter previo a ingresar a la resolución de las cuestiones planteadas, me interesa poner de manifiesto que, debido a que los hechos que dieron lugar al pleito ocurrieron con antelación a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, el presente caso está regido por la legislación anterior a dicho cuerpo normativo (conf. artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; esta Sala, causas 7667/00 del 26-6-18 y 1822/11 del 13-7-18 y sus citas; íd. esta Cámara, Sala 2, causa 5106/12 del 19-7-19; y Sala 3, causa 6527/17 del 13-6-19).
8. Por razones metodológicas, comenzaré por abordar las quejas del actor, y las trataré conjuntamente en virtud de la estrecha vinculación que exhiben, desde que todos los agravios expresados apuntan sustancialmente a objetar los fundamentos que condujeron a la decisión de la jueza con que discrepa, derivadas de lo que considera una errónea ponderación de las constancias de la causa.
Cabe destacar, preliminarmente, que no se encuentra controvertido en esta instancia que el presente litigio tiene por objeto dilucidar si existió o no error judicial imputable al obrar del Poder Judicial de la Nación –dentro del cual el actor endilga específicamente al ex juez Galeano las irregularidades que invoca–, todo ello en el marco de los procedimientos penales en que se encontró involucrado el Sr. Rodríguez, por los que estuvo detenido durante 23 días, y fue imputado y procesado sin prisión preventiva, habiéndose dictado a posteriori la falta de mérito que lo desvinculó de las causas denominadas como “AMIA” y “Armas”.
En ese contexto, conviene recordar que los actos llevados a cabo por alguno de los sujetos que intervienen en un proceso judicial pueden muchas veces ser fuente de daños y perjuicios a otros individuos, ya sea que hayan o no participado en ese proceso. Se pone así en evidencia un anormal funcionamiento del servicio de administración de justicia, lo que –bajo determinadas condiciones– pone en marcha el sistema de responsabilidad del Estado frente a los particulares que han sido víctimas de dicha deficiencia, por la indemnización de los daños y perjuicios padecidos. Así, el fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado por deficiente administración de justicia debe hallarse en la concepción del estado de derecho que implica la necesaria sujeción del ente al orden jurídico instituido (conf. Hitters, J.M., "Responsabilidad del estado por error judicial", L.L. 2003-F, 1070).
Ahora bien, no toda actividad jurisdiccional que resulta anulada genera de por sí responsabilidad estatal, sino que deviene necesaria la comprobación de la existencia de antijuridicidad en el comportamiento jurisdiccional a fin de poner en marcha tal sistema. Dicho en otros términos, los daños derivados de resoluciones que no constituyen sino la aplicación del derecho vigente no pueden serles endilgados al Estado en tanto no se verifique aquel comportamiento antijurídico (conf. esta Cámara, Sala 3, causa 15899/96 del 18-12-19).
Es decir que para la procedencia de la acción indemnizatoria contra el Estado por el daño causado por la actividad judicial, debe tratarse de una violación legal grave, determinada por el dolo o por la negligencia inexcusable; lo que excluye cualquier actividad de interpretación de las normas de derecho y las referidas a la valoración de los hechos y de las pruebas; o sea que lo opinable queda fuera del ámbito del daño resarcible (conf. Trigo Represas, F.A., "Responsabilidad del Estado por la actividad judicial", L.L. 2014-C, 203).
 En este orden de ideas, tiene dicho el máximo Tribunal del país que las sentencias y actos judiciales no pueden generar responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. De este modo, los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver una contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. En definitiva, el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error, ya que lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, al constituir la acción de daños y perjuicios un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (conf. CSJN, Fallos: 318:1990; 321:1712; 325:1855, entre otros).
Se advierte de esta manera una sólida tendencia jurisprudencial de parte del máximo Tribunal del país de rechazar la responsabilidad del Estado por actividad lícita del Poder Judicial, exigiéndose a estos efectos que el acto que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto. Es que en la realización de su función primordial –la de hacer justicia–, los magistrados muchas veces se encuentran limitados en su margen de operatividad. Ello así, pues la investigación de los hechos y la seguridad de sancionar a los culpables les imponen la obligación de dictar medidas restrictivas de la libertad y de la disponibilidad de los bienes durante el curso del proceso. En estos casos, los daños deben ser soportados por quienes los padecen, pues ese es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. Tales actos jurisdiccionales son formalmente regulares dentro de un razonable criterio judicial y en el marco de una apreciación provisional de los hechos que les sirven de fundamentación, aunque las partes a quienes les afectan puedan considerarse perjudicadas y estimen arbitrarias esas medidas (conf. esta Cámara, Sala 3, causa 15899/96 del 18-12-19).
En definitiva, se trata de una responsabilidad de carácter excepcional dado que en toda comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable. Este deber se concreta, muchas veces, en el sacrificio que tiene que aceptar todo particular –sin indemnización– de soportar los daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una sentencia que haga lugar a su pretensión. Ello constituye un principio general del derecho cuyo fundamento reposa en la justicia legal o general, que es la especie de la justicia que establece deberes de las partes con el todo social (conf. Cassagne, J.C., "El carácter excepcional de la responsabilidad del Estado por daños causados por error judicial: sus límites", L.L. 2002-A, 484).
Éste es también el temperamento adoptado por la ley 26.944, la cual –aunque no resulta de aplicación al caso en virtud del principio general de aplicación de la ley reseñado en el considerando 7 del presente voto– no hace sino recoger los principios delineados por el más alto Tribunal del país, al disponer que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización (artículo 5º). De manera tal que la norma, al excluir de la indemnización los daños causados a raíz de una actividad judicial legítima, determina –a contrario sensu– la posibilidad de reclamar la reparación de los daños derivados de la actividad judicial ilegítima, ya sea por error judicial o por una prestación anormal o deficiente del servicio de justicia. De este modo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actividad lícita debe restringirse al ámbito de su actuación administrativa y legislativa, sin que pueda dicho reconocimiento extenderse a la actividad judicial, pues en este último caso es necesaria la configuración de lo que se ha dado en llamar error judicial, que torna ilegítima toda actuación del Estado que vulnere derechos fundamentales (conf. esta Cámara, Sala 3, causa 15899/96 del 18-12-19).
