Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ ERROR JUDICIAL ~ NARCOTRAFICO ~ PRISION PREVENTIVA ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia(CFedResistencia)
Fecha: 23/08/2022
Partes: H. J. D y otros c. Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Daños y perjuicios
Publicado en: LA LEY 26/09/2022, 10
Cita: TR LALEY AR/JUR/113948/2022

Sumarios: 
1 . No aparece probado, no se alega ni se advierte que la prisión preventiva que pesó sobre los actores haya resultado infundada o arbitraria. Por el contrario, las constancias de la instrucción penal revelan que tal acto procesal se basó en una apreciación de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas vigentes, lo cual permitió al magistrado considerar —con cierto grado de verosimilitud— que los imputados integraban una organización delictiva dedicada al transporte de estupefacientes. En consecuencia, el resarcimiento pretendido basado en una irregular actuación del Poder Judicial no puede proceder válidamente. 
2 . No corresponde imputarle responsabilidad al Estado mientras no se descalifique la actuación del juez y, en consecuencia, ninguna indemnización le corresponde pagar al Estado por la detención y prisión preventiva decretada por juez competente en el marco de sus funciones. 
3 . No basta a los fines indemnizatorios la sentencia de sobreseimiento o absolución, ni la acreditación del daño, si de ello no se puede deducir que tal resolución haya importado reconocer la arbitrariedad del auto de procesamiento y de la prisión preventiva. 
4 . A los fines de estimar la razonabilidad de la duración de la medida de prisión preventiva, debe tenerse presente que con las tareas de inteligencia desplegadas se pudo obtener escuchas telefónicas que permitían inferir la existencia de una verdadera organización delictiva, que operaba en territorio de distintas provincias, dentro de la cual los ahora accionantes serían eslabones en una cadena de tráfico de estupefacientes. 
5 . La circunstancia de que un procesado sea detenido y luego resulte absuelto no determina de por sí la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos, por cuanto si así se sostuviera, todo el andamiaje judicial perdería estabilidad, ya que es inherente a la actividad jurisdiccional la potestad de restringir la libertad personal cuando ella resulte indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. 
6 . Aun en los instrumentos internacionales incorporados a nuestro bloque constitucional la reparación del daño causado por la actividad jurisdiccional se halla limitada a aquellos supuestos en que la sentencia a la cual se imputa el error hubiera adquirido firmeza y medie el reconocimiento de la existencia del error judicial. 
7 . En el supuesto sometido a decisión no medió error judicial, sino que la absolución se dictó en virtud de la insuficiencia de los elementos probatorios reunidos. 

Texto Completo: 
11000875/2008
2ª Instancia.- Resistencia, agosto 23 de 2022.
La doctora Denogens dijo:
1. La magistrada de primera instancia desestimó la demanda promovida por los Sres. ... contra el Estado Nacional y/o quien resulte responsable, reclamando la indemnización correspondiente por compensación económica, daños morales, psíquicos, físicos y neurológicos, pérdidas de oportunidades, por los actos cuya responsabilidad recae sobre el Estado Nacional y que habrían afectado sus derechos y garantías. 
Disconformes, los actores interpusieron recurso de apelación el 14/09/2021, el que fue concedido libremente y con efecto suspensivo el 19/10/2021. Radicadas las actuaciones ante esta Cámara, los recurrentes expresaron agravios el 16/12/2021. Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contestó el día 03/02/2022, en los términos a los que remito en honor a la brevedad. El día 04/02/2022 se llamó Autos para sentencia.
2. Los recurrentes afirman, en primer término, que la sentencia apelada es nula y debe ser revocada, por ser manifiestamente arbitraria, contener incongruencia notoria, poseer fundamentación solo aparente, ser opuesta y contraria a las constancias de la causa y al texto expreso de las normas aplicables. Sostienen que se afectan las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.
Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.
Sostienen que corresponde hacer lugar a la pretensión de responsabilizar al Estado por la prolongación indebida de la prisión preventiva y por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la falta de medidas de seguridad y de control necesarias para preservar la integridad física, psíquica y moral de los actores mientras estuvieron detenidos.
Mencionan lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rosa”, que entienden aplicable en la especie. Invocan también las previsiones de la ley 24.390, cuyo art. 1 dispone que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia.
Afirman haber permanecido detenidos por un período de aproximadamente tres años, tiempo durante el cual todas las excarcelaciones que solicitaron les fueron denegadas por el Juez interviniente en resoluciones que fueron, además, confirmadas por la Cámara, hasta que finalmente se les concedió la excarcelación.
Consideran que el Estado había incurrido en el ejercicio irregular de la función jurisdiccional y que, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1112 del Cód. Civil, cabía atribuirle responsabilidad por actividad ilegítima.
Solicitan se haga lugar al recurso y se modifique lo relativo a las costas, imponiéndolas en ambas instancias a la demandada. Reservan el Caso Federal y finalizan con petitorio de estilo.
3. Como surge de la lectura de la pieza recursiva, los fundamentos que brindan los recurrentes no traslucen más que una comprensión de los hechos diferente a la efectuada por el juzgador. Y en tal sentido tiene resuelto la jurisprudencia que los agravios no pueden limitarse a señalar una mera discrepancia de criterios, o a manifestar simplemente una disconformidad con lo decidido por el a quo.
No obstante ello, se ha declarado que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por reunidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado. En el mismo sentido se ha resuelto al respecto que, ante la duda y en miras a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía constitucional que preceptúa el art. 18 de nuestra Ley Fundamental, corresponde considerar como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales...”, Ed. Librería Editora Platense SRL, 1988, T. III, p. 361).
Examinado el memorial presentado desde esa perspectiva, se constatan en el mismo los motivos que provocan la disconformidad del apelante, razón por la cual corresponde abocarnos a su tratamiento. Ello en tanto que los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de agravios, hace aconsejable que estos sean considerados con criterio amplio favorable al recurrente, de manera de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa.
4. Sentado lo anterior y analizados los agravios esgrimidos en función de las constancias de autos, adelanto desde ya, que corresponde desestimar la apelación deducida por los actores.
En primer término, y en relación a la alegada nulidad del decisorio por adolecer de defectos de fundamentación, debo señalar que, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, del fallo en cuestión surgen de manera correcta las razones que estructuran y sustentan debidamente la sentencia.
En efecto, la juzgadora señaló que, conforme doctrina de la Corte Nacional, no corresponde imputarle responsabilidad al Estado mientras no se descalifique la actuación del juez y, en consecuencia, ninguna indemnización le corresponde pagar al Estado por la detención y prisión preventiva decretada por juez competente en el marco de sus funciones. Seguidamente, examinó las pruebas rendidas y concluyó en que resultaban insuficientes para atribuir responsabilidad al Estado. Para ello tuvo en cuenta que la parte accionante no aportó elemento alguno que permita subsumir el caso en un supuesto de error judicial, puntualizando en referencia a la duración de la medida, que los accionantes no acreditaron que la continuidad de la prisión preventiva no fuera necesaria para la prosecución de las investigaciones. Remarcó, asimismo, que frente a la confirmación de la prisión preventiva por la Alzada, no hicieron uso de los recursos a su disposición. Tales argumentos brindan sustento suficiente a la decisión adoptada, lo que descarta la tacha denunciada.
5. En este sentido, contrariamente a lo que alegan los recurrentes, no basta a los fines indemnizatorios la sentencia de sobreseimiento o absolución, ni la acreditación del daño si de ello no se puede deducir que tal resolución haya importado reconocer la arbitrariedad del auto de procesamiento y de la prisión preventiva. (Fallos: 329:3176).
Por el contrario, las constancias de la instrucción penal revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación razonable de los elementos de juicio existentes hasta ese momento, así como en la aplicación de las normas procesales vigentes. En efecto, a los fines de estimar la razonabilidad de la duración de la medida de prisión preventiva, debe tenerse presente que las tareas de inteligencia desplegadas permitieron obtener escuchas telefónicas que permitían inferir la existencia de una verdadera organización delictiva, que operaba en territorios de distintas provincias, dentro de la cual los ahora accionantes serían eslabones en una cadena de tráfico de estupefacientes. 
Asimismo, cabe poner de resalto que para que el Estado sea responsable del perjuicio ocasionado a quien, imputado por un delito, sufre efectivamente prisión preventiva y luego resulta absuelto, es exigible que: a) la absolución haya sido dictada en virtud de su inocencia manifiesta; y b) el auto de prisión preventiva, aun confirmado en las instancias superiores o provenientes de estas, se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario (Fallos: 321:1712). Para que la absolución posterior abra la instancia resarcitoria es menester que concurra la demostración de una absoluta y manifiesta inocencia liminar (Fallos: 325:1855), elementos que no concurren en la especie, en que —como se ha señalado— el proceso transitó por los carriles normales, y la absolución de los actores se dio como consecuencia de que el Ministerio Público Fiscal se abstuviera de formular acusación. Señala Marienhoff que, en las circunstancias antes mencionadas, el daño sufrido por la privación de la libertad no es indemnizable: a) en primer lugar, porque nadie puede invocar su propia torpeza o negligencia para pedir una indemnización, porque tal persona debió evitar situaciones equívocas; b) en segundo lugar, porque el Estado se limitó a cumplir su deber constitucional de administrar justicia, administración de justicia que, para llevarse a cabo, requiere muchas veces que el imputado permanezca privado de su libertad; c) en tercer lugar, porque la conducta del Estado recién aparece expresada con la sentencia definitiva en última instancia por lo que mientras este último organismo no se haya expedido, no puede efectuársele reproche al sujeto público. (cit. por Andrada, Alejandro Dalmacio, “Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos”, Ed. LA LEY, 2008, p. 164).
En consonancia con lo que vengo sosteniendo, desde la doctrina se ha declarado que la circunstancia de que un procesado sea detenido y luego resulte absuelto no determina de por sí la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos, por cuanto si así se sostuviera, todo el andamiaje judicial perdería estabilidad, ya que es inherente a la actividad jurisdiccional la potestad de restringir la libertad personal cuando ella resulte indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. (Cfr. Trigo Represas - López Meza, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. LA LEY, 2004, Tomo IV, p. 175) No debe perderse de vista, como lo señala Aída Kemelmajer de Carlucci que, si el procesado es liberado por el beneficio de la duda, la presunción de inocencia sirve para fundar el derecho a la libertad, pero no el de la indemnización por el Estado. (“Reparación de los daños causados por la prisión preventiva”, en Revista de Jurisprudencia Provincial Buenos Aires, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, febrero 1994, año 4, N° 1) Y en este punto, los apelantes no han logrado acreditar el desacierto de la prisión preventiva, limitándose —como se dijera— a exponer su desacuerdo con la decisión en tal sentido.
En igual orden de ideas de lo hasta aquí desarrollado, en el caso “Román”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que solo cabe determinar como error judicial al que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de la administración de justicia y cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento.
En el mismo sentido, se ha señalado que para la adopción de estas medidas no se requiere certeza sobre la culpabilidad del imputado sino solo su verosimilitud, al punto que un juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo probable (Fallos: 321:1712 voto del Dr. Bossert). Es por tal motivo que la Corte ha descartado la viabilidad de reclamos de esta índole fundados solo en la absolución posterior (cfr. Fallos: 326:820; 330:2112); o porque esta se decretó no por inexistencia del delito sino por insuficiencia de los elementos probatorios colectados para demostrar la autoría, sin que el pronunciamiento importara descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto de los procesados (Fallos: 321:1712 cit.); o basados en declaraciones posteriores de nulidad, que no controvirtieron la eficacia probatoria de los elementos tenidos en cuenta para el dictado del auto de prisión preventiva (Fallos: 328:2780); o por la nulidad del allanamiento y, como consecuencia, de los actos posteriores a él (Fallos: 328:4175); porque la absolución tuvo su causa en vicios procesales (Fallos: 329:3806); o, finalmente, en razón de haberse ordenado por el mero beneficio de la duda (Fallos: 329:3176). (cit. en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, Fecha: 15/02/2018, Cita: MJ-JU-M-109447-AR | MJJ109447 | MJJ109447).
Desde esta perspectiva, y frente a lo sucedido en la causa penal, cabe concluir en que no aparece probado en autos, no se alega ni se advierte que la prisión preventiva que pesó sobre los actores y dio lugar a este pleito haya resultado infundada o arbitraria. Por el contrario, las constancias de la instrucción penal revelan que tal acto procesal se basó en una apreciación de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas vigentes, lo cual permitió al magistrado considerar —con cierto grado de verosimilitud— que los imputados integraban una organización delictiva dedicada al transporte de estupefacientes. En consecuencia, el resarcimiento pretendido basado en una irregular actuación del Poder Judicial no puede proceder válidamente. 
6. A continuación, corresponde que me expida respecto de lo normado por el Pacto de San José de Costa Rica, más conocido como “Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El art. 10 de dicho Tratado, invocado por los recurrentes, establece que: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.
De dicho precepto se extrae el principio general según el cual tendrá derecho a ser indemnizada —conforme a la ley— toda persona que, habiendo sido objeto de una sentencia condenatoria firme, haya sufrido una pena como resultado de tal condena, si esta es ulteriormente revocada o la persona condenada es indultada por haberse descubierto un hecho que pruebe plenamente la comisión de un error judicial. Sin embargo, tal garantía no es aplicable si el fallo condenatorio se anula en apelación, es decir, antes que sea definitivo, o en virtud de un indulto de carácter humanitario o discrecional, o motivado por consideraciones de equidad, que no impliquen que haya habido un error judicial. (Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 32, artículo 14, “El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 52/53).
El mismo órgano internacional ha establecido las condiciones de aplicación de la indemnización por error judicial: a) una sentencia condenatoria firme pronunciada contra una persona por un delito; b) una pena impuesta como resultado de tal sentencia; y c) la ulterior revocación de la sentencia o el indulto por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. (Colin Uebergang c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/71/D/963/2001, párr. 4.2-4.3).
Es decir que, aun en los instrumentos internacionales incorporados a nuestro bloque constitucional, la reparación del daño causado por la actividad jurisdiccional se halla limitada a aquellos supuestos en que la sentencia a la cual se imputa el error hubiera adquirido firmeza y medie el reconocimiento de la existencia del error judicial. 
Tales presupuestos no concurren en el caso de autos, en que la absolución de los imputados tuvo lugar antes del juicio oral, en razón de que el fiscal se abstuvo de formular acusación contra ellos. Fundamentó tal decisión indicando que la única prueba en contra de los aquí accionantes consistía en escuchas telefónicas, las que conforme doctrina de la Corte Suprema son consideradas un “indicio”, y que más allá de ello era necesario contar con otros aportes probatorios.
En conclusión, en el supuesto sometido a decisión no medió error judicial, sino que la absolución se dictó en virtud de la insuficiencia de los elementos probatorios reunidos. 
7. En punto a la razonabilidad del plazo de duración de la medida de prisión preventiva, y la falta de aplicación del precedente Rosa, que los recurrentes cuestionan, es dable precisar que en dicho fallo, la Corte Nacional consideró que el mantenimiento de la medida cautelar por los dos primeros años de detención constituyó el producto del ejercicio regular del servicio de justicia, y a la luz de las circunstancias particulares del caso examinó si el tiempo de detención posterior al que estuvo sometido el procesado podía ser calificado de excesivo e irrazonable, concluyendo en la inexistencia de razón suficiente para la prolongación de tal medida precautoria, lo que configuraba un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia por haberse prolongado innecesariamente la medida de coacción personal.
Expuestos de tal manera los fundamentos del fallo cuya aplicación solicitan los recurrentes, cabe precisar que las circunstancias fácticas que dieron lugar a dicha sentencia tuvieron lugar con anterioridad al dictado de la ley 24.390, que fija los plazos para la prisión preventiva.
Dicha norma establece en su artículo 1 que: “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, esta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor.”
Es decir que en el supuesto de autos, a diferencia de lo que ocurrió en el precedente Rosa, existe una ley que establece la duración máxima para la prisión preventiva. Los recurrentes permanecieron privados de su libertad por el período comprendido entre el 01/05/2003 y el 18/04/2006, por lo que no puede sostenerse prima facie la ilegitimidad de su duración, toda vez que en el caso de autos no se ha superado el plazo máximo que establece la normativa específica.
En efecto, desde la doctrina se ha señalado que la ley N° 24.390 no establece en términos generales el “plazo razonable” de duración de la privación de la libertad a título cautelar —lo que resulta acertado pues ello debe ser analizado en cada caso concreto conforme sus particularidades y los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan este instituto—. (Cfr. Suárez, Paulo Ignacio, “La prisión preventiva. Límites temporales del encarcelamiento preventivo y la cuestión del “plazo razonable” de duración”, 07/10/2020, www.saij.gob.ar, Id SAIJ: DACF200211).
Analizando desde tal perspectiva las constancias de la causa penal, se advierte que al momento de la detención se investigaba la posible maniobra llevada a cabo por dos grupos, que integrarían los recurrentes, que operaban en las provincias de Misiones y Santiago del Estero y quienes ingresarían estupefaciente (marihuana) desde la República del Paraguay hacia la costa Argentina, y desde allí la trasladaban hacia Santiago del Estero e incluso a Chile, para su comercialización (Causa N° 2463 Anexo 111). Desde la perspectiva de la complejidad que evidencia la investigación de los hechos descriptos, no puede considerarse desproporcionado el tiempo por el cual se prolongó la prisión preventiva dispuesta contra los aquí actores, máxime si se considera que las escuchas telefónicas obrantes en el expediente constituían indicios del rol que cumpliría cada uno de los imputados dentro de la organización delictiva, lo que a mi juicio resultaba suficiente para fundar el peligro de entorpecimiento de la investigación en caso de que transitaran el proceso en libertad, como asimismo el peligro de fuga, en razón de los vínculos que se investigaban en países limítrofes.
Los fundamentos hasta aquí señalados me convencen de la improcedencia del recurso de apelación incoado, debiendo en consecuencia, confirmarse la sentencia de primera instancia.
8. Finalmente, y a tenor de los fundamentos hasta aquí desarrollados, corresponde desestimar también el agravio esgrimido contra la imposición de costas, las que por imperio de lo normado en el art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación corresponde sean impuestas a los actores, quienes debe soportar también las de la Alzada por aplicación de idéntico principio.
Los honorarios correspondientes a esta instancia, atento a que en autos la demanda no expresa monto determinado, propicio regularlos partiendo de lo dispuesto en el art. 58 inc. a), y por aplicación de los arts. 16, 20 y 30 de la Ley 27.423. Se tiene en cuenta además que las escalas arancelarias en general refieren al patrocinio de la parte vencedora, por lo que para regular los honorarios del letrado del actor debe considerarse el carácter de vencida. En consecuencia —atendiendo a que el valor actual de la Unidad de Medida Arancelaria asciende a $9.001, conforme Acordada N° 12/2022— los propongo como sigue: Dr. ... en las sumas de $ ... y $ ... por su intervención en el doble carácter; Dr. ... en las sumas de $ ... y $ ... por lo actuado en el doble carácter.
La doctora Alcalá dijo:
Que, por los fundamentos expuestos por la vocal preopinante, adhiere a su voto y emite el suyo en idéntico sentido.
Por ello, esta Cámara Federal de Apelaciones, por mayoría, resuelve: 1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto el 17/09/2018 y, en consecuencia, confirmar la sentencia del 12/09/2018. 2. Imponer las costas a la recurrente vencida y regular los honorarios profesionales del Dr. ... en las sumas de pesos ... ($ ...) y pesos ... ($ ...) por su intervención en el doble carácter; Dr. ... en las sumas de pesos ... ($ ...) como patrocinante y pesos ... ($ ...) como apoderado. Todo con más IVA si correspondiere. 3. Comunicar al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada N° 5/2019 de ese Tribunal). 4. Regístrese, notifíquese y devuélvase. De haberse dictado el Acuerdo que antecede por las Sras. Juezas de Cámara, que integran la mayoría absoluta del Tribunal, suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). Conste. — María D. Denogens. — Rocío Alcalá.