Voces: ABSOLUCION ~ ACTO JUDICIAL ~ INDEMNIZACION ~ PODER JUDICIAL ~ PRISION PREVENTIVA ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I(SCMendoza)(SalaI)
Fecha: 19/08/2015
Partes: A., F. c. Provincia de Mendoza s/ d. y p. p/ rec.ext.de inconstit-casación
Publicado en: LLGran Cuyo 2016 (febrero) , 28, con nota de José Luis Correa;  RCyS 2016-IV , 79, con nota de José Luis Correa;  LLGran Cuyo 2016 (julio) , 422, con nota de José Luis Correa;  
Cita: TR LALEY AR/JUR/45521/2015

Hechos: 
Se dedujo acción de daños por los perjuicios sufridos por dos personas que fueron imputadas y luego declaradas absueltas, siendo privadas de su libertad por más de un año. En ambas instancias la demanda fue rechazada. El Tribunal Superior de Mendoza revocó la decisión.   

Sumarios: 
1 . El Estado provincial es responsable por los daños sufridos por dos personas que fueron procesadas y respecto de las cuales se declaró la absolución con posteridad, siendo privadas de su libertad por casi dos años, si se observa en el caso la actividad de la defensa dirigida a obtener la liberación de aquellos, por lo que es indudable que el Poder Judicial tuvo oportunidad de conocer las circunstancias que habilitaban la medida de coerción y no lo hizo. 
2 . Aun cuando no haya habido funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial, ni tampoco dilación indebida en el proceso, existe la obligación del Estado de responder por el daño causado en el ejercicio de su actividad lícita, cuando la persona que fue privada de libertad no resulta condenada, derecho humano fundamental (del voto del Dr. Perez Hualde). 

Texto Completo: 
Mendoza, agosto 19 de 2015.
1ª ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto? 2ª En su caso ¿qué solución corresponde? 3ª Costas.
1ª cuestión.— El doctor Pérez Hualde dijo:
I. Plataforma fáctica.
Los hechos relevantes para la solución del presente caso son los siguientes:
Los Sres. F. A. y P. A. G. promovieron acción de daños contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza, por la suma de $62.253,68, por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación de la libertad a la que fueron sometidos a causa del proceso penal N° 3208/162.793, caratulado: "FC. C. A. L., F.; G., R., P. y ots. p/ abuso sexual agravado en conc. real con tenencia de arma y municiones de guerra".
Relatan que a raíz de ese proceso el Sr. F. A. fue detenido el día 04/07/2000 y privado de su libertad durante un año, once meses y veinticuatro días, mientras que el Sr. P. G. fue detenido el 22/08/2000 y mantenido en ese estado durante un año, diez meses y seis días.
Indican que las actuaciones procesales fueron lentas y superaron todos los plazos ordenatorios reglados por la legislación adjetiva, plasmándose la verdad real durante el juicio oral, en el que el Fiscal no mantuvo la acusación, dictándose sentencia absolutoria por la Sexta Cámara del Crimen el día 28/06/2002.
Al modificar su demanda transcriben parcialmente las declaraciones testimoniales y demás prueba que se rindió en la causa penal antes del auto de procesamiento y prisión preventiva de fecha 15/09/2000 dictado por el juez en contra de los accionantes (fs. 391/394). Según alegan, el juez en la mentada resolución -luego de realizar un detalle de las contradicciones que surgían de las probanzas arrimadas-, sorprendentemente y escapando a toda lógica, afirma que la declaración de la víctima y el reconocimiento que ésta haga del victimario es un indicio grave, si no se dice y prueba un ánimo previamente adverso hacia el imputado, agregando que existen otros indicios que sustentan la incriminación, como el examen físico y psíquico de la víctima y el examen psíquico del Sr. A. En cuanto a G., asevera que el procesamiento directamente es arbitrario por remitirse a las consideraciones ya formuladas.
Continúan mencionando las pruebas que se incorporaron, entre ellas el examen de ADN (fs. 465/474) que constató la presencia de material genético sólo atribuible, además de la propia víctima, a R. M. O. M., alias D. o P., quien resultaba ser precisamente el protegido de la víctima al