 El error judicial, pues, es entendido como todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar. Se trata así de un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción. Es que si bien es cierto que el principio general es que la responsabilidad del Estado por los daños causados por la actividad judicial reviste carácter excepcional, también lo es que el error que torna ilegítima una actuación del Estado a raíz de la cual se conculcan derechos fundamentales de las personas debe tener como contrapartida una compensación justa para el particular damnificado (conf. esta Cámara, Sala 3, causa 15899/96 del 18-12-19).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se viene pronunciando ya desde hace varios años en distintos fallos sobre la responsabilidad del Estado por el irregular o anormal funcionamiento de la administración de justicia y la originada en errores judiciales. Ello, en el entendimiento de que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución. Todo lo cual se funda en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil y pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (conf. CSJN, Fallos: 307:821; 308:2494; 312:316; 322:2683; 329:1881; 332:2159, entre muchos otros).
Resumiendo lo atinente a la responsabilidad por la actuación de los jueces, según la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de este reproche supone cumplir diversos requisitos, a saber: a) que se trate de un daño a un interés particular y que exista relación de causalidad adecuada entre tal daño y el error judicial; b) que este error sea “palmario” e “inexcusable” (conf. CSJN, voto de los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi en Fallos 318: 1990); c) que el desacierto provenga de una resolución judicial declarada ilegítima y dejada sin efecto, por cuanto, caso contrario, el carácter de verdad legal que tiene el fallo pasado en autoridad de cosa juzgada impide indagar su desacierto (conf. CSJN, doctrina de Fallos 325: 1855; Fallos 328: 3797); d) que no existan motivos excepcionales que permitan dejar sin efecto el requisito anterior como, por ejemplo, cuando el acto jurisdiccional es manifiestamente infundado desde el punto de vista jurídico a la luz de las constancias del expediente (conf. esta Sala, causa 4307/08 del 18-9-18).
Basta que uno solo de estos requisitos no se presente en el caso para que el reclamo deba ser desestimado (conf. voto del Dr. Antelo en la causa 13087/03, Sala 3, “Abate Bernardo c/Estado Nacional-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos s/ Daños y Perjuicios”, del 2-2-12).
También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, concordantemente con los lineamientos supra expuestos, la mera absolución del procesado que fue detenido no acarrea la responsabilidad del órgano judicial en los términos señalados; tampoco la anulación o revocación del auto de prisión preventiva si tales medidas fueron adoptadas por el juez sobre la base de elementos objetivos que indicaban la existencia de un delito y la probabilidad cierta de que el imputado fuera su autor (conf. CSJN, Fallos 29: 3806, 332:552, 328:4175 y 333:2353)
9. En ese marco, adelanto que las quejas del actor no han de prosperar, de conformidad con el análisis que desarrollaré a continuación –en un todo coincidente con el efectuado, con buen tino, por la magistrada de grado–.
En primer término, destaco que el primero de los agravios del actor –identificado como a)– trasunta una mera manifestación de discrepancias con lo resuelto en el fallo de grado expresada en términos genéricos y dogmáticos, que difícilmente pueden ser consideradas una crítica concreta y razonada de los aspectos de la sentencia en los términos delineados por el artículo 265 del Código Procesal. No obstante ello, y en virtud del criterio amplio que tiene la Sala al respecto, prescindiré de tales deficiencias y trataré –en cuanto sea pertinente– la queja en cuestión, a fin de dar una adecuada respuesta al memorial de la recurrente.
Allí, el apelante se limita a esbozar la supuesta arbitrariedad de la sentencia por una presunta carencia de fundamentación y ajenidad a las constancias de la causa –criterio que no comparto–, haciendo hincapié en la desproporción que aduce entre la extensión de los considerandos destinados al desarrollo de la doctrina del error judicial (propia, aduce, de un “meticuloso glosador”, pero ajena al análisis de la causa en base a las reglas de la sana crítica), en contraste con las breves referencias que hizo la jueza en lo tocante a las causas penales que involucran al Sr. Rodríguez.
No es ocioso recordar que para poder calificar de arbitraria una sentencia –como lo hace la parte actora– se debe denunciar y acreditar inequívocamente que ella se aparta de la solución normativa prevista para el caso, o que exhibe una decisiva carencia de fundamentación, o resulta violatoria de la garantía del debido proceso, o constituye la exteriorización de la mera voluntad del sentenciante (conf. CSJN, Fallos 296:120, 456; 303:617; 818; entre otros). Nada de esto ha concretado la recurrente en su expresión de agravios.
Lejos de ello, al ceñirse la cuestión de esta litis –como dije anteriormente– a la dilucidación de si hubo o no error judicial en las causas que involucran al Sr. Rodríguez, la reseña de doctrina y jurisprudencia efectuada por la a quo en sus considerandos dista de ser sesgada o ajena a la causa, como sugiere el apelante; antes bien los fragmentos de los precedentes allí citados, de indudable aplicación al supuesto que aquí se ventila, contribuyen a encuadrar prolijamente el objeto del proceso en el marco doctrinario elaborado jurisprudencialmente a lo largo de los años. Por eso, aunque dichas fuentes carezcan de obligatoriedad para los jueces, como expresa la recurrente, revisten indiscutible relevancia a la hora de abordar una figura como la del error judicial, puesto que el desarrollo de la doctrina emanada de diversos fallos vinculados al tema que aquí nos convoca resulta indispensable para trazar los lineamientos interpretativos en base a los cuales se ha de llevar a cabo el análisis de una figura tan excepcional y restrictiva – con fuerte contenido pretoriano– y de la normativa de la que emana el instituto, a la vez que apuntala la fundamentación en que la magistrada sustentó su postura.
No parece adecuado disociar –como lo hace el recurrente– la ordenada y racional invocación de los precedentes que desplegó la a quo en el considerando IV de la sentencia recurrida de las referencias concretas a la causa efectuadas a posteriori –englobadas en el considerando V–, puesto que todas ellas componen los considerandos del fallo, y constituyen la unidad lógico-jurídica en que se funda la parte dispositiva del mismo. Es que no existe un corte en el razonamiento, sino un orden metodológico que –ajustado a derecho, y en base a pautas de razonabilidad y a las reglas de la sana crítica– discurre a través de las cuestiones planteadas y consideradas relevantes para la resolución del caso, y conduce finalmente a una solución que constituye una derivación lógica de dicho análisis. En ese camino, tampoco existen fórmulas matemáticas ni pautas rígidas a las que atenerse en cuanto a la extensión de una u otra “parte” de las consideraciones –que no son más que etapas de un mismo razonamiento–, ni es exigible proporcionalidad alguna entre ellas, sino tan solo en lo que hace a una decisión debidamente fundada en base a las constancias de la causa y el marco jurídico vigente, lo cual se encuentra sobradamente satisfecho en el fallo de grado.
En efecto, y contrariamente a lo pretendido por el apelante, las consideraciones efectuadas por la jueza en lo tocante a los hechos y pruebas de estas actuaciones (ver considerando V), resultan completas y acordes a la dilucidación del objeto del proceso, a la luz de la doctrina reseñada previamente en su sentencia –coincidente, substancialmente, con la aquí desarrollada–, puesto que allí se han destacado las cuestiones conducentes y relevantes para la resolución del caso en base a la prueba rendida en el expediente y teniendo en cuenta la forma en que quedó trabada la litis.
Precisamente esas cuestiones, que ponderaré a continuación, son las que componen –en lo fundamental– el reproche del actor individualizado como b).
De la prueba que obra reservada en la caja azul que tengo a la vista, se desprende que:
*En la “causa AMIA” (n° 1156):
I) el 4 de diciembre de 1995 el juez Galeano tomó declaración indagatoria al Sr. Luis Gilberto Rodríguez. En dicho acto se le informaron al actor los hechos que se le imputaban: “formar parte de una organización destinada a la realización de hechos delictivos, así como también se le imputa haber brindado colaboración en el atentado acaecido en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el día 18 de julio de 1994, ubicada en la calle Pasteur 633 de esta ciudad, el que provocó mediante la utilización de elementos explosivos numerosas muertes, lesiones, daños a la propiedad tanto del lugar señalado como de sus alrededores. Asimismo se le imputa la tenencia ilegal de municiones de guerra, las cuales eran obtenidas ilegalmente de las unidades militares del Ejército Argentino. Así también se le hace saber que será interrogado respecto de la comercialización que se hiciera con su participación junto con el resto de los integrantes de la asociación ilícita de la cual se le imputa formar parte de las armas en cuestión, y acerca de su vinculación con (...) [una serie de personas que allí se mencionan]. Asimismo se le hace saber detalladamente las pruebas existentes en su contra que en este acto se le ponen en su conocimiento. En esta oportunidad se procede a exhibirle al declarante el acta de secuestro labrada con fecha 1° de diciembre del año en curso”;
II) el día 20 de diciembre de 1995 el Sr. Rodríguez amplió su declaración indagatoria;
III) el 22 de diciembre de 1995 el juez Juan José Galeano se expidió respecto de la situación de varios imputados en las causas de referencia. En lo que respecta al aquí actor, dispuso su procesamiento “en orden al delito de asociación ilícita, previsto y reprimido en el artículo 210 del Código Penal” (ver punto II de la parte resolutiva) y también “en orden al delito de acopio de municiones correspondientes a armas de guerra, –previsto y reprimido en el artículo 189 bis párrafo quinto del Código Penal–, el que concurre en forma real con el delito en orden al cual se dispusiera su procesamiento en el punto II del presente interlocutorio –art. 55 del C.P.–” (ver acápite VIII). Asimismo, ordenó la traba de embargo sobre los bienes del Sr. Rodríguez por la suma de $900.000 (ver apartado XIII.g), y mandó “disponer la inmediata libertad de LUIS GILBERTO RODRIGUEZ (...) por no darse los recaudos establecidos en el art. 312 del Código Procesal Penal” (ver punto XIV). Finalmente, el magistrado indicó que “En atención a que los elementos colectados, hasta el presente, no resultan suficientes como para decretar auto de procesamiento, como así tampoco de sobreseimiento, y encontrándose en curso aún la investigación respecto del hecho central materia de pesquisa, y a la participación que podrían haber tenido en el mismo las personas mencionadas en el exordio, corresponde DICTAR LA FALTA DE MERITO respecto de (...) LUIS GILBERTO RODRIGUEZ (...)” (ver apartado XVI).
Para así resolver, el magistrado ponderó que los sujetos involucrados en la denominada “venta controlada” de armamento del día 4/11/1995 “se hallaban a bordo de un automotor Volkswagen Gacel de color verde dominio C– 1.258.–645, respecto del cual posteriormente se determinó que su actual propietario es LUIS GILBERTO RODRIGUEZ (conforme constancias de lo actuado con fecha 8 de noviembre pasado” (ver considerando 3.1.5).
También indicó que “Del allanamiento llevado a cabo en el domicilio de la calle Belaustegui y Vucetich de Moreno, perteneciente a LUIS GILBERTO RODRIGUEZ, se logró el secuestro de un folleto de remís Alvarellos, 10 cartuchos 11,70, un cartucho 16, dos municiones cal. 12,7 antiaéreo de 20 mm, 94 proyectiles 7,62, un cargador FAL, un peine con 10 proyectiles 323, once proyectiles 11,25, 67 proyectiles 9 mm, 27 cápsulas 9 mm, 3 cápsulas 32 largo, libro público Minas y trampas explosivas, prendas de uniforme de ejército, 2 cargadores cal. 323, 3 peines con un total de 22 proyectiles 7,62, cajas con 60 municiones 323, una culata de arma larga con numeración 3406800” (ver considerando 5.IV).
Luego hizo mérito de la declaración del Sr. Rodríguez, señalando que “al ser indagado refirió revestir el cargo de Sargento Primero en el Batallón 601 de Ingenieros, desde el mes de diciembre de 1990, prestando servicios en el Ejército desde el 23 de junio de 1977. Indicó haber participado del movimiento acaecido el 3 de diciembre de 1989, bajo las órdenes del Coronel Seineldín. Precisó, que los depósitos de armas del Batallón en donde presta servicios se encuentran a cargo del Sargento 1ro. Villalba y del Sargento 1ro. Lovera. En relación a los elementos secuestrados en su domicilio, indicó que las municiones son “souvenirs”, siendo común que un militar posea municiones servidas y sin carga en su vivienda, siendo regalos que le fueron dados, no pudiendo precisar las personas que le obsequiaron los mismos. Por otra parte, manifestó, trabajar por la noche en la agencia de remises “Albarellos”, con un vehículo marca Volkswagen Gacel, indicando haber trasladado en su vehículo a LOVERA en tres ocasiones. La primera, a la localidad de San Martín, no recordando fecha ni destino, portando este último un bolso pequeño, desconociendo su contenido. El segundo viaje, lo efectuó el 18 de noviembre pasado, desde el Batallón hacia la casa del mencionado LOVERA en Moreno, donde éste retiró un bolso de mano, para luego desplazarse a la localidad de Merlo, donde se contactó con una persona, ingresando a una casa. Luego, ambos salieron de la finca con dos bolsos más –cree por un taller de chapa y pintura–, dirigiéndose a Paso del Rey, en donde este último ingresa a una santería, entrevistándose con otro individuo. Posteriormente, LOVERA desciende del vehículo, ingresando al mencionado comercio, con los tres bolsos aludidos, como también quien lo acompañaba. Luego, egresa del lugar este último, quedándose con el deponente a jugar al metegol en un local vecino alrededor de 45 minutos. Agregó que durante el viaje LOVERA refirió que trabajaba con un coleccionista de armas, a quien le reparaba y mantenía el armamento, indicando que el contenido de bolsos eran repuestos para reparar las armas. Luego de salir éste de la santería, se dirigieron nuevamente a Merlo al domicilio del acompañante de LOVERA, ingresando al mismo, comentando ambos durante el viaje los motivos por los cuales llevaron a la santería un arma incompleta, refiriendo aquel que no había llegado el dinero. Al salir se dirigieron a comer un asado a un taller mecánico de un amigo del dicente, dejando a LOVERA en su casa de Merlo, habiéndosele abonado el viaje la suma de 70$. Respecto del tercer viaje precisó que se dirigieron desde el Batallón hacia el domicilio de LOVERA, con motivo de que su esposa estaba por dar a luz, perdiendo contacto con aquel luego de ello. Agrego desconocer toda circunstancia de la actividad ilícita que pueda haber desplegado LOVERA con terceros, negando toda participación. Por último manifestó que en ninguno de los casos es examinado su vehículo al ingresar o salir del regimiento, no efectuándole jamás tal control” (ver considerando 6).
En ese mismo considerando hizo mérito del contenido de su ampliación de declaración indagatoria, donde “manifestó ser ajeno a los hechos que se le imputan. Reconoció, asimismo, el automotor Gacel de color verde ilustrado en las fotografías exhibidas, como el que resulta de su propiedad, como así también al sujeto indicado con un recuadro en las vistas fotográficas como el que acompañara a Lovera, en la oportunidad que ya mencionara. Indicó, por otra parte que LOVERA se encontró al salir momentáneamente de la santería con un sujeto semi-rubio, quien podría tratarse de aquel que luce fotografiado a fs. 230 –JUAN CARLOS COPPE–. Por último agregó, no poder precisar –por no recordarlo–, si el día en cuestión, efectuaron vueltas por la zona cercana a la santería, antes de estacionar el rodado”.
Seguidamente juzgó respecto de la situación del aquí accionante que “A esta altura de la pesquisa, y con el grado de certeza que para este estadio se requiere, entiendo que RODRIGUEZ también resulta miembro integrante de la asociación en estudio, sin perjuicio de no contarse por el momento con llamados telefónicos que permitan introducirlo en el cuadro que se confeccionara. En este orden de ideas, entiendo que la función asignada dentro del esquema societario, era el traslado del armamento, resultando perfecta cobertura para ello la actividad de remisero por él desplegada en sus tiempos libres. Eventualmente, también podría ejercer actividades de vigilancia a bordo del rodado a él asignado –Volkswagen Gacel color verde–. Tales son las funciones del imputado RODRIGUEZ, que las mismas se constataron el día en que hubo de celebrarse la llamada venta “controlada”, en (...) el automotor citado, frente al lugar de reunión trasladando a LOVERA y VILLARINO, sujetos que llevaron las armas consigo el día de la entrega (...). Las explicaciones que brinda el nombrado RODRIGUEZ, al prestar declaración indagatoria, resultan a esta altura inverosímiles frente a la contundencia del marco probatorio, máxime si se tiene en cuenta los movimientos realizados en el automóvil el día de la entrega, y la circunstancia que luego de ello concurrió junto a LOVERA a una comida de un amigo de aquél, para luego dejarlo en su domicilio. Funda agotadamente el temperamento a adoptarse respecto del encausado RODRIGUEZ –en punto a su efectiva participación dentro de la organización delictual– el resultado del allanamiento practicado en su domicilio, en el que se le secuestró gran cantidad de municiones y armamento. Este último extremo hace presumir con el grado de certeza que para esta etapa se requiere, que las mismas eran almacenadas para su comercialización, actividad a la que se dedicaba la agrupación cuya pertenencia se le reprocha. Desde esta perspectiva, las explicaciones que brindara el imputado, resultan por demás pueriles, asignándole a las municiones incautadas el carácter de “souvenirs”, no encontrándose otra razón de ser de la presencia de dichos elementos en su domicilio, que la antes explicada” (ver considerando 7.a).
Finalmente, en el apartado referido al acopio de armas, destacó que “a (...) LUIS GILBERTO RODRIGUEZ (...) se les reprocha la conducta descripta ya que en sus domicilios hubo de secuestrarse gran cantidad de armamento. Contundente resulta, a los fines de tener por acreditado el injusto de mención, la incautación lograda en los domicilios de los nombrados (...) RODRIGUEZ (gran cantidad de municiones de guerra) (...) –ver en ese sentido, el detalle efectuado al describirse el resultado de los allanamientos–. De este modo, y dados los elementos secuestrados, puede (...) tenerse a los imputados mencionados como responsables del delito en análisis” (ver considerando 7.b);
IV) los procesamientos de Rodríguez antes detallados fueron confirmados por la Alzada mediante sentencia del 2 de mayo de 1996 (ver apartados V y IX de la parte dispositiva), sin perjuicio de la modificación que allí se determinó en torno a la reducción del monto de embargo al actor, el cual se fijó en $500.000 (ver acápite XIII de la parte resolutiva del fallo). El Tribunal indicó allí –respecto de los imputados en general– que “La existencia de la organización delictiva ha quedado debidamente acreditada en autos a la luz de la sana crítica tal como lo señala el a quo en los considerandos de la resolución apelada. En tal sentido, la participación de los imputados satisface los requisitos referidos al número, organización voluntad y permanencia exigidos por la asociación ilícita” (ver considerando IV). Y, en lo tocante al reclamante de autos en particular, apuntó que “confirmará la calificación de acopio de municiones correspondientes a armas de guerra atribuidas a Luis Gilberto RODRIGUEZ (...), por hallarse ajustada a derecho y a las constancias de la causa, teniendo en cuenta que la cantidad de armamento controvierte y excede el ámbito de sus funciones” (ver considerando V.E);
V) el 20 de junio de 2002, el juez Galeano resolvió el sobreseimiento del Sr. Luis Gilberto Rodríguez –entre otros– “en orden a los hechos por los que fueran indagados por su participación en el atentado a la sede de la A.M.I.A., con la expresa mención que la formación del presente en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.
En el considerando d) el magistrado recordó que “En lo que respecta a las pruebas reunidas sobre la tenencia de armas y explosivos para su posterior venta, fue valorada tanto al dictar auto de procesamiento, como en la posterior elevación a juicio oral, mientras que en relación a las imputaciones por la posible participación y/o colaboración para la perpetración del atentado, se señaló la imposibilidad de responsabilizarlos en el mismo a los indagados en el Legado “Armas I”, dictándose el 22 de diciembre de 1995 el correspondiente auto de falta de mérito respecto de (...) RODRIGUEZ (...)” y señaló que “(...) con el avance de la investigación no han surgido nuevos elementos que permitan agravarles su situación al respecto”.
En las conclusiones (ver considerando e) del fallo) el Dr. Galeano destacó que “si bien con la investigación llevada a cabo se ha podido desenmascarar las actividades del grupo de militares y civiles dedicados a la venta de armamento, que presuntamente sustraían de unidades militares, no se han encontrado elementos de convicción suficientes como para someter a alguna de esas personas a proceso por la participación que se les adjudica en el atentado”. A continuación, el magistrado consideró que “respecto de los hechos por los que (...) dictó autos de procesamiento y posterior elevación a debate, el 11 de octubre de 2001, (...) Luis Gilberto RODRIGUEZ [y otros] fueron absueltos [por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4] en orden al delito de asociación ilícita (art. 210, inc. 1° del Código Penal) y (...) también por el delito previsto en el art. 189 bis, párrafos 4° y 5° del C.P.”
Añadió que “En diversas oportunidades el Juzgado ha puesto de resalto la cantidad de hipótesis de trabajo que se presentaron y que luego de diversos esfuerzos sólo se ha establecido que respondían a otras motivaciones, distintas que el esclarecimiento del hecho que motiva la investigación”, y concluyó en definitiva que “teniendo en cuenta lo expuesto en relación a quienes trajeran la información primaria, el análisis realizado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (...), los informes de la Secretaría de Inteligencia de Estado obrantes en el Legajo n° 304 y los descargos de los imputados, todo lo cual genera un cuadro probatorio del que no resulta posible atribuir algún tipo de responsabilidad en el atentado terrorista que aquí se investiga por inexistencia de elementos de juicio contundentes respecto de la participación de los ya nombrados en la comisión del hecho ocurrido el 18 de julio de 1994”. En consecuencia, dictó el sobreseimiento de los imputados, teniendo en cuenta “el tiempo transcurrido desde la recepción de las declaraciones indagatorias como también del dictado de falta de mérito, entendiendo que prolongar el estado de incertidumbre que generan tales decisiones atentaría contra las garantías constitucionales estipuladas en el art. 19 de la Carta Magna”;
VI) el 11 de julio de 2003 el Tribunal de Alzada evaluó que “los sobreseimientos dictados (...) resultan de momento prematuros. La complejidad de los hechos objeto de investigación en la presente causa, en razón del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la A.M.I.A., ha llevado a la conformación de distintas hipótesis para desentrañar la existencia de los nexos que podrían haber provisto el material explosivo que se utilizó para producir el luctuoso acontecimiento. En el caso que se examina se inició la pesquisa a raíz de determinada información que se suministró de manera reservada a las autoridades de la Brigada de Investigaciones XVII de General Sarmiento de la Policía Bonaerense, oportunidad en la que, se puso en conocimiento que ciertas personas que se congregaban en una santería, ubicada en la calle Asconape 122 de la localidad de Paso del Rey, con la intención de adquirir clandestinamente armamento, explosivos, y municiones, que eran proporcionados por un grupo de individuos dedicados a dicha actividad ilícita, habrían estado involucrados con el atentado ocurrido en la mutual israelita. Cabe poner de manifiesto, que el señor Juez de grado ha efectuado un minucioso relato de los hechos de la imputación que por su claridad, precisión y prolijo detalle, eximen al Tribunal de efectuar su reproducción en este decisorio (...). Sin embargo, las conclusiones a las que arriba el instructor en la resolución recurrida resultan prematuras, pues, más allá del acierto que pudiera asignársele a alguna de ellas, lo cierto es que, aún no se cuenta con suficientes elementos que permitan adoptar el temperamento definitivo que se cuestiona (...)” (ver acápite I).
En el mismo apartado, agregó el Tribunal que “Por tanto, el “a quo” deberá muñirse de todos aquellos elementos que permitan evaluar de manera global los elementos habidos con los que pudieran incorporarse al presente, y dentro de ese marco estimar el comportamiento desarrollado por cada uno de los encausados, dado que, frente a la diversidad de hipótesis generadas durante la investigación de los hechos, como así también, frente a la atomización de pruebas, y ante la cantidad de personas sospechadas de haber participado en el atentado, no puede adoptarse un temperamento conclusivo sin haberse agotado todas y cada una de las instancias que permitirían determinar con el mayor grado de certeza posible la verdad de lo ocurrido. No escapa a esta Alzada, que frente al cuadro antes descripto, la apreciación de la responsabilidad de cada uno de los imputados se torna ciertamente dificultosa, no obstante ello, se impone, que, previo a la toma de decisiones definitivas, exista el mayor grado de profundidad y precisión en la tarea pesquisitiva, orientada a la discriminación de las conductas de los encausadas, resultando adecuadas, a criterio de este Tribunal, las medidas sugeridas en los memoriales agregados a fs. 98/106 de este incidente, sin perjuicio de cualquier otra diligencia conducente para la averiguación de la que pueda ser considerada por el señor Juez actuante”.
En mérito de ello, el Tribunal resolvió revocar el fallo del juez Galeano, en cuanto decretó el sobreseimiento del Sr. Rodríguez –entre otros– en orden a los hechos por los que fueron indagados, y estar a la falta de mérito decretada en autos con relación a los allí nombrados (ver parte dispositiva del fallo), “situación que se mantiene en la actualidad” según informó el 19/10/2010 el entonces titular de la Unidad Fiscal para la Investigación del atentado contra la sede de la A.M.I.A., Alberto Nisman (ver fs. 236) –informe este que no fue impugnado por las partes–; y, finalmente,
*En la causa “Armas” (n° 270):
VII) el actor fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, por sentencia dictada el 11 de octubre de 2001, “en orden al delito de asociación ilícita (art. 210, inc. 1° del Código Penal), que le fuera imputado en el requerimiento de elevación a juicio y, por el que expresamente el Sr. Fiscal de Juicio efectuó ese pedido liberatorio” y “en orden al delito de tenencia de municiones y explosivos (art. 189 bis, párrafo 3° del Código Penal), por el que fuera acusado por el Sr. Fiscal de Juicio” (ver parte dispositiva, puntos 27 y 28, respectivamente).
La fiscal María Isabel Fernández Orje señaló respecto de Rodríguez “que lo único que lo podía unir con el grupo, era haber llevado a Lovera y a Villarino el día en que se efectuó la entrega controlada, por lo que no podía atribuírsele el delito de asociación ilícita, pero sí el de tenencia de municiones de guerra”, por lo que solicitó se lo condene “a la pena de tres años de prisión y costas procesales en orden al delito previsto en el art. 189 bis tercer párrafo del Código Penal, y [se decrete] (...) la absolución en orden al delito de asociación ilícita” (ver resultando III).
Por su parte, el Sr. Defensor Oficial Dr. Eduardo Dromi, en representación del procesado Rodríguez “adhirió a las nulidades planteadas por el Dr. García respecto a todo lo actuado a partir de fs. 1, por la ausencia de requerimiento fiscal de instrucción, por la designación del testigo encubierto y por el allanamiento de Campo de Mayo. Asimismo, requirió la nulidad del allanamiento producido en el domicilio de Rodríguez ya que el fundamento objetivo de dicha orden fue nulo, toda vez que allí se señalaba que era “para dar con una organización delictiva que se dedicaba a la comercialización de armas y explosivos”, que en esa fecha no constituía delito, destacando que dicho fundamento aludía a la causa AMIA, por lo que carecía de precisión y rigorismo formal” (ver resultando III), planteos todos que fueron desestimados (ver parte dispositiva, acápites 1, 2, 3, 4 y 10).
En oportunidad de formular su alegato, el Dr. Dromi manifestó “que las municiones y cargadores que fueron secuestrados a su defendido, no pueden ser imputados al mismo, ya que la mayoría de dichos elementos no fueron peritados, mientras que otros se mezclaron o desaparecieron” (ver punto 2).
En cuanto a la imputación de asociación ilícita, el Tribunal destacó que “El delito previsto en art. 210 del CP. les ha sido imputado a los encartados Pérez, Villarino, Britez, Salamone, Rodríguez, Mansilla, Pacífico, Lovera y Coppe, por los Sres. Fiscales que suscribieron la requisitoria de elevación a juicio. Con respecto a esta imputación, los Sres. Representantes del Ministerio Público intervinientes en la instancia del debate efectuaron idéntica acusación sólo con relación a Coppe, Villarino, Lovera, Pérez, Pelle y Salamone, debiéndonos circunscribir entonces –en este punto– a analizar la conducta de los nombrados en relación a este hecho”. Y, en definitiva, juzgó que “no se encuentra acreditada en autos la existencia de asociación ilícita alguna, por los argumentos lógicos, normativos y fácticos desarrollados. No obran pruebas –más allá de indicios insuficientes y carentes de apoyatura en otros elementos de la causa– de la existencia de tal acuerdo de voluntades para cometer delitos. Los elementos constitutivos de la figura, tal como fueran expuestos en los primeros apartados del presente análisis, no se han verificado para dar por conformada la existencia de esta particular comunidad delictiva. La realidad fáctico-jurídica acreditada es la tenencia ilegal e individual, por parte de algunos encartados de armas y explosivos, por los que serán condenados” (ver punto 1).
En lo que respecta a Rodríguez y su imputación de infracción al artículo 189 bis del Código Penal, el Tribunal evaluó que “en cuanto a Luis Gilberto Rodríguez, [el Ministerio Público Fiscal] lo consideró responsable de violar el art. 189 bis, párrafo tercero, del Código Penal, solicitando una pena de tres años de prisión”, y destacó que el actor expresó que “reconocía todos los elementos secuestrados como de su propiedad. Que las municiones eran “souvenirs”, agregando que para un militar es común poseer municiones servidas y sin carga en su domicilio, así como también –a veces– algunas con carga, reiterando que son regalos que le han hecho, no recordando quién”. Luego indicó que “habiéndosele secuestrado municiones calibre 9mm. (...) también a (...) Rodríguez (...) [entre otros] y, teniendo en cuenta que también se les incautó municiones calibre 11,25 a Rodríguez (...) [y otro] –además de las secuestradas en poder de Pelle–, no surge de las pericias detalladas si las municiones en particular, que fueron achacadas a este último, resultaban idóneas y esto –en definitiva– resulta asimilable a una falta de pericia”. Finalmente, apuntó que “En relación al material secuestrado en poder de Rodríguez, y que fuera objeto de acusación por parte del Ministerio Público, debemos señalar, en relación al proyectil antiaéreo (20 mm) que, según surge de la pericia realizada por el Laboratorio Balístico Policial de la Provincia de Buenos Aires, (...) “...Este tipo de munición es utilizada en cañones calibre 20 mm. L70 ILAS OERLIKON, según catálogo de Fabricaciones Militares, posee una vaina de latón militar 70/30 (70% de cobre y 30% de zinc) con una long. de 110 mm. El mencionado cartucho posee un proyectil que por las características vistas se infiere que se trataría (por el color de la punta: negro) del tipo perforante”. Señalando, posteriormente, que dicho proyectil no pudo ser utilizado “por no contar con armas para tal fin dentro de las remitidas o bien por hallarse alguna de ellas no aptas para el disparo”. Todo lo expresado hace concluir que tampoco en este supuesto se ha establecido con certeza la idoneidad y la capacidad para el accionamiento regular del proyectil analizado en el presente caso. Finalmente y, en relación con el cargador FAL sin número que fuera incautado en el domicilio del nombrado Rodríguez, entienden los suscriptos que dicha tenencia no constituye una amenaza, ni logra crear una situación en la cual se haya puesto en peligro o vulnerado el bien jurídico tutelado en el Capítulo I, Título VII del Código Penal, cual es la seguridad pública, siendo este último un extremo fáctico imprescindible para determinar la tipicidad de una conducta, todo lo cual nos hace arribar a una (...) conclusión absolutoria respecto de Rodríguez, por atipicidad de su conducta, en relación exclusiva con la tenencia del cargador FAL”. Por ello, concluyó que “(...) no se ha comprobado en autos que el bien jurídico seguridad pública o común se haya visto sometido a algún riesgo por la actividad del imputado”, y concluyó que “no se ha probado con pleno grado de certeza que las conductas de (...) Rodríguez [y otros] reúnan los requisitos objetivos del tipo penal contemplado en el art. 189 bis -3° párrafo- del C.P., lo que obliga a su absolución por estricta aplicación del beneficio de duda introducido en el art. 3° del C.P.P., al no haberse podido constatar la aptitud para reaccionar regularmente (...) del proyectil antiaéreo obtenido en el domicilio de Rodríguez” (ver punto 2).
De todo lo reseñado precedentemente, donde destaqué lo central de la prueba producida en autos (referente en lo fundamental a las actuaciones más relevantes de las respectivas causas penales en las cuales el actor se vio involucrado), y a la luz de los precedentes citados en el considerando 8 del presente voto –que suscribo y habré de aplicar, en tanto constituyen un resumen del desarrollo jurisprudencial indispensable para desentrañar, el marco, los alcances y la concreta aplicación de la particular figura de “error judicial” objeto de esta contienda, derivada de la responsabilidad prevista en el artículo 1112 del Código Civil de Vélez Sarsfield en que se funda el reclamo– concluyo, como anticipara, que no advierto la existencia en el caso de un error judicial que permita hacer lugar a la demanda incoada.
Fundamentalmente, debo señalar que –según el resumen de la doctrina de la Corte Suprema en la materia que reseñé ut supra– no observo que exista un error palmario e inexcusable en el trámite de las actuaciones que involucraron al Sr. Rodríguez (requisito que numeré como “b”), lo cual bastaría para descartar el error judicial alegado puesto que, como expresé más arriba, es suficiente la ausencia de uno solo de los requisitos allí resumidos para desestimar un reclamo de este tipo. 
De todas formas, tampoco se ha demostrado la existencia de un desacierto que provenga de una resolución declarada ilegítima y dejada sin efecto (requisito “c”). Nótese, en ese sentido, que ni siquiera se ha alegado que el aquí accionante hubiese denunciado en el fuero pertinente la actuación del juez u otras irregularidades en la tramitación de la causa en lo que a sí respecta, cuyas resoluciones se encuentran firmes, por lo que carece de recurso para indagar en una cuestión que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. En este orden de ideas, pondero especialmente que la sentencia absolutoria fue fundada en el beneficio de la duda, tras transitar los recursos y las instancias regulares previstas en el procedimiento. Destaco también que los fallos de Alzada no han acogido los planteos de nulidad interpuestos, ni hicieron mérito de violaciones a las garantías constitucionales del Sr. Rodríguez en lo que atañe a sus derechos al debido proceso, defensa en juicio, doble instancia ni de cualquier otra irregularidad dolosa o patente en el curso de la investigación que condujo a la imputación y procesamientos primigenios del accionante.
Tampoco advierto que concurran razones que ameriten prescindir del requisito “c” antes aludido, pues no se observa que el acto jurisdiccional que dio lugar a los procesamientos y las ulteriores absoluciones y declaración de falta de mérito del Sr. Rodríguez constituyan decisiones manifiestamente infundadas desde el punto de vista jurídico a la luz de las constancias de las respectivas causas. Ello así, puesto que –siempre según la doctrina reseñada en el considerando 8 de este voto– la mera absolución por insuficiencia o deficiencia de las pruebas inicialmente consideradas para el procesamiento del actor como consecuencia del ulterior desarrollo de la investigación (cuestión de hecho y prueba ajena a la incumbencia de este Tribunal) no importa sin más el deber de resarcir del Estado por el obrar regular del órgano jurisdiccional en este caso concreto.
Por lo tanto, considero que la decisión del juez que se critica, en lo tocante específicamente al Sr. Rodríguez, amén de lo que pudiere contener perteneciente al ámbito de lo opinable (lo cual también excede la órbita de análisis que me compete), aparece fundada en hechos objetivos; no trasunta falta de razonabilidad ni de fundamentación grave o palmaria; no exhibe los caracteres de antijuridicidad o arbitrariedad que permitan descalificarla por esta vía; como tampoco denota una violación grave y dolosa o inexcusablemente negligente del juez por acción u omisión; ni un accionar que pueda definirse sin hesitación como contra legem que se evidencie de manera patente de la prueba rendida.
En ese contexto, el análisis del requisito restante (“a”), en cuanto a la exigencia de acreditar un daño a un interés particular y su nexo causal con el error judicial deviene abstracto, al no haberse demostrado el error judicial que constituiría el origen del daño invocado, respecto de cuya prueba, existencia, entidad y aptitud de ser resarcido deviene inoficioso expedirme en este contexto.
Por último, debo referirme a los pronunciamientos que el apelante considera omitidos por el magistrado en parte del agravio individualizado como b) y en el c).
Al respecto, destaco que las causas “Galeano, Juan José y Otros s/ Inf. Arts. 261, 269, 144 bis, 149 bis y 293 del CP” –expediente n° 1906 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal– y “Galeano, Juan José s/ Pedido de Enjuiciamiento” –expediente n° 14 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados– a las que alude no han sido ofrecidas como prueba por el actor (incumpliendo la carga impuesta por el Código Procesal en sus artículos 333 y concordantes), ni en su demanda, ni en la oportunidad procesal pertinente (repárese en que no se invocaron las resoluciones en cuestión a lo largo de la extensa etapa probatoria, y el Sr. Rodríguez no hizo uso de su derecho de alegar), por lo que mal pudieron ser omitidas por el juez pruebas que no fueron ofrecidas ni producidas en su instancia, ni sometidas a su conocimiento. De ello se desprende, también, que tales cuestiones exorbitan el ámbito jurisdiccional conferido a esta Alzada, puesto que no fueron propuestas a la jueza de grado (conf. arg. art. 277 CPCCN).
Pero, principalmente, es de destacar que tanto las aludidas actuaciones como la restante prueba que fue propuesta ante esta Alzada en calidad de “hechos nuevos”, fueron oportunamente desestimadas in limine por esta Sala por extemporáneas, puesto que desde la fecha en que se notificó la providencia dictada a fs. 321 -29/4/2021- hasta el día en que se introdujo el planteo del actor de fs. 331 -10/5/2021- había transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 260, primer párrafo, del Código Procesal, lo que ya he destacado ut supra. Esta circunstancia, por sí sola, basta para descartar el contenido de los hechos nuevos rechazados introducido en los agravios expresados contra el fallo de grado.
Resta agregar, a mayor abundamiento, que el propio recurrente reconoce en su memorial que los antecedentes invocados como hecho nuevo “no versaron directamente sobre la situación del suscripto en la causa investigada por [el juez Galeano]”, por lo que no constituyen óbice al criterio que sostuve con relación a la inexistencia de error judicial en los procesos que involucraron al Sr. Rodríguez –que es lo que aquí nos convoca concretamente–.
En suma, conforme las constancias de la causa y la doctrina precitada, no advierto que en el caso se encuentre configurado error judicial en lo tocante a los procesos penales a que estuvo sujeto el actor, y por lo tanto no se ha suscitado responsabilidad del Estado Nacional por falta de servicio del Poder Judicial de la Nación. Por ello, propongo al Acuerdo rechazar las quejas del Sr. Rodríguez, y confirmar la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravio por parte del mencionado.
10. En cuanto a las costas del litigio, el tema es absolutamente complejo. El demandante pudo razonablemente creer que le asistían razones para reclamar como lo hizo, y esta particularidad justifica apartarse del principio general de la imposición de costas según la derrota objetiva (conf. esta Sala, causa 5446/05 del 10-2-11; causa 708/08 del 6-9-16, entre muchas otras), como lo hizo con buen criterio la jueza de primera instancia y, consecuentemente, distribuir las costas en el orden causado en ambas instancias (conf. artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación),.
Por lo antedicho, propiciaré la desestimación del agravio de la accionada, y la confirmación de la sentencia apelada también en este punto.
Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de desestimar las quejas de los apelantes y confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado, en atención al resultado de los recursos (arts. 68 y 71 del CPCCN).
Los doctores Nallar y Perozziello Vizier adhieren al voto que antecede.
En mérito a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal Resuelve: confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado.
Los honorarios de los profesionales por las labores desarrolladas en esta Alzada serán regulados –de corresponder– una vez fijados los correspondientes a la anterior instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Fernando A. Uriarte. — Florencia Nallar. — Juan P. Vizier.