Voces: DILACION DEL PROCESO ~ ERROR JUDICIAL ~ RELACION DE CAUSALIDAD ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaI)
Fecha: 09/08/2022
Partes: LEGUMBRES SACIFIA c. EN Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
Cita: TR LALEY AR/JUR/102916/2022

Sumarios: 
1 . Si bien la actora al demandar indicó el lapso que duró el juicio por contrabando, no encontró en esa duración del trámite el origen de los daños cuyo resarcimiento pretende, por el contrario, según sus dichos el daño se habría producido mucho antes pues, cuando el juez de grado ordenó, la excarcelación de todos los detenidos, la empresa estaba totalmente paralizada y los daños eran ya inmensurables, por lo que, cabe presumir, no se relacionaría con la duración de la causa en la que se investigó el delito de contrabando o del sumario administrativo que instruyó el BCRA. 
2 . La línea argumental de la actora, a fin de revisar una decisión precautoria del juez instructor —que dio lugar a la obtención de distintas pruebas que permitieron continuar con la investigación- sobre la base de una mera y tardía discrepancia con ella, sin acreditar, que la decisión evidenciara un error manifiesto, evidente e inopinable, no permite concluir que la medida precautoria constituya un error judicial generador de responsabilidad estatal alguna. 
3 . El alegado error judicial en el procesamiento de la accionante por el delito de contrabando agravado, es improcedente, pues, la decisión que tuvo como consecuencia que se la exculpe de dicho delito se limitó a examinar si la conducta investigada podía ser subsumida en el tipo penal imputado —dando lugar así a la competencia de los jueces en lo penal económico para entender en la causa— o si constituía una infracción al régimen cambiario —lo que determinaría la incompetencia decidida—, pero de ninguna manera se reputaron inexistentes los hechos que originaron la causa o se determinó la falta de relación de las personas procesadas con la maniobra. 
4 . La conducta de la aduana al suspender a la actora como sociedad exportadora, luce, en principio, acorde a lo que disponía el art. 97, ap. 1, inc. b) 6 del C.A., por ello no es posible atribuirle un carácter antijurídico, que genere la responsabilidad del Estado. 
5 . En las distintas presentaciones de la Aduana, se limitó a defender —con vasta argumentación y citas normativas— la noción del derecho que la consideraba investida de una función cuya vulneración daría lugar al delito de contrabando presuntamente cometido por la actora, de modo que no es posible, caracterizar como maliciosa su conducta procesal y  la accionante no acreditó la concurrencia del factor de atribución subjetivo, necesario para hacer nacer la responsabilidad de la aduana por denuncia calumniosa. 
6 . La actora no cuestionó las normas que facultaron al BCRA a efectuar los requerimientos precautorios, solicitados en el marco de la causa penal iniciada en contra de aquella por el delito de contrabando, y desde que la conducta desplegada por la entidad no se apartó de aquellas, no es posible considerar irregularidad o ilegitimidad alguna en ese proceder. 
7 . Descartada la existencia de un error judicial, el Estado no responde por la actuación lícita del poder judicial, pues, las consecuencias que se siguen de esa actuación, en el caso de autos, no se presentan sino como las normales de una investigación penal por contrabando. 

Texto Completo: 
Causa N° 8124/2000
2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 9 de 2022.
La doctora do Pico dijo:
I. La sentencia del 20 de diciembre de 2019 rechazó, con costas en el orden causado, la demanda que Legumbres SACIFIA (Legumbres, en adelante) interpuso en contra del Estado Nacional (1) (Ministerio de Justicia —Poder Judicial de la Nación—; Ministerio del Interior —Policía Federal Argentina— y Ministerio de Economía —Junta Nacional de Granos—), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA). 
En su pronunciamiento de fs. 3229/3247, el juez de grado comenzó el examen del asunto recordando que Legumbres solicitó una indemnización por los daños y perjuicios que le produjo el actuar de diferentes dependencias de la administración centralizada (a través de los Ministerios del Interior, Justicia, Economía y PFA), descentralizada (AFIP-DGA y BCRA) y del Poder Judicial, consistente en “a) procedimientos policiales; b) cierre oficinas; c) procesamientos y prisiones preventivas; d) publicaciones periodísticas como consecuencia de las actuaciones anteriores; e) querella A.N.A.; f) bloqueo de mercaderías por la Junta Nacional de Granos (JNG); g) bloqueo de cuentas corrientes BCRA; h) inhibición general de bienes BCRA; i) suspensión como exportador por parte de la Aduana; j) pérdida de crédito bancario; k) pérdida de crédito comercial. Iniciación de juicios; l) necesaria presentación en concurso preventivo de acreedores; y m) necesidad de reducción de la infraestructura de producción de comercio y servicio”.
Aunque consideró que, en función de esa exposición, la demanda se encontraba “gravemente comprometida en punto a su fundabilidad jurídica”, extrajo de ella la imputación de responsabilidad a las demandadas por: a) su actuación lícita y b) por error judicial. No obstante, señaló también que la demanda refiere la culpa, negligencia e imprudencia de los distintos funcionarios del estado.
Seguidamente, expuso los hechos del caso que consideró pertinentes:
a) En la causa penal (N° 1630 del año 1982) se imputó a Legumbres, y a otras personas que participaron en las maniobras allí investigadas, la comisión del delito de contrabando agravado. De acuerdo con la imputación del juez en lo penal económico, que el magistrado transcribió, “LEGUMBRES SA, en un número de operaciones aún no precisamente establecido pero que se encuentra entre las 40 y las 88 veces, mediante la falsificación de télex supuestamente dirigidos desde la Sucursal Tucumán a la Casa Central del BNA dando cuenta del ingreso de diversas órdenes de pago del extranjero, despachos que en esa Casa Central eran intercalados entre los auténticos por un funcionario del BNA que prestaba su participación, obtuvo el otorgamiento de refrendaciones bancarias de permisos de embarque sin que las divisas pertinentes hubieran ingresado al país, y —mediante dicha refrendación— logró que la Administración Nacional de Aduanas autorizara esos embarques ilegales y permitiera la realización de exportaciones que de otro modo, en ejercicio de sus facultades de control habría impedido”. La causa finalizó con la decisión del Máximo Tribunal registrada en Fallos: 312:1920, por la cual se consideró, tras señalar que “la interpretación de la ley resulta dificultosa porque el tipo del art. 863 del Código Aduanero no realiza una enumeración de las conductas que pueden afectar el control aduanero” y con una “enjundiosa disidencia” del ministro José Caballero, que ellas no configuraban el delito de contrabando imputado.
b) El BCRA instruyó el sumario N° 1226 a la actora y sus directivos con motivo de “presuntas maniobras dolosas en exportaciones (...) detectándose la existencia de numerosas refrendaciones insertas en permisos de embarque sobre la base documentación apócrifa” (expediente N° 36642/82). La nulidad del auto que dispuso la instrucción del sumario dio lugar a la prescripción de la acción penal cambiaria y el consecuente sobreseimiento de todos los imputados.
c) En la causa 133/90, iniciada a consecuencia de la extracción de copias de la causa 1630, a fin de investigar el delito de falsificación, también se sobreseyó a todos los imputados como consecuencia de la declaración de prescripción de la acción penal.
d) En la causa N° 657/82, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, el BCRA solicitó diversas medidas precautorias (inhibición general de bienes, embargos, bloqueo de fondos y valores) contra Legumbres y otras personas, las que fueron concedidas.
En la convicción de que la acción del pretensor se centró preponderantemente en la responsabilidad atribuida al Poder Judicial de la Nación en virtud de la actuación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 en la causa N° 1630, en primer lugar, desechó la posibilidad de examinar ese planteo con sustento en la responsabilidad del Estado por actividad lícita. Explicó que ello era así porque una invariable línea de jurisprudencia lo impedía con fundamento en que “los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia”.
Desde que la actora sustenta su pretensión en el error judicial por la equivocada imputación de “contrabando calificado”, el juez recordó que para que proceda la responsabilidad así atribuida es necesario que el error “no haya podido remediarse en las instancias propias de la causa de que se trate y que, a pesar de su firmeza, sea declarado tal en una decisión judicial posterior que lo deje sin efecto en razón de su gravedad”, es decir que la existencia del error judicial “debe ser declarada por un nuevo pronunciamiento”. Concluyó entonces en que, como ello no aconteció en la causa, debe desestimarse la pretensión en ese punto. Agregó a ello que el asunto decidido exhibía una particular complejidad (que se reconoce como fundamento para la distribución de las costas y se aprecia en la fundada disidencia del ministro Caballero en el pronunciamiento del Máximo Tribunal).
Descartada la existencia de un error judicial, atendiendo a la circunstancia de que “cuanto menos una porción considerable de lo actuado por la PFA y el BCRA descansó sobre lo ordenado por el Tribunal en lo Penal Económico”, entendió que “esos procederes sólo podrían ser examinados a la luz de la responsabilidad del estado por actividad lícita”. Como resultado de ese examen, concluyó en que “la accionante no ha cumplido con la carga de acreditar en debida forma la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño que alega, ni la existencia de un perjuicio individualizado del que hubiesen estado exentas otras firmas en igual situación, lo que conduce al rechazo de la pretensión también en este punto”.
Seguidamente, si bien dijo que la pretensión resarcitoria se fundó en la responsabilidad lícita del Estado, consideró que, en función de lo expuesto en la demanda, pareciera que lo que cuestiona en realidad es su actuación irregular. Entonces, tras exponer sucintamente los requisitos exigibles para su procedencia, examinó la responsabilidad del estado por su actividad ilícita. Afirmó que “la actora no logró acreditar la existencia de una “falta de servicio” o, en otras palabras, en qué consistió la actuación irregular del estado, limitándose a efectuar meras manifestaciones que soslayan los antecedentes —debidamente documentados— que dieron origen a la cuestión de marras, fundamentalmente a la denuncia efectuada por el BNA con relación a la existencia de documentación apócrifa”.
Explicó que ello era así porque, por un lado, las medidas solicitadas por el BCRA tuvieron su fundamento en la resolución del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 (causa N° 657/82). Por otra parte, porque la actuación de la PFA no fue alevosa, ilegítima o arbitraria si se atiende a que, de acuerdo con el acta labrada el 16/09/1982, no existió allanamiento sino la facilitación voluntaria del acceso al personal policial y la entrega espontánea de documentación. Finalmente, en cuanto a la conducta de la Aduana, la suspensión del registro como exportadora es consecuencia de lo dispuesto por el art. 97 inc. b) del CA, y su carácter de querellante en la causa penal “no sólo no resulta una actuación irregular, sino que, en definitiva, no es más que el ejercicio de un derecho que el ordenamiento jurídico penal le otorga”.
Por estos motivos desestimó la atribución de responsabilidad a esas codemandadas por actuación ilícita.
Por último, y separadamente, examinó la responsabilidad endilgada a la Junta Nacional de Granos. Sostuvo que en la causa N° 11.830/92, caratulada “Legumbres SACIFIA c. Junta Nacional de Granos/ Secretaría de Ganadería y Pesca s/ juicio de conocimiento” se declaró la ilegitimidad del bloqueo de la mercadería, por considerarlo una vía de hecho administrativa. En función de ello, la pretensión indemnizatoria debía ser examinada en la esfera de responsabilidad del estado por actividad ilícita. Ese examen lo llevó a concluir que “no se han acreditado en este expediente daños específicamente asociados o conexos al proceder de la Junta [pues] ni en las constancias acompañadas ni en la pericia producida en autos se observan (...) daños en relación de causalidad adecuada con ese proceder de la Administración”.
En lo que concierne a las costas, las distribuyó en el orden causado porque “la complejidad de las cuestiones planteadas en autos [pudo hacer] creer a la actora que le asistía mejor derecho”.
II. Legumbres, la AFIP y el Estado Nacional apelaron la sentencia (fs. 3281, 3284 y 3285, respectivamente). Recibida la causa en esta instancia, expresaron agravios (Legumbres, AFIP y Estado Nacional), que fueron contestados (escritos digitales ingresados el 9/12/2020 —AFIP—, 21/12/2020 —Estado Nacional—, 22/12/2020-Legumbres—, 22/12/2020 —BCRA— y 2/2/2021-Legumbres—).
III. Los agravios de Legumbres pueden sintetizarse así:
A.- Se queja de la sentencia porque considera que, a diferencia de lo allí expuesto, señaló detalladamente cada uno de los actos que calificó como ilegítimos o irregulares:
a) En primer lugar, se refiere al procesamiento que tuvo lugar en la causa 1630. Sostiene que esa decisión partió de un grave error de derecho que la minoría de la CSJN advirtió en la oportunidad en que llegó a su conocimiento el recurso extraordinario contra esa decisión. Agrega a ello que, cuando recayó sentencia definitiva absolutoria —por no ser posible encuadrar la conducta de Legumbres como contrabando—, las autoridades constitucionalmente designadas que adoptaron ese temperamento no tuvieron a la vista otros elementos que los considerados en el auto de procesamiento.
b) Advierte que señaló otros “actos procesales” de aquella causa penal a los que calificó también como irregulares e ilegítimos. Ellos son el allanamiento de la sucursal de Legumbres en Buenos Aires —sin una orden judicial— y la clausura de las oficinas de la empresa. Justifica la calificación que otorga a las medidas de clausura en que, ante el secuestro de la documentación —también ordenado—, esa decisión es arbitraria e irrazonable, pues no contó con la debida fundamentación que se exige a este tipo de decisiones judiciales y resultó, además, desproporcionada. Aseguró que la publicidad de estas medidas atentó decididamente contra la fe y credibilidad en la empresa, afectando seriamente su giro comercial.
c) En cuanto a las medidas precautorias que requirió el BCRA, cuestiona que la sentencia que apela entienda que no puede atribuírsele responsabilidad por haber sido dispuestas por un juez penal, ignorando el principio según el cual, quien requiere una medida de esas características, debe resarcir los daños que puedan generar con ella. Sostiene, además, que la petición de las medidas fue infundada, pues el BCRA nunca explicó los cálculos efectuados para determinar su monto, lo que privó a Legumbres de ejercer una adecuada defensa. Señala que las múltiples medidas requeridas por el BCRA alcanzaron los U$S 2.500 millones, un monto superior a la deuda externa argentina de aquel tiempo, frente a una presunta infracción que, según el propio BCRA, ascendió a 33 millones de dólares. Ese monto sideral requerido, resultado de un cálculo que nunca conoció, le impidió solicitar la sustitución de las medidas por otras que se ajusten a la verdadera situación patrimonial de la empresa. Entiende igualmente cuestionable la decisión del juez penal, que proveyó los embargos y al mismo tiempo entendió que “no tenía facultades jurisdiccionales para controlar su procedencia”.
d) Acerca del bloqueo, por parte de la Junta Nacional de Granos, de la mercadería propiedad de Legumbres por un valor que ascendía a aproximadamente 4 millones de dólares, asegura que ésta, junto con la clausura de las oficinas de su sucursal operativa, significaron —en los hechos— la muerte de la empresa como productora y exportadora. Indica que el tratamiento brindado por el magistrado a este acápite de su demanda difirió de los restantes porque la actuación ilegítima de la Junta Nacional de Granos ya había sido reconocida en el juicio en el cual exigió el pago de los gastos de depósito de la mercadería bloqueada. Cuestiona entonces que el juez igualmente rechace la demanda en este aspecto porque no se habría acreditado un daño específicamente asociado a ese proceder ilegítimo de la JNG. Funda su crítica en que, por un lado, la privación arbitraria de la disponibilidad de un bien de su propiedad es un daño en sí mismo (según lo que surge del informe del síndico del concurso) y, por otro, los daños sufridos por la empresa son consecuencia de un accionar conjunto de todos los demandados y como tal no puede escindirse para ser apreciado en pequeños fragmentos, separados e identificables.
e) Finalmente, en lo que atañe al accionar de la Aduana, alega que su responsabilidad deriva de su calidad ensañada de querellante en contra de Legumbres en la causa penal, a lo que agrega la suspensión del Registro de Importadores y Exportadores.
Considera, contrariamente a lo que surge del pronunciamiento que apela, que su parte probó los actos y hechos ilegítimos y/o irregulares llevados a cabo por los demandados y sus consecuencias dañosas. Con ello entiende que demostró “la responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima, a raíz del error judicial incurrido y a la falta de servicio que provocaron un gran daño y un sacrificio desigual” a su parte. Sostiene que acreditó la relación causal entre los hechos invocados como dañosos y los perjuicios producidos, su imputación jurídica a los demandados (o personas por las que éstos deben responder) y el factor de atribución, que alega es de índole subjetiva, basado en la culpa, cuando no dolo, por el obrar que califica como “ilegítimo, irregular, negligente e imprudente” que da lugar a que la conducta de las demandadas sea considerada ilícita.
Insiste en que a Legumbres la aniquiló el conjunto de hechos y actos señalados como dañosos, no uno o alguno de ellos. Dice que la imposibilidad, de hecho y de derecho, de continuar actuando como empresa mercantil tuvo su origen en ese conjunto de medidas que, por su extensión e intensidad, destruyeron los negocios de la empresa.
En definitiva, postula que la indemnización solicitada se justifica en el accionar ilegitimo del Estado por:
(i) la defectuosa prestación del servicio de justicia, tanto por el “error judicial” que encuentra en el procesamiento por el delito de contrabando, como por la afectación de sus derechos a raíz del prolongado tiempo que insumieron las causas judiciales y administrativas —que concluyeron por prescripción— y las desproporcionadas e irrazonables medidas decretadas en ellas;
(ii) la responsabilidad de la aduana por la culpa y negligencia grave evidenciada en la formulación y el mantenimiento de la querella;
(iii) la responsabilidad del BCRA por las medidas solicitadas y efectivizadas ante la justicia penal y la demora ilegitima en resolver el sumario que culminó con la declaración de prescripción; y
(iv) la responsabilidad de la Junta Nacional de Granos por el bloqueo de la mercadería de su propiedad.
B.- Mantiene también la actora en esta instancia su planteo subsidiario, relativo a la procedencia de indemnización por actividad lícita del Estado Nacional.
Entiende que la sentencia omitió el examen del enorme daño que asegura haber sufrido —y que considera demostrado con la prueba pericial—, para de todas maneras concluir en que no existió un trato desigual a Legumbres. Sostiene, sin embargo, que el daño del que fue víctima constituye un verdadero sacrificio desigual —que reportó un beneficio para la comunidad (2)—, cuya relación exclusiva y excluyente con la actividad desplegada por los demandados ha sido acreditada.
IV. Las quejas del Estado Nacional y la AFIP se vinculan con la distribución de costas decidida en la sentencia. Solicitan su imposición a la actora con fundamento en el principio general contenido en el art. 68 del código procesal.
V. Antes de ingresar al examen de los agravios, es necesario efectuar ciertas aclaraciones con el objetivo de una exposición más clara del asunto.
Este tribunal, en una composición distinta a la actual, al pronunciarse por interlocutorio de fs. 1140/1142 sostuvo que la pretensión indemnizatoria de Legumbres se fundó en la responsabilidad del Estado por actuación ilegítima de sus órganos (ver cons. 11). Esa comprensión del asunto, que comparto, aunque el juez de grado haya tenido otra mirada, hace necesario que el examen de los agravios de Legumbres comience por la determinación de la existencia o no de una conducta antijurídica de las demandadas que dé paso al examen sobre la concurrencia de los restantes requisitos exigibles para la atribución de responsabilidad por actividad ilícita del Estado, pues sólo en caso negativo procederá el examen de la responsabilidad lícita, también propuesto en la demanda y mantenido ahora.
Si bien la actora insiste en que el daño cuya reparación solicita tiene su origen en los efectos de la conducta conjunta e irregular de las demandadas, toda vez que —tratándose de órganos y entes públicos— cada una de ellas actúa de acuerdo con las normas que estructuran su competencia, no es posible un examen conjunto del obrar antijurídico señalado en cada caso.
Para determinar, entonces, la irregularidad de la conducta de cada demandada —de acuerdo con la descripción que la actora hizo al demandar— deberá, en cada caso, confrontársela con las normas particulares que las rigen. Sólo así se podrá determinar si el obrar de alguna, de algunas o de todas ellas ha sido antijurídico —sea éste un error judicial, una falta en el servicio, una denuncia calumniosa o una vía de hecho—.
En la demanda que obra a fs. 8/44 del expediente en formato papel, Legumbres sostuvo que las conductas que generan su reproche fueron:
1) “una actuación de la Policía Federal Argentina alevosa e ilegítima”, por efectuar un allanamiento en las oficinas de la empresa sin contar con una orden judicial (responsabilidad por obrar antijurídico de la PFA);
2) “una calificación arbitraria de los hechos, bajo la figura de un delito con penas elevadas y rigurosas, que imposibilitaban la excarcelación” (error judicial);
3) “la clausura de la casa central y de la sucursal de Buenos Aires” (accionar arbitrario y despótico atribuido al poder judicial);
4) “bloqueo de todas las mercaderías de propiedad de la firma” (actuar ilegítimo y arbitrario de la Junta Nacional de Granos);
5) “detención, prisión preventiva y pedido de captura sobre todos los directivos de la firma” (esta referencia no se relaciona con la pretensión de Legumbres en este juicio, por lo que entiendo que sólo se la efectúa para contextualizar la situación);
6) “bloqueo de cuentas y fondos en todo el sistema financiero del país” (accionar del BCRA que mereció la calificación de “alevoso”, “salvaje” y “monstruoso”);
7) “suspensión como exportadora” (esta conducta de la Aduana no tuvo en la demanda y la expresión de agravios más que una mención, a diferencia de la condición de querellante que asumió la aduana y fue calificada como “arbitraria”, “maliciosa” y “calumniosa”, entre otros términos más coloridos, fs. 17 vta.).
VI. Pues bien, el confronte de los agravios con aquellos planteos introducidos en la demanda me obligan a descartar —en los términos del art. 277 del código procesal— el examen de la pretensión indemnizatoria por la afectación de sus derechos a raíz del prolongado tiempo que insumieron las causas judiciales y administrativas —que concluyeron por prescripción—.
Esta sala sostuvo que “el artículo 277 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación establece como límite el thema decidendum propuesto por las partes, en virtud del principio de congruencia de la demanda y su contestación —que limita tanto al tribunal de primera instancia como al tribunal de alzada—, de modo que la inadmisibilidad de los nuevos planteos no puede ser modificada ni siquiera por acuerdo entre aquéllas toda vez que no se trata de una cuestión disponible (Sala II, causas “Giménez, Juan Cruz y otros c. EN - M Interior - GNA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” y “Pellegrini Carlos O. y otro - Gulayin Gustavo L. y otros c. Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros s/ daños y perjuicios”, pronunciamientos del 9 de agosto de 2012 y del 27 de febrero de 2014; y Sala V, causa “San Hilario Dante Patricio c. EN - SIDE - dto. 1088/03 s/ empleo público”, pronunciamiento del 6 de noviembre de 2014)” y que “[e]se encuadramiento tiene apoyo conceptual en que la alzada constituye un área de revisión y su función consiste en controlar las decisiones tomadas en la instancia anterior, sin perjuicio, claro está, de la previsión del artículo 278 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación respecto de las cuestiones omitidas en aquélla (Sala II, causas “Aguerrebere, José Horacio c. EN - M° Interior - PNA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”., pronunciamiento del 14 de abril de 2011, y “Pellegrini”, citada)” (causa “García Leonardo Claudio Javier c. EN - M° Seguridad - PFA s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 1.000/2013, pronunciamiento del 21 de noviembre de 2019).
Desde esa perspectiva, corresponde señalar que, si bien la actora al demandar indicó el lapso que duró el juicio por contrabando (“luego de siete largos años”, fs. 16, sexto párrafo), no encontró en esa duración del trámite —que, vale aclarar, no calificó como irrazonable— el origen de los daños cuyo resarcimiento pretende. Por el contrario, según los dichos de Legumbres el daño se habría producido mucho antes (“el daño producido a Legumbres ya era irreparable”, punto 4 de fs. 12, en referencia al daño producido por el procesamiento y pedido de captura del directorio de la empresa; también se afirma que “luego del fallo de la Corte [se refiere al pronunciamiento del 4 de agosto de 1983, Fallos: 305:1022], el juez de Ia. Instancia ordenó, sin mayores trámites, la excarcelación de todos los detenidos (...) ya era tarde (...) la empresa estaba totalmente paralizada y los daños eran ya inmensurables”, fs. 15, cuarto párrafo), por lo que, cabe presumir, no se relacionaría con la duración de la causa en la que se investigó el delito de contrabando o del sumario administrativo que instruyó el BCRA. 
Entiendo así que la duración de la causa judicial y el sumario administrativo que, insisto, no mereció calificación de irrazonable en aquella oportunidad, no constituyó la causa de la acción intentada y, por tanto, no puede interpretarse como el germen de un planteo sobre el cual se extienda el agravio que ahora se trae. Este agravio implica, sin lugar a dudas, la introducción de una nueva pretensión que, por no haber sido puesta a consideración del juez de grado, no puede ser examinada por esta alzada.
VII. Corresponde ahora ingresar al examen de los agravios acerca del carácter irregular y antijurídico de las conductas de las demandadas.
VII. a) La actuación del Poder Judicial
De acuerdo con la jurisprudencia del Máximo Tribunal, la responsabilidad del estado por la actuación del Poder Judicial puede encontrar su origen en la prestación defectuosa del servicio de justicia (responsabilidad in procedendo) o por error judicial (responsabilidad in iudicando).
Como se vio en el anterior considerando, el agravio fundado en la responsabilidad in procedendo, por no haber sido un capítulo propuesto al juez de grado, no puede ser examinado ahora.
VII.a.1) Requisitos para la procedencia de responsabilidad por error judicial
Corresponde abocarse entonces al examen del error judicial alegado. El Máximo Tribunal sostuvo que “sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error” (Fallos: 311:1007; 318:1990, entre otros). Y que, si bien la absolución o el sobreseimiento del imputado o la anulación de la sentencia condenatoria, constituyen un requisito necesario, no son suficientes para la procedencia de este tipo de acción (Fallos: 327:1738; 328:4175 y 329:3894; causa S. 878. XXXV. “Solís, Hugo Alberto c. Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 10 de junio de 2008; y 332:552, respectivamente). Según esa jurisprudencia, es necesario, a su vez, la demostración del carácter manifiestamente arbitrario e infundado de las decisiones que se reputan ilegítimas y generadoras del daño cuyo resarcimiento se pretende. Es decir que “no cabe considerar que existe responsabilidad por error judicial salvo que éste haya sido evidente, inopinable y manifiesto” (Sala V, causa “London Supply SACIFI c. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”, pronunciamiento del 28 de febrero de 2008 (3), confirmado en lo que concierne a la ponderación de la existencia de un error judicial en Fallos: 333:503).
De acuerdo con el planteo contenido en la demanda —mantenido en los agravios—, son dos las decisiones judiciales que se reputan ilegítimas. Por un lado —y primero en orden cronológico—, la clausura de las oficinas comerciales de Legumbres y, por otro, su procesamiento por el delito de contrabando agravado.
VII.a.2) La clausura de las oficinas de Legumbres
En lo que concierne a la decisión de clausura de las oficinas de Legumbres, se alegó arbitrariedad y despotismo de parte del juzgador cuando la dispuso (fs. 140 y 141 de la causa N° 1630).
Al desarrollar los fundamentos por los que se atribuye tal calificación, la actora refiere a la posibilidad de efectuar otras medidas probatorias, que podrían haber asegurado el mismo resultado para la investigación.
Ahora bien, en principio, son dos las situaciones que podrían dar lugar a que el juez decida la clausura de las oficinas de Legumbres. Por un lado, si lo hiciera como una sanción. Por otra parte, la clausura como medida precautoria, en el marco de la instrucción, y como medio para colectar pruebas, preservarlas y/o evitar que la maniobra investigada pueda continuar desarrollándose.
Indudablemente, el primero no es el caso de autos, ya que al momento de decidirse la clausura no había siquiera imputación alguna.
La decisión de clausurar (y allanar, en el caso de las oficinas de Tucumán) las oficinas de Legumbres constituyó una medida precautoria, con la finalidad apuntada. Siendo esto así, la línea argumental de la actora propone, entonces, revisar una decisión precautoria del juez instructor —que dio lugar a la obtención de distintas pruebas que permitieron continuar con la investigación, según lo que surge de fs. 280/291— sobre la base de una mera y tardía discrepancia con ella, sin acreditar, como es debido, que la decisión evidenciara un error manifiesto, evidente e inopinable.
Así, y de acuerdo con la jurisprudencia citada en el punto anterior, no se demostró que la decisión de clausurar las oficinas de Legumbres constituya un error judicial generador de responsabilidad estatal alguna.
VII.a.3) El procesamiento de Legumbres en la causa N° 1630
Por otra parte, se alegó también que existe error judicial en el procesamiento de Legumbres por el delito de contrabando agravado (fs. 316/324 de la causa N° 1630, interlocutorio de fecha 5 de octubre de 1982).
La utilización de calificativos como los enunciados por la Sala V en el precedente “London Supply” citado no surge de la decisión que dejó sin efecto el procesamiento de Legumbres, que se limitó a decidir en ese sentido en función de la incompetencia que se reconoció (ver fs. 1022). En esa decisión, contrariamente a lo que parece sugerir la actora, no se determinó nulidad alguna. Simplemente se encauzó el trámite de la investigación mediante la remisión de la causa al organismo que se estimó competente para investigar los hechos. Vale señalar que, sobre esos hechos, inicialmente presumidos delito de contrabando, no se juzgó su ocurrencia en los términos denunciados. En la causa penal solamente se llegó a juzgar la participación de algún imputado en los hechos, frente a su concreto pedido, lo que dio lugar a su sobreseimiento parcial y definitivo —ver fs. 838/840, con relación a la situación procesal de Jorge Luis Rouges—.
Tampoco se determinó la existencia de error judicial en los términos apuntados respecto de la decisión de procesar a Legumbres en la sentencia de la alzada, que confirmó la incompetencia (ver fs. 1106/1117). En ese pronunciamiento también hubo una disidencia, del juez Oyuela.
Menos aún advierto el reconocimiento de un error judicial en el pronunciamiento del Alto Tribunal que zanjó definitivamente la cuestión (fs. 1192/1205). En efecto, tal como señaló la sentencia apelada, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue unánime y dejó asentado que la cuestión que decidió se presentaba particularmente compleja, al punto que utilizó ese argumento como fundamento para distribuir las costas en el orden causado.
Además, no puede perderse de vista que los hechos investigados —las refrendaciones bancarias se expidieron en el período comprendido entre el mes de agosto de 1981 y el mes de agosto de 1982— dieron lugar a que la imputación en la causa penal se hiciera al poco tiempo de la sanción y entrada en vigor del Código
Aduanero. Por lo que, al momento de decidir el procesamiento de Legumbres, la cuestión se presentaba no sólo compleja, sino también novedosa.
Pero todavía hay más. Siguiendo el precedente de la Sala V invocado, dije que para que pueda responsabilizarse al Estado Nacional por error judicial era necesario que éste fuera manifiesto, evidente e inopinable. El carácter manifiesto y evidente del presunto error se descarta con lo apuntado en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la complejidad del asunto. Y en lo que concierne al carácter inopinable que cabe exigir para demostrar la arbitrariedad y falta de fundamento de la decisión, no sólo el voto disidente del ministro José Severo Caballero y el dictamen del Procurador General ante la Corte —fs. 1184/1191— impiden así considerarlo. Los restantes ministros del tribunal reconocen el carácter opinable del asunto cuando, en el considerando 18, dejan establecido que, a su criterio, “la interpretación que aquí se establece es la que aparece como más adecuada al principio del art. 18 de la Constitución Nacional”, lo que da cuenta de que no se trataría de la única posible.
Vale señalar, a título ilustrativo y en sintonía con lo vertido en el dictamen del Procurador General aludido, cuando hizo mención del caso registrado en Fallos: 298:693, que en el inc. d) del art. 187 de la Ley de Aduanas (t.o. 1962) —anterior a la reforma introducida por la ley 21.898, del año 1978— se caracterizaba como delito de contrabando a “toda operación efectuada o que se intente efectuar mediando la comisión o tentativa de comisión de otro delito perpetrado con el propósito de cumplir o simular cumplir un requisito sin el cual la operación no podría realizarse o perfeccionarse o de hacer valer el tratamiento fiscal, arancelario o penal aduanero aplicable, de modo que resulte un beneficio ilícito al propietario y/ o documentante y/o importador”. Esa redacción del inciso d) reconoce su fuente en el art. 1, punto 32 de la ley 14.792, ley sancionada a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo, que al remitirlo acompañó un mensaje (4) en el cual “expresaba la necesidad de ampliar la definición del delito, incluyendo la falsificación o adulteración de documentos públicos y otros análogos para aparentar en cumplimiento de extremos que reglan el despacho de mercaderías (...), el régimen impositivo o cambiario (...) o la cancelación de compromisos pendientes ante la aduana (...) [e]sa ampliación tiene por objeto que esos actos ilícitos sean también calificados como contrabando” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1958, T. IX, p. 7123 y ss., citado en “Derecho Aduanero”, Tomo 2, Fernández Lalanne, ed. Depalma, 1966). Ello refuerza, ciertamente, la concepción sobre el carácter complejo y novedoso del asunto, independientemente de las críticas que la redacción de aquel artículo mereció de parte de la doctrina (ver “Ley de Aduana y sus normas complementarias, ordenadas, comentadas, concordadas y actualizadas”, Di Fiori, Ferro, Di Fiori, Ed. Depalma, 1977, p. 316 y ss.), o lo resuelto en otros precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como los registrados en Fallos: 296:473 y 305:990).
En definitiva, Legumbres no se hace cargo de que la decisión que tuvo como consecuencia que se la exculpe del delito de contrabando agravado se limitó a examinar si la conducta investigada podía ser subsumida en el tipo penal imputado —dando lugar así a la competencia de los jueces en lo penal económico para entender en la causa— o si constituía una infracción al régimen cambiario —lo que determinaría la incompetencia decidida—, pero de ninguna manera se reputaron inexistentes los hechos que originaron la causa o se determinó la falta de relación de las personas procesadas con la maniobra (con la excepción apuntada respecto de quien resultó ajeno a los hechos). La decisión sobre estos aspectos —me refiero a existencia de las maniobras y la participación de Legumbres en ellas, que es lo que importa para estos autos— nunca llegó, a raíz de las prescripciones decididas en el sumario N° 1226 y la causa penal N° 133.
Atendiendo a que, como regla, no existe un derecho al acierto del órgano judicial (ver Sala V, causa “London Supply”, citada), con fundamento en la jurisprudencia invocada, cabe concluir en que no existió un error judicial por el cual el Estado Nacional deba responder.
VII. b) La conducta de la Policía Federal Argentina
De acuerdo con el relato de Legumbres en su demanda, la PFA actuó de manera irregular, y por tanto ilegítima, cuando efectuó un allanamiento de sus oficinas sin la correspondiente orden judicial que así lo autorizara.
El juez de grado indicó, sin embargo, que del acta que se labró en aquella oportunidad no surgía probado un allanamiento, ya que los agentes policiales ingresaron al lugar una vez que el abogado y director de la firma, Jorge Luis Rougés, facilitó el acceso, entregando, a su vez, espontáneamente, cierta documentación.
Antes de ingresar en el examen de los agravios que la actora dirige contra esa decisión, cabe recordar que esta Sala dijo que el art. 18 de la Constitución Nacional consagra “el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante en cuyo resguardo se determina la garantía de inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público”, y que, “si bien la cláusula constitucional previó la reglamentación del tema por vía de una ley, son diversas las leyes especiales que contienen disposiciones sobre el modo en que pueden efectuarse allanamientos en determinadas materias y, en particular, las excepciones a la inmunidad del domicilio”. Así se concluyó en que, “aunque en rigor no resulta exigencia del art. 18 que la orden de allanamiento emane de los jueces, el principio es que sólo ellos pueden autorizar esa medida (Fallos: 306:1752; 320:1717; 341:150), sin perjuicio de algunos supuestos donde se reconoce a los funcionarios la posibilidad de obviar tal recaudo (conf. en el orden nacional el art. 227 del CPPN)” (causa “Durworks SRL (TF 36801-A) c. DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 5 de octubre de 2021).
Lo dicho hace necesario que se determine, en concreto, si la actuación policial en cuestión implicó un allanamiento de domicilio o no. Pues bien, la calificación de la actuación policial como un allanamiento no se ajusta a lo que surge del acta labrada por un funcionario público (ver fs. 39 de la causa penal).
Y no es posible apartarse de lo que surge del acta sin la correspondiente anulación de lo actuado en sede penal, en el marco de la causa en la cual se produjo. Máxime cuando, en estos autos, Legumbres no arguyó la falsedad del acta —que hace plena fe de lo que allí se consigna (art. 979 y 995 C.C.; actuales 289 y 296 del C.C.C.; Fallos: 268:475; Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, CFP 7275/2018/ TO1/CFC4 “Pérez, Ricardo Luis s/ recurso de casación”, pronunciamiento del 16 de septiembre de 2021; Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, causa FSA 25016/2017/TO1/CFC3 “Abdala, Gabriel Ignacio y otros s/ recurso de casación”, pronunciamiento del 7 de julio de 2021; Sala IV, causa FBB 1450/2019/TO1/CFC1 “Aquino, Mario Javier s/ recurso de casación”, pronunciamiento del 4 de marzo de 2021)—, ni produjo prueba dirigida a invalidarla, limitándose a invocar la imposibilidad de rehusarse a cumplir con las peticiones de los agentes de la PFA, por el contexto político en el cual se produjo el hecho.
La ausencia de un pronunciamiento que invalide el acta en cuestión —en sede penal o civil— es suficiente argumento para desestimar el planteo que desconoce su contenido.
Ello se refuerza si se atiende a que, aun en la hipótesis propuesta por la actora de que se trató de un allanamiento sin orden judicial, restaría examinar —sin una línea argumental de la actora que lo contraríe— el planteo ofrecido al contestar demanda por la representación de la fuerza relativo a que ésta se encontraba facultada a prescindir de la orden judicial a consecuencia de lo establecido en la ley 21.215 (en su art. 2° esa norma disponía que “[l]a Policía Federal en la prevención e Investigación de delitos e infracciones económicas está autorizada a emplear todas las atribuciones y facultades que los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la ley N° 12.906 (5) asignan al Poder Ejecutivo o al órgano que el determine”).
En función de lo dicho, no es posible calificar como irregular y antijurídica a la conducta de la PFA y, por ende, no existe responsabilidad del Estado a ese respecto.
VII. c) La conducta de la Aduana
Legumbres señala dos aspectos de la conducta de la aduana que considera generadores del daño cuyo resarcimiento pretende. La querella impulsada en la causa N° 1630 y la suspensión de su inscripción como sociedad exportadora.
A la hora de explicar la atribución de responsabilidad por la cual demanda, sólo se explayó con relación a la primera de ellas. Por tanto, el examen que efectuaré solo atañe a ese aspecto, aunque quepa señalar —como lo hizo el juez de grado— que la conducta de la aduana al suspender a Legumbres como sociedad exportadora, luce, en principio, acorde a lo que disponía el art. 97, ap. 1, inc. b) (6) del C.A., por ello no es posible atribuirle un carácter antijurídico sin un mínimo desarrollo argumental y probatorio de la parte actora en ese sentido.
Con ello en claro, entonces, cabe ingresar al examen del planteo ofrecido y desarrollado en la demanda y materia de agravios. Legumbres indicó que la responsabilidad de la aduana “deriva de su calidad ensañada de querellante en contra de Legumbres”.
Para examinar la responsabilidad atribuida en esos términos, es necesario recordar que “la acusación calumniosa consiste en la falsa imputación de la comisión de un delito penal de acción pública, y compromete la responsabilidad del denunciante si la falsa denuncia ha sido efectuada con dolo o culpa grave (confr. arts. 1089 y 1090 del Cód. Civil; 1771 del Cód. Civ. y Com. de la Nación); con respecto a la culpa, se requiere “un prudente ejercicio de la función judicial que exija severamente la prueba de la culpa, so peligro del desaliente de quienes pretenden colaborar con las autoridades mediante la denuncia de los presuntos delitos de los que son víctimas o tomen conocimiento; máxime cuando los denunciantes asumieron tal calidad en cumplimiento de una obligación legal, supuesto en el cual la severidad en el juicio sobre la culpabilidad debe ser adecuadamente proporcional al riesgo que corría el agente si omitía la “notitia criminis”. Por ello, por ser imprescindible preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales, debe exigirse la existencia de una culpa grave o grosera (confr. Belluscio, “Código Civil”, t. 5, Bs. As., 1984, p. 259; Parellada, “Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente”, en Jurisprudencia Argentina, 1979-III, p. 695)” (esta Sala, causa “Armada Juan José c. EN-AFIP DGA s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 9956/2003 pronunciamiento del 20 de septiembre 2011)” (esta Sala, causa “Temer Pablo Fabián c. EN-PJN y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 22.638/2010, pronunciamiento del 30 de diciembre de 2015, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 343:656).
A su vez, “[l]a doctrina y la jurisprudencia en forma reiterada ha sostenido que, si bien es cierto que la absolución o sobreseimiento es un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado, esa resolución de la justicia penal no resulta suficiente para que en sede civil se reconozca la procedencia de la responsabilidad resarcitoria, habida cuenta que el ilícito civil que el actor atribuye a la demandada requiere —además— de un factor subjetivo de atribución. En consecuencia, no basta que de la resolución dictada por el juez penal surja la inocencia del imputado, sino que se requiere asimismo la presencia de ese factor de atribución que, como ya se señalara, tanto puede provenir del dolo como de la culpa grave del denunciante (arts. 1089, 1090 y 1109 del Cód. Civil o 1771 del Cód. Civ. y Comercial). Y ello encuentra justificación axiológica, porque si la mera absolución dictada en la causa penal fuere prueba de la culpa o negligencia en el denunciante, al exigírsele a éste la convicción o certeza de la culpabilidad del denunciado, se daría lugar a una inactividad fundada en el temor, ya que si la mera denuncia le acarreara responsabilidad, nadie asumiría el riesgo de denunciar penalmente la comisión de un delito (confr. precedente “Armada” ya mencionado; ver también CSJN, Fallos: 319:2824 y 330:2464)” (causa “Temer”).
Asimismo, no es posible dejar de lado que “los funcionarios y empleados públicos están obligados a denunciar los delitos perseguibles de oficio, que conozcan en ejercicio de sus funciones (art. 177, inc. 1°, del Código Procesal Penal). Circunstancia que impone una mayor severidad en el juicio sobre la culpabilidad del denunciante, pues debe valorarse el riesgo que corre el agente público en caso de omitir la noticia del presunto delito” (doc. Fallos: 330: 2464; esta Sala, causa “Escobar A. M. A. c. Cossio R. J. A. s/ daños y perjuicios”, Expte. 17245/99, y, más recientemente, causa “Funes, Susana Graciela y otro c. EN-M Salud de la Nación y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 22.665/2016, pronunciamientos del 20 de marzo de 2012 y 3 de junio de 2021).
Con esa comprensión del asunto, adelanto, Legumbres no acreditó el factor subjetivo de atribución exigible en un supuesto de responsabilidad que, como se dijo, lo requiere para su procedencia.
Esto es así por varias razones.
Primero, la denuncia que originó la causa penal en donde se procesó a Legumbres la efectuó, ante la PFA, un funcionario del Banco de la Nación Argentina, no de la Aduana. Es decir que si para que proceda responsabilidad por denuncia calumniosa debe concurrir un factor de atribución subjetiva, nunca puede concebirse tal responsabilidad si quien originó la causa penal con su denuncia es una persona distinta de la demandada por ese motivo.
Segundo, la aduana se presentó y fue tenida como querellante en esa causa (fs. 456/459), formuló acusación (fs. 939/950) y, efectivamente, recurrió —en ese carácter— los sucesivos pronunciamientos que declararon que los hechos investigados no constituían delito de contrabando (fs. 1028 y 1129/1141). Sus recursos se fundaron en una concepción de las tareas que competen a la Aduana distinta de la que se decidía en la causa. Entiendo así que la aduana, en la causa penal en cuestión, no hizo otra cosa más que defender una inteligencia de la norma —recientemente sancionada— que la investía de una función que, de considerarse vulnerada, daría lugar a la configuración del delito de contrabando. Ello no implicó asumir un juicio de valor subjetivo sobre el proceder de la empresa circunstancialmente imputada. En otras palabras, la intervención de la aduana tuvo que ver, más que nada, con la defensa de lo que se consideró una competencia propia.
Todo ello —atendiendo la circunstancia apuntada acerca de la complejidad y novedad de la cuestión que se ventiló en la causa N° 1630, así como su carácter opinable, según lo dicho al examinar el error judicial invocado— me permite sostener que la actuación de la aduana, al constituirse en querellante, no puede considerarse maliciosa, temeraria o negligente, sino más bien una lógica consecuencia de la complejidad del asunto.
Por otra parte, los términos vertidos en las distintas presentaciones de la Aduana no se presentan injuriosos. El grueso de las presentaciones, insisto, se limita a defender —con vasta argumentación y citas normativas— la noción del derecho que consideraba a la aduana investida de una función cuya vulneración daría lugar al delito de contrabando. Por esto no es posible, reitero, caracterizar como maliciosa la conducta procesal de la aduana. 
Es por todo ello que no cabe concluir de otra manera que la adelantada más arriba. Legumbres, al no acreditar la concurrencia del factor de atribución subjetivo, no logró demostrar los presupuestos necesarios para hacer nacer la responsabilidad de la aduana por denuncia —o querella, si se me permite— calumniosa.
Vale agregar, porque Legumbres sólo hace mención a la postura de los fiscales que compartieron su tesis, que, si bien, efectivamente, el temperamento recursivo de la aduana no fue acompañado por los fiscales que intervinieron ante la instancia de grado y la alzada (ver fs. 967 y 1066), no es menos cierto que, como hice notar, el Procurador General de la Nación dictaminó de manera coincidente con la postura asumida por la Aduana.
VII. d) La conducta del BCRA
Legumbres atribuyó responsabilidad al BCRA por el “bloqueo de cuentas y fondos en todo el sistema financiero del país”, como dije, accionar que mereció la calificación de “alevoso”, “salvaje” y “monstruoso”.
El juez de grado consideró que el accionar del BCRA se relacionó de tal forma con lo actuado por el juez penal que descartó la existencia de irregularidades por no existir error judicial.
En sus agravios la actora insistió en atribuir responsabilidad al BCRA por las medidas solicitadas “sin fundamentación alguna” y efectivizadas ante la justicia penal y la demora ilegitima en resolver el sumario que culminó con la declaración de prescripción.
Como primera medida, me remito a lo expuesto en el considerando VI en lo que atañe a la atribución de responsabilidad por la demora en la tramitación del sumario N° 1226.
Corresponde, sin embargo, examinar la irregularidad alegada con respecto a la actuación del BCRA al solicitar las medidas precautorias en cuestión.
El BCRA pidió diversas medidas precautorias en el marco de la causa N° 657/1982 en función de las facultades que le otorgaban los art. 39 (7) y 46 (8) de la ley 20.539 y el art. 15 (9) de la ley 19.359.
En la presentación con la que se inauguró la causa (fs. 7/8), el representante del BCRA sostuvo que la cuantificación de las medidas requeridas para la imposición de multas se efectuó atendiendo al beneficio ilegítimo obtenido mediante la utilización de los télex apócrifos, de acuerdo con lo establecido en el art. 2° de la ley 19.359 (texto según ley 22.338). Los montos así calculados ascendieron a las sumas de $21.717.371.065.000, para la firma Legumbres SACIFIA y para Jorge Patricio Castellanos, Luis Colombres Garmendia, Raúl Regis Gandulfo y Rafael José Paz.
Requirió, concretamente, con relación a cada uno de ellos:
a) la inhibición general de bienes;
b) el embargo preventivo de bienes muebles depositados en instituciones autorizadas; y
c) bloqueo de fondos y valores depositados en cuentas corrientes y o bajo cualquier otro tipo de depósito.
Con ello en claro, es necesario señalar que la actora no cuestionó las normas que facultaron al BCRA a efectuar los requerimientos precautorios en cuestión —en sus presentaciones no hay siquiera una mención a ellas—, y desde que la conducta desplegada por el BCRA no se apartó de aquellas, no es posible considerar irregularidad o ilegitimidad alguna en ese proceder. 
En cuanto a la queja por una desproporción irrazonable, también corresponde indicar que las medidas que el BCRA requirió no llegaron a trabarse por los montos allí consignados. Los fondos que Legumbres tenía disponibles en sus cuentas bancarias al momento de los hechos eran menores a los 750.000.000 de pesos ley 18.818 (10) (ver fs. 116 —Banco Shaw—, 119 —Banco de Boston—, 126 —Banco Provincial de Salta—, 129 —Banco do Brasil—, 130 —Banco de la Nación Argentina—, 131 —Banco Comercial del Norte— y 134 —Banco de Quilmes— del sumario BCRA N° 1226, contestaciones de distintas entidades bancarias que efectivizaron las medidas trabadas según comunicado telefónico N° 4778 del BCRA).
En concreto, esto implicó que las medidas requeridas se trabaron por montos muy menores. Ello hace caer la defensa relativa a que Legumbres las podría haber sustituido en caso de que los montos sean otros, puesto que, según lo constatado en la causa, no poseía los fondos suficientes para afianzar una obligación como la que podría constituir la eventual sanción a aplicar en el marco del sumario.
VII. e) La conducta de la Junta Nacional de Granos
Legumbres afirma que el bloqueo de mercadería de su propiedad constituyó un obrar antijurídico generador del daño cuya reparación pretende.
El juez de grado consideró que, si bien el carácter antijurídico de la conducta de la JNG fue reconocido en la sentencia de este tribunal del 28 de septiembre de 2010, entendió que no se demostró un daño específicamente atribuible a esa conducta y, por lo tanto, no consideró configurada la responsabilidad del estado en la forma propuesta.
Pues bien, en la causa N° 11.830/92, caratulada “Legumbres SACIFIA c. Junta Nacional de Granos/ Secretaría de Ganadería y Pesca s/ juicio de conocimiento” examiné la conducta de la JNG con relación a Legumbres. En aquella oportunidad, como lo reconoce el magistrado de grado, determiné, junto al juez Argento, que me acompañó en la integración de la sala, que al no haber existido un acto administrativo que disponga el bloqueo de la mercadería, la conducta de la JNG constituyó una vía de hecho. Por ese motivo, se reconoció el reintegro de la suma que Legumbres se vio obligada a abonar a la JNG en concepto de servicios de almacenaje y manipuleo.
En esa decisión se hizo notar que la caracterización de la conducta de la JNG como una vía de hecho no implicó un juicio acerca de su facultad para disponer el bloqueo de la mercadería como sanción. Asimismo, en aquella causa quedó acreditado que el bloqueo de la mercadería se produjo el 21 de septiembre de 1982 y cesó el 29 de octubre de ese año.
El reconocimiento del carácter antijurídico de la conducta de la Junta Nacional de Granos supone la constatación del factor de atribución y la posibilidad de imputar al Estado la conducta. Ello vuelve necesario continuar el examen de la responsabilidad endilgada con la ponderación de los restantes requisitos exigibles.
Ciertamente, no puedo apartarme de la conclusión del juez de grado. El exiguo plazo por el cual la mercadería estuvo inmovilizada como consecuencia de la vía de hecho administrativa y la ausencia de otras pruebas que relacionen los daños aquí alegados —sobre esto me extiendo más abajo— con esa conducta, me impiden atribuir responsabilidad al estado en los términos requeridos. En efecto, no puede pasarse por alto que la responsabilidad por la actividad ilícita del Estado exige, para su configuración, una relación de causalidad adecuada entre el accionar antijurídico (en el caso, la vía de hecho administrativa) y el daño alegado (ver, esta Sala, causa “Gamarra, Viviana Jorgelina c. DNV s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 20 de octubre de 2016). Esa relación causal no fue acreditada en autos. Tampoco el daño alegado, pero insisto, sobre esto vuelvo más abajo, en detalle.
Y, por último, si bien la actora alega que la privación arbitraria de la disponibilidad de un bien de su propiedad es un daño en sí mismo, ese daño sería distinto de aquel que alegó y buscó resarcir con la demanda de autos —ver considerando XI—.
IX. Habiendo efectuado un examen particular de las conductas de las demandadas que descartó las irregularidades a ellas atribuidas en la demanda, corresponde que me expida en orden a un razonamiento sobre el cual la actora vuelve con insistencia. Se trata de una noción según la cual la irregularidad de la conducta administrativa sería fruto de una acción conjunta de todas las demandadas, que persiguió la finalidad de “aniquilar” a Legumbres.
Tal concepción supone una irregularidad que no consiste en una extralimitación al ejercicio de potestades propias (tal fue el examen que antecede). En esta línea de razonamiento, la irregularidad de la conducta administrativa vendría dada por el ejercicio —de parte de las demandadas— de sus potestades legalmente atribuidas de manera tal que, en lugar de perseguir el fin público que la norma tuvo en miras al atribuirlas, se aparte de éste para perseguir uno distinto.
Nuevamente, aquí tampoco encuentro mérito para acoger ese planteo. Esto es así porque de las pruebas rendidas en la causa no surge que la actora haya demostrado una coordinación entre las conductas desplegadas por las demandadas que tienda a esa finalidad espuria. Y, si bien por momentos Legumbres hizo hincapié en el dolo que atribuyó a las demandas, eso, como se vio anteriormente, no quedó demostrado.
A esto hay que sumar, coincidentemente, que Legumbres tampoco denunció penalmente a los funcionarios que habrían actuado con dolo, abusando de su autoridad para perseguir aquella finalidad desviada.
Es por todo esto que tampoco encuentro una irregularidad en la conducta administrativa que permita considerar una responsabilidad del Estado en los términos así propuestos.
X. En este punto, habiendo desestimado la acción entablada con fundamento en la responsabilidad del Estado por actividad ilícita, corresponde examinar la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.
Esta sala recordó que, según “una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita debe probarse no sólo la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta de estatal y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado, sino también la existencia de un sacrificio especial en el afectado y la ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño (Fallos: 180:107; 310:2824; 312:343 y 1656; 315:1026; 318:1531; 321:2144; 323:4018; 324:3699; 331:1730; 335:1666)” (esta Sala, causa “Industrias Nor Bur SA c. PEN - ley 25.561 - dtos. 1570/01 214/02 (Nación-Lloyds) y otros s/ proceso de conocimiento - ley 25.561”, pronunciamiento del 9 de febrero de 2017). Con la sanción de la ley 26.944 se mantuvieron esos mismos requisitos (art. 4°).
El Máximo Tribunal, en una línea invariable de jurisprudencia ha dicho que:
(i) “la admisión de la doctrina de la responsabilidad estatal por los daños derivados de su actividad lícita no ha de ser entendida como dirigida a instituir en este ámbito un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva, de conformidad con el cual bastaría la mera acreditación de la existencia de nexo causal suficiente entre la actividad legítima de los órganos estatales y los perjuicios —de cualquier orden— que experimentasen los particulares, para suscitar la obligación de indemnizarlos” (Fallos: 317:1233; 330:2464; 337:548; 344:2488, entre otros);
(ii) “[e]n principio, las consecuencias necesarias y normales del ejercicio regular de los poderes estatales no dan lugar a indemnización, ni aun bajo las reglas de la responsabilidad por actividad lícita (conf. “Román” —Fallos: 317:1233—; “Friar SA” —Fallos: 329:3966—). De lo contrario, toda acción estatal traería aparejada la obligación de reparar pues es habitual que dicho accionar frustre algún interés individual. Esta conclusión, como se dijo en el segundo de los precedentes mencionados, haría imposible la tarea de gobernar” (Fallos: 341:1555, voto del juez Rosenkratz);
(iii) “[p]or tanto, sólo comprende los perjuicios que, por constituir consecuencias anormales —vale decir, que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de derechos patrimoniales—, significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional” (Fallos: 308:2626; 317:1233; 337:548);
(iv) es necesario demostrar “la existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta estatal y el perjuicio cuya reparación se persigue” (Fallos: 312:2022; 328:2654); y
(v) “los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir los daños causados por actos administrativos dispuestos por razones de interés general, verificando si tales daños efectivamente se han producido” y tienen la relación causal señalada (Fallos: 328:2654; causa D. 439. XXXIII. ORI “Distribuidora Química SA c. Estado Nacional s/ acción declarativa”, pronunciamiento del 24 de mayo de 2011).
La aplicación de esas pautas jurisprudenciales a la actuación lícita del poder judicial implicó, según lo resuelto en Fallos: 317:1233, que el potencial daño que pudiera surgir de las decisiones adoptadas por éste en una causa “comportan consecuencias normales y necesarias del ejercicio regular de la competencia conferida al magistrado por las normas procesales respectivas”, por ese motivo, “por aplicación de los principios precedentemente explicitados y en cuanto la restricción impuesta no ha superado lo que es razonable admitir en la materia, no corresponde admitir la indemnización reclamada”.
Siguiendo esa línea jurisprudencial cabe decir que, descartada la existencia de un error judicial, el Estado no responde por la actuación lícita del poder judicial. Esto es así porque las consecuencias que se siguen de esa actuación, en el caso de autos, no se presentan sino como las normales de una investigación penal por contrabando. 
Por otra parte, y en lo que concierne a las restantes demandadas, la multiplicidad de conductas que según la actora habrían influido en lo que entiende es el resultado dañoso —sobre esto vuelvo más abajo— atentan decididamente contra la consideración de una relación causal como la que repetidamente, desde el precedente “Ledesma”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha requerido para admitir este tipo de responsabilidad.
Siguiendo la tesis de la actora en su demanda, si ha sido el conjunto de conductas de las demandadas el que generó el daño que se alega y pretende resarcir, no es posible atribuir el carácter exclusivo y directo de causa a efecto a ninguna de ellas. Y si se atiende a la sumatoria de todas ellas, necesariamente, la relación causal se aleja en el tiempo y pierde la inmediatez que también resulta exigible.
Hay que agregar a ello que, de acuerdo con el informe que presentó el síndico del concurso de Legumbres —que la actora invoca en su favor— existieron, a su criterio, causas mediatas e inmediatas que influyeron en la situación económica que derivó en la cesación de pagos de la empresa (ver fs. 814/880 de esta causa). Por lo tanto, y aunque en aquella oportunidad se señalara al procesamiento de la sociedad como una de las causas inmediatas, no es posible dejar de lado la frustrante situación económica que atravesaba el país y que tenía impacto en la actividad de Legumbres como otra de las causas que contribuyó a aquella cesación de pagos. De allí que, lógicamente, tampoco es posible hallar en esa prueba la acreditación de una relación causal como la requerida para la procedencia de la reparación, más allá de lo que diré a continuación sobre el daño. También vale señalar que, si bien el síndico del concurso consideró que la cesación de pagos se produjo en el último bimestre de 1982, contemporáneamente al procesamiento de Legumbres, no es menos cierto que de su informe surgen datos que permiten ver que la actora había entrado en mora respecto de algunas deudas con anterioridad a la fecha del procesamiento. Se trató de deudas en moneda nacional y en dólares estadounidenses —vale señalar, por su cuantía, la deuda con el Banco Shaw SA por la suma de U$S 423.500—, con vencimientos en el año 1981 (enero, julio y agosto) y 1982 (abril y agosto), esto es antes de que se produzcan los hechos que consideró como generadores del daño.
XI. Finalmente, y sólo a mayor abundamiento desde que considero que lo anterior funda sobradamente el rechazo de los agravios, el examen de las constancias arrimadas a esta causa me permite concluir en que no son sólo los argumentos hasta aquí expuestos los que sellan la suerte de la pretensión resarcitoria de autos.
Es que, tal como lo remarcó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el examen sobre la procedencia de una acción como la intentada en autos —tanto si se trata de una responsabilidad por actividad lícita como ilícita— debe partir siempre “de la premisa insoslayable en esta materia de que la indemnización de los perjuicios lleva implícita la realidad de los mismos y su determinación requiere la comprobación judicial de tal extremo” (Fallos: 312:1599; 330:2748, entre otros).
En este caso, Legumbres, a lo largo de su escrito de demanda, aseguró que el daño que buscó resarcir consistió en la “muerte de la sociedad” o la muerte como sociedad exportadora. También habló de su entrada en concurso preventivo. Cuantificó ese daño en la ampliación de demanda que obra a fs. 133/134, cuando acompañó un informe del auditor externo de la empresa —cdor. Jorge Concha— que efectuó diversos cálculos para arribar a una suma de dinero que constituiría la pérdida de ganancias futuras y/o el valor “llave de negocio” de la empresa.
Pues bien, tratándose de una persona de existencia ideal, cabe señalar que la muerte a la que se alude no puede ser física, debiendo considerarse que el daño al que se alude con esa expresión vendría dado por su quiebra. Ello no se aprecia en la causa si se atiende que, según lo que consta en las copias del concurso de la actora que fueron acompañadas, éste nunca dio lugar a la quiebra de la empresa. De acuerdo con esas constancias, en noviembre de 2015 se decidió la prescripción de las cuotas concordatarias que pudieran eventualmente encontrarse adeudadas (ver fs. 2996). Finalmente, luego de aquella decisión, a fs. 3024, la jueza del concurso dispuso su conclusión, el cese de la intervención de la sindicatura, el cese de las limitaciones previstas en los art. 15 y 16 de la Ley de Concursos y Quiebras y el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes que pesaban sobre la concursada (pronunciamiento del 17 de agosto de 2017).
Por otro lado, el presunto daño económico que habría sufrido como consecuencia de no poder desarrollar la actividad exportadora no luce acreditado con la certeza exigible para una acción resarcitoria como la presente.
Esto es así porque los serios cuestionamientos que las consultoras técnicas ofrecidas por el Estado Nacional han efectuado —ver fs. 2888/2912— al informe contable acompañado por la actora a fs. 91/130 (como dije, con la intención de demostrar y cuantificar el daño alegado), lo impiden.
Las consultoras técnicas del Estado Nacional pusieron de relieve que Legumbres no llevó adecuadamente sus libros contables, no sólo por los folios en blanco que contenían, sino también por la ausencia de registros por el período transcurrido entre el secuestro de los libros en la causa penal y el momento en que se habilitó un nuevo libro (año 1986). Ese aspecto tan relevante se constata en los anexos 1 y 2 del informe del experto designado en autos (fs. 2826 y 2827). Sin embargo, el experto, a pesar de reconocer esas falencias, afirma que “los registros contables eran llevados en sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales en vigencia” (respuesta punto 1.b)). Esa respuesta del perito, sino invalida, al menos afecta, las afirmaciones y conclusiones a las que se arriba en el informe, cuando se las confronta con el estudio del asunto propuesto en el informe de las consultoras técnicas de las demandadas.
Sobre la base de esa consideración, cabe señalar que las consultoras técnicas del Estado Nacional cuestionan la operación efectuada por el contador Concha para arribar a la cuantificación del daño que alegó Legumbres.
Indican que el resultado positivo del ejercicio contable anterior al procesamiento de Legumbres al que allí se arribó, que fue avalado por el experto designado en autos (ver pericia 2826/2881), parte del equívoco de considerar el resultado financiero —en la época denominada popularmente como de “plata dulce”—. Aseguran, sin una refutación del experto designado en autos, que los resultados operativos en los ejercicios inmediatamente anteriores al procesamiento de Legumbres fueron negativos y ello sólo se modificó en el año 1982 por el diferimiento del ingreso de divisas, lo que arrojó el ficticio resultado positivo (punto 2.1).
A ello agregaron que no se hizo una adecuada previsión de incobrabilidad de ciertos créditos de la empresa y se repotenciaron algunos créditos al aplicar por duplicado el ajuste por inflación (punto 2.2 actora, 6 a 9 demandadas).
La conclusión que se expone en esa pieza es que no existió el daño alegado porque éste fue caracterizado como la privación de una ganancia que, en rigor, no existía y el valor llave de esa empresa, calculado sobre esos parámetros equivocados.
El informe de las consultoras técnicas socava las bases de la acción resarcitoria, ya que impide considerar probada la premisa de la cual ésta debe partir, que no es otra que la existencia y realidad del daño alegado.
XII. Desestimados los agravios de la parte actora, corresponde ingresar al examen de los recursos del Estado Nacional y de la Aduana.
Esta sala sostuvo que, en lo que concierne al régimen causídico, si bien el principio general contenido en el artículo 68 del código procesal no es absoluto y admite excepciones, no debe perderse de vista que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente (Fallos: 311:809; 317:1638; 343:1758), a fin de no desnaturalizar la regla general, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 312:889; 314:1634; 317:80, 1638; 323:3115; 325:3467). Por ese motivo los jueces deben fundar debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de ese principio (causas “Euqui SA c. EN M° de Salud y AS s/ Contrato Administrativo” y “Bruni, Vanina y otro c. GCBA y otros s/ daños y perjuicios”, pronunciamientos del 8 de octubre de 2013 y del 31 de julio de 2018, entre otros).
La distribución de costas decidida en la sentencia apelada tuvo su fundamento en que “la complejidad de las cuestiones planteadas en autos [pudo hacer] creer a la actora que le asistía mejor derecho”.
Si bien la multiplicidad de planteos y partes involucradas en la causa son factores que contribuyen a su complejidad, el carácter restrictivo con el que cabe interpretar la excepción a la regla me impide encontrar en ellos justificación para apartarme del principio general.
Corresponde, entonces, acoger los agravios de las demandadas e imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida.
En función de las consideraciones hasta aquí expuestas, voto por (i) desestimar los agravios de Legumbres, (ii) acoger los del Estado Nacional y de la Aduana y, en consecuencia, (iii)confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto al fondo del asunto y (iv) revocarlo en materia de costas, imponiendo las de ambas instancias a la actora vencida.
El doctor Facio dijo:
Comparto los fundamentos y la solución que propone el voto de la jueza Clara María do Pico —con excepción del séptimo párrafo del punto “VII.b”—, en el sentido de desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora e imponer las costas de ambas instancias a su cargo, en cuanto refleja cabalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la responsabilidad del Estado basada en el concepto de “error judicial” —expresada, entre otros precedentes, en las sentencias de Fallos: 311:1007, 327:1738, 328:3797, 328:4175, 329:3894, 332:552 y 333:2353— que otorga, según mi modo de ver, una adecuada respuesta al aspecto central de la controversia.
Así voto.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: (i) desestimar los agravios de la parte actora, (ii) acoger los agravios del Estado Nacional y de la Aduana, (iii) confirmar el pronunciamiento apelado en el plano sustancial, y (iv) revocar la sentencia apelada en materia de costas e imponerlas en ambas instancias a la parte actora. La jueza Liliana María Heiland no suscribe la presente por hallarse excusada (fs. 378 del expediente 8124/2000/2 “Incidente N° 2 - Actor: Legumbres SACIFIA Demandado: EN y otro s/ oposición de tasa (inc. de tasa de justicia)”). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Clara M. do Pico. — Rodolfo Facio. 
(1) El Estado Nacional unificó su representación en el juicio en el servicio jurídico permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ver resolución del Procurador del Tesoro N° 2/2009, fs. 1608/1610).
(2) Asegura que el precedente “Legumbres” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “fue una especie de “nunca más” en materia de contrabando, que brindó una evidente utilidad para la sociedad en general, a expensas de la propia Legumbres”.
(3) Publicado en LA LEY AR/JUR/3915/2008.
(4) A ese mensaje hizo referencia la Corte Suprema en el precedente aludido por el Procurador General (Fallos 298:693).
(5) En la publicación —de dificultosa lectura— de la edición del sábado 22 de febrero de 1947 del Boletín Oficial N° 15.704, se encuentra la ley 12.906 que faculta al PEN o al “órgano que él determine” a realizar allanamientos vinculados a la investigación de delitos económicos allí determinados en oficinas comerciales sin orden judicial (art. 10 inc. c)).
(6) Art. 97 C.A.: “1. El Administrador Nacional de Aduanas suspenderá sin más trámite del Registro de Importadores y Exportadores: (...) b) a quienes fueren procesados judicialmente por algún delito aduanero, hasta que la causa finalizare a su respecto” (redacción vigente al momento de los hechos).
(7) “Artículo 39. - El banco podrá requerir de las entidades financieras, casas, agencias, oficinas y corredores de cambio, exportadores, importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros y documentos y el suministro de todas las informaciones y documentación relacionadas con las operaciones que hubieren realizado o en las que hubieren intervenido. Las informaciones que se recojan tendrán carácter secreto y serán de aplicación, a su respecto, las disposiciones del artículo 34 de la ley de entidades financieras. Asimismo, se encuentra facultado para instruir sumarios y aplicar sanciones por infracciones a las normas de cambios y para solicitar, en cualquier estado de las investigaciones o de las actuaciones administrativas o judiciales, embargos preventivos y demás medidas precautorias por los importes que estime suficientes para garantizar las multas y reintegros que pudieran corresponder” (énfasis agregado).
(8) “Artículo 46. - El banco podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para dar cumplimiento a las funciones de inspección y control a su cargo. Podrá también requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora bajo la responsabilidad de los funcionarios que las soliciten”.
(9) “Artículo 15. - Los montos percibidos y a percibir en concepto de multas y de valores decomisados, provenientes de condenas firmes dictadas en virtud de la presente ley, ingresaran al Banco Central de la República Argentina” (texto según ley 22.338).
(10) Vale señalar que ese signo monetario se abandonó a los pocos meses de efectivizadas las medidas y fue reemplazado por el Peso Argentino (el 1° de junio de 1983), con una relación entre esa nueva línea y su predecesora de 1 $ a = 10.000 $ Ley.