Voces: ABSOLUCION ~ DAÑO PSIQUICO ~ ERROR JUDICIAL ~ FALTA DE SERVICIO ~ PRISION PREVENTIVA ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaIV)
Fecha: 19/06/2018
Partes: S., C. M. y otro c. EN - Mº Justicia - SPF - PJN - y otros s/ daños y perjuicios
Publicado en: LA LEY 22/08/2018, 7 - LA LEY2018-D, 395 - RCyS2018-X, 177
Cita: TR LALEY AR/JUR/24545/2018

Hechos: 
El juez hizo lugar a la demanda interpuesta contra el Estado con el objeto de obtener la reparación de daños y perjuicios derivados del error judicial que se produjo en la causa penal que concluyó con la nulidad de todo lo actuado y la absolución de la actora, y por los daños sufridos a partir de la revocación de su permiso para salir del establecimiento penitenciario, a fin de acompañar a su hijo que padecía una grave enfermedad y que concluyó con su muerte. El perdidoso interpuso recurso de apelación. La Cámara acogió el remedio intentado y solo responsabilizó al Estado por no haberle otorgado autorización para visitar a su hijo, mas no por la existencia de una sentencia absolutoria.

Sumarios: 
1 . El accionar del Estado para con la actora que estaba en prisión preventiva y solicitó visitar a su hijo con una dolencia terminal fue ilegítimo, dado que el juez actuante no se expidió sobre ello, aun cuando fue alertado del grave estado de salud del menor, y privó a la actora de ejercer el derecho de estar junto a su hijo en el momento de su muerte. 
2 . El daño psíquico padecido por la actora a raíz del actuar ilegítimo del Estado debe ser resarcido, pues se encuentra fehacientemente acreditado el impacto negativo que imprimió la muerte de su hijo en su aparato psíquico de la actora y, por ende, la existencia de secuelas permanentes. 

Texto Completo: 
2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 19 de 2018.
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el doctor Morán dijo:
1°) Que a fs. 411/420vta., la señora juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda interpuesta contra el Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación y Servicio Penitenciario Federal) con el objeto de obtener la reparación de daños y perjuicios derivados del error judicial que se produjo en la causa penal que concluyó con la nulidad de todo lo actuado y la absolución de la actora, y por los daños sufridos a partir de la revocación de su permiso para salir del establecimiento penitenciario, a fin de acompañar a su hijo que padecía una grave enfermedad y que concluyó con su muerte. En efecto, condenó al Estado Nacional a abonar la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000), más intereses calculados a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina y hasta su efectivo pago. Impuso las costas al demandado vencido.
Para así decidir, entendió que:
a) de las constancias del fallo del Tribunal Oral N° 3 en lo Penal Económico, surgía “sin lugar a dudas, la existencia —en el caso bajo análisis— de error judicial”, por lo que correspondía otorgar a la actora la indemnización solicitada por los daños sufridos como consecuencia de la actuación errada de la instancia superior.
b) de las distintas pruebas producidas, se había comprobado que la separación de la madre de su hijo enfermo terminal estaba expresamente desaconsejada, destacando que dos días antes del fallecimiento del hijo de la actora, el servicio médico manifestó que había “un riesgo elevado de vida y, se hace saber, que en este caso la presencia de su madre es imprescindible”, cuya sugerencia no había sido tenida en cuenta. Concluyó que, ante estas circunstancias, la potestad disciplinaria del Servicio Penitenciario no fue ejercida de modo razonable. En efecto, fijó la indemnización por el daño sufrido como consecuencia del error judicial y de daño moral en la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($240.000).
c) en cuanto al daño psicológico, la actora presentaba un “duelo patológico leve” por la situación que originaron las presentes actuaciones, suceso que “afectó la esfera volitiva e intelectual, acrecentando los sentimientos de soledad e inseguridad que se hallaban presentes en su personalidad de base”, fijando su resarcimiento en la suma de pesos diez mil ($10.000).
2°) Que, contra dicha sentencia, tanto el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal interpusieron recurso de apelación a fs. 421 y 439, que fueron concedidos libremente a fs. 422 y 440, respectivamente.
Puestos los autos en la oficina, el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó sus agravios a fs. 425/433vta., que no fueron contestados por su contraria (cfr. fs. 435). Por su parte, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal presentó su memorial a fs. 442/460, que fue replicado por su contraria a fs. 462 y 464/469.
3°) Que los codemandados (Estado Nacional-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal) —cuyos memoriales de agravios son coincidentes— se quejan de la responsabilidad atribuida por error judicial con base en lo dispuesto en el art. 5° de la Ley de Responsabilidad del Estado que dispone que “los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derechos a indemnización”. Destacan que el fallo citado por la a quo “Petrone” se diferencia de estos actuados, en tanto en aquel se había confirmado la existencia de irregularidades verificadas durante el juicio oral y su contenido. Sostienen que la prisión preventiva —resolución del 27/12/2005— se encontraba fundada en el procesamiento dictado contra la actora por considerarla prima facie coautora del delito de contrabando de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, manifiestan que ese pronunciamiento no se encontraba firme, que no provenía de una sentencia definitiva, motivo por el cual debía estarse a lo dispuesto por la CSJN en autos “Balda”: “tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un serio estado de sospecha, fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento..., de modo que no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error de pronunciamiento cautelar firme”. Agregan que la desvinculación procesal del demandante no se debió a su inocencia manifiesta —requisito exigido por la jurisprudencia para obtener un resarcimiento—, sino más bien fue producto de la falta de acusación por parte del fiscal de instrucción que consideró insuficiente el plexo probatorio para sustentar una sentencia de reproche. Asimismo, cuestionan la existencia de relación de causalidad entre las afecciones que aduce la actora y el accionar de su parte, destacando que sería un caso de responsabilidad por actividad legítima del Estado que exige una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, que ha sido reconocido por la jurisprudencia pero excluyendo a la actividad judicial legítima dentro de los supuestos de indemnización.
Por otra parte, se agravian del reconocimiento del daño moral por entender que, tal como lo dispone el art. 5° de la ley 26.944, “la indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas”. Asimismo, solicitan se revoque el reconocimiento del daño psicológico, sobre la base de las conclusiones arribadas por la jueza de grado del dictamen pericial practicado en autos. Cuestionan dicho examen —que impugnaron oportunamente— por no haber determinado la relación entre la sintomatología de la actora y el hecho de autos, prescindiendo de analizar la estructura psicológica de base que presentaba la accionante.
Finalmente, discuten la imposición de costas de la instancia anterior.
Por su parte, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal plantea la falta de tratamiento de la excepción de prescripción, que fuera diferido al momento de dictar sentencia.
4°) Que en primer término corresponde dar tratamiento a la excepción de prescripción planteada.
En el presente caso nos encontramos frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual, cuyo plazo de prescripción es de dos años (confr. art. 4037 Cód. Civil), que no se encuentra discutido por ninguna de las partes. La cuestión a dilucidar es a partir de cuándo debe contabilizarse dicho plazo.
Tal como lo sostiene la actora el plazo bienal debe contabilizarse a partir de la fecha del auto de absolución (14/08/2007) dictado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, en el marco de la causa 1289 “Boehme, Daniel F. s/ inf. ley 22.415” por el presunto delito de contrabando, en la que fuera otorgada y posteriormente suspendida la autorización de salida para visitar a su hijo convaleciente (cfr. fs. 61/73vta.).
En conclusión, al 14 de agosto de 2009 (fecha de interposición de la demanda —fs. 18—) no habían transcurrido los dos años contemplados en el art. 4037 del Cód. Civil. Por ello, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
5°) Que, en cuanto al fondo, debe aclararse que son dos las pretensiones de la actora contenidas en la demanda: a) el error judicial que privó a la actora de su libertad por el plazo de dos años aproximadamente; y b) la revocación del permiso para visitar a su hijo en su enfermedad, privándola de estar a su lado en el momento de su fallecimiento.
A fin de resolver las cuestiones planteadas, y toda vez que la jueza de grado ha realizado un detenido análisis de las actuaciones judiciales que ocasionaron la presente demanda, por razones de economía procesal se tienen por reproducidas las reseñas efectuadas en la sentencia apelada.
6°) Que en relación con el error judicial esgrimido, corresponde adelantar que el agravio del Estado Nacional debe prosperar.
Cabe rememorar que es postulado basal en la jurisprudencia de la Corte federal en la materia que el Estado sólo puede ser responsabilizado por los pronunciamientos que dictan sus jueces en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño es declarado ilegítimo y dejado sin efecto; pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario, ha señalado el Tribunal, importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (fallos 311:1007).
A su vez, si bien esta tesitura, originalmente extendida a los menoscabos atribuidos a las prisiones preventivas (cfr. fallos 317:1233, “Román”; y 318:1990, “Balda”; 321:1712 “López”; 325:1855 “Robles”; 326:820 “Lema”), fue a posteriori morigerada en tal ámbito por el Alto Tribunal (al hacer propia la posición que en sus inicios habían sostenido los jueces Belluscio, Petracchi y Fayt), se precisó, por cierto, que la indemnización en tales hipótesis no debía ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revelaba como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos llevaban a los juzgadores al convencimiento —relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta— de que había mediado un delito y de que existía probabilidad cierta de que el imputado hubiera sido su autor (ver los votos de los jueces en los precedentes antedichos y fallos 327:1738, “Cura”; 328:2780 “Muñoz Fernández”; 328:4175 “Gerbaudo”; 329:3176 “Pedezert”; y 329:3894 “Quiroz Franco”).
Ello, ya que para la adopción de estas medidas no se requiere certeza sobre la culpabilidad del imputado sino sólo su verosimilitud, al punto que un juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo probable (cfr. fallos 321:1712 del voto del Dr. Bossert).
Es por tal motivo que la Corte ha descartado la viabilidad de reclamos de esta índole fundados sólo en la absolución posterior (cfr. fallos 326:820; 330:2112); o porque ésta se decretó no por inexistencia del delito sino por insuficiencia de los elementos probatorios colectados para demostrar la autoría, sin que el pronunciamiento importara descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto de los procesados (fallos 321:1712 cit.); ni basados en declaraciones posteriores de nulidad, que no controvirtieron la eficacia probatoria de los elementos tenidos en cuenta para el dictado del auto de prisión preventiva (fallos 328:2780); o por la nulidad del allanamiento y, como consecuencia, de los actos posteriores a él (fallos 328:4175); porque la absolución tuvo su causa en vicios procesales (fallos 329:3806) o, finalmente, en razón de ordenarse por el mero beneficio de la duda (cfr. fallos 329:3176).
Desde esta perspectiva, cabe colegir que no aparece probado en el sub lite, que el auto de prisión preventiva que pesó sobre la actora y dio lugar a este pleito haya resultado, en palabras de la Corte, incuestionablemente infundado y/o arbitrario; ni tampoco que los pronunciamientos que lo sucedieron lo hubieran descalificado expresa y puntualmente.
En consecuencia, el resarcimiento pretendido basado en una irregular actuación del Poder Judicial no podría válidamente proceder.
7°) Que, en cuanto al resarcimiento reconocido a la actora a raíz de la muerte de su hijo mientras se encontraba internado con una enfermedad terminal en el Hospital Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, el mismo debe ser encuadrado como una falta de servicio.
Al respecto, cabe recordar que su configuración depende de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) el Estado debe haber incurrido en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto; y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (fallos 328:2546; 332:2328; 333:1404; 333:1623).
Con relación al primero de los recaudos, la Corte Suprema ha expresado, en reiteradas oportunidades, que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejercicio irregular (fallos 306:2030; 307:821; 315:1892; 320:1999; 329:3065; 330:2748, entre otros).
Dicho Tribunal ha manifestado, también, que la idea objetiva de falta de servicio —por acción o por omisión— encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Cód. Civil, que establecía un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.
Se trata de una responsabilidad directa del Estado por el servicio público que presta a la comunidad, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes. En efecto, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (fallos 321:1124; 330:2748 y 333:1623).
Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por la Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (fallos 321:1124). En consecuencia, el factor de atribución debe ser aplicado en cada causa en función de los mencionados elementos (fallos 330:563; 336:1642).
Sobre esa base, corresponde analizar la existencia del daño cierto y resarcible. Según se desprende de la prueba producida —en particular del resumen de la historia clínica del hijo de la actora —M. W. F.— surge que dos días antes de su fallecimiento el Dr. J. A. B., cardiólogo infantil, indicó que “F. M. W., de 12 años de edad es controlado en el Hospital de Niños de La Plata donde se realiza el diagnóstico de cardiopatía congénita compleja (ventrículo único, estenosis pulmonar) con bloqueo auriculoventricular completo. El 07/12/1991, a los 18 meses de edad se realiza cateterismo cardíaco donde se constata que su estado hemodinámico es estable y se controló clínicamente. En el año 1995, comienza con problemas pulmonares (neumotórax hipertensivo), requiriendo internación en terapia intensiva, drenaje quirúrgico y asistencia respiratoria mecánica. A partir de allí, los cuadros respiratorios se tornaron más frecuentes siendo controlado conjuntamente con el Servicio de Neumonología con lo cual se logra estabilizar la patología pulmonar. Se realizan los estudios cardiológicos (ecocardiogramas, cateterismo cardíaco) para definir la cirugía cardíaca y la colocación de marcapasos cardíaco definitivo. Actualmente, su condición cardiológica es inestable, con alteración de su estado nutricional, edemas, disnea en reposo, requiriendo cada vez más ajustes de la medicación cardiológica y de los parámetros del marcapasos cardíaco, lo que lo define como un paciente de alto riesgo y con pronóstico reservado. En este momento se encuentra internado en nuestro Hospital, se deterioró más aún la función cardíaca, por lo cual estamos en una etapa donde hay un riesgo elevado de vida, y se hace saber, que en este caso la presencia de su madre es imprescindible” (fs. 33). En efecto, la recomendación expresada por el profesional era contar de manera imprescindible con la presencia de la madre.
Frente a las distintas internaciones, las sugerencias del servicio médico y ante el pedido del beneficio del art. 313 in fine del Código Procesal Penal que dispone que, a los imputados que se encuentran sometidos a prisión preventiva “Los jueces podrán autorizarlos, mediante resolución fundada, a salir del establecimiento y ser trasladados bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que prudencialmente se determine”, el juez actuante no se expidió sobre ello, aun cuando fue alertado del grave estado de salud del menor y que anteriormente había concedido una autorización a la señora Sayago para visitarlo en el citado nosocomio.
Ello demuestra un accionar ilegítimo —por omisión— del Estado, que privó a la actora de ejercer el derecho de estar junto a su hijo en el momento de su muerte, que debe ser indemnizado.
8°) Que en este sentido, y en virtud del daño moral reclamado, cabe recordar la jurisprudencia según la cual el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata pues de compensar, en la medida posible, un daño consumado. El dinero en el caso es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. De este modo, la evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como —en principio— debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Cód. Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que no cabe sostener que no es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (fallos 334:376, entre otros).
En esa inteligencia y en lo concerniente a la fijación de su quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, y la entidad del sufrimiento causado, aunque sea de dificultosísima cuantificación (fallos 321:1117; 323:3564, 3614; 325:1156; 332:2842; 334:1821; 338:652, entre otros). Por otra parte, cabe ponderar que, en el sub lite, la índole del hecho generador del daño es una omisión ilícita a deberes esenciales del Estado que se ha traducido en la lesión de bienes que tienen un valor esencial en la vida del hombre, como son los afectos primarios, la seguridad del entorno familiar, la tranquilidad de espíritu (conf. Sala II, causa Furman Jacobo y otro c. EN y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 01/03/2016).
Bajo tales premisas, teniendo en consideración el carácter resarcitorio del daño moral, el monto reclamado por este rubro en la demanda (fs. 12vta./13) y la entidad del sufrimiento causado, se estima adecuado reducir el monto de la indemnización determinada en primera instancia y fijar por este rubro la suma de ($140.000).
9°) Que, en virtud de los agravios esgrimidos en cuanto al daño psíquico reconocido, la Corte Suprema ha señalado que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, atendiendo a su incidencia en el campo laboral y sus proyecciones en el ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (conf. fallos 322:2658 y 2002; 329: 2688; 334:1821, entre otros).
A diferencia del daño moral —que escapa al horizonte pericial psicoforense por no conllevar patología—, el daño psicológico implica conformación o incremento de una patología de este tipo. En el daño psíquico se debe evaluar la perturbación o lesión a las facultades mentales y alteraciones en los rasgos de personalidad. Se puede hablar de daño psíquico en una persona cuando ésta presenta un deterioro, disfunción o trastorno en el desarrollo psico-orgánico que afectando sus esferas, volitiva o intelectual, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral o social. A tal fin, es indispensable acreditar de modo indiscutible y científico, la existencia de tal patología, dependiendo el monto de la suma indemnizatoria de las conclusiones del experto en lo que refiere a duración y costo del tratamiento terapéutico (conf. Sala I, causa “Rosalez Claudia Patricia y otros c. Servicio Penitenciario Federal y otro s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 23/03/2011, Sala II, causa “Alche de Grinserg Laura E. c. EN-Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios”, sent. del 23/10/2008, y sus citas).
En el caso, del informe de la perito psicóloga se detectó en la señora S. “un duelo patológico leve (10% de incapacidad, punto 2.6.6, según el Baremo para Daño Neurológico y Psíquico de los Dres. Mariano Castex y Daniel Silva) por la situación que originan estos autos. Dicho incidente operó como concausa de los trastornos de su personalidad de base. [...] El suceso —fallecimiento de su hijo— afectó la esfera volitiva e intelectual, acrecentando los sentimientos de soledad e inseguridad que ya se hallaban presentes en su personalidad de base” (fs. 293/297).
Así pues, es indudable que en autos se encuentra fehacientemente acreditado el impacto negativo que imprimió la muerte de su hijo en el aparato psíquico de la actora y, por ende, la existencia de secuelas permanentes (fallos 334:376); circunstancia que sella la suerte adversa de los agravios impetrados por las codemandadas con relación a la procedencia de este rubro.
Por lo dicho, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad y los gastos que significarían el tratamiento psicológico sugerido por la profesional, corresponde confirmar la indemnización por daño psíquico.
10) Que en virtud de la imposición de costas de la anterior instancia, y en atención a la forma en que se resuelve en el presente decisorio, corresponde modificar lo dispuesto por la a quo y disponer que las mismas corran se distribuyan en ambas instancias, en atención a la existencia de vencimientos mutuos y parciales (art. 71, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Por ello, voto por:
1) Hacer lugar parcialmente al recurso de las codemandadas en los términos consignados en el considerando 6° y en consecuencia, modificar la indemnización por daño moral, fijando su monto en la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000);
2) Confirmarla en cuanto al reconocimiento y quantum fijado por daño psicológico;
3) Modificar la imposición de costas de la instancia anterior y distribuirlas en ambas instancias, en atención a la existencia de vencimientos mutuos y parciales (art. 71, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Los doctores Vincenti y Duffy adhirieron al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de las codemandadas en los términos consignados en el considerando 6° y en consecuencia, modificar la indemnización por daño moral, fijando su monto en la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000); 2) Confirmarla en cuanto al reconocimiento y quantum fijado por daño psicológico; 3) Modificar la imposición de costas de la instancia anterior y distribuirlas en ambas instancias, en atención a la existencia de vencimientos mutuos y parciales (art. 71, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Marcelo D. Duffy. — Jorge E. Morán. — Rogelio W. Vincenti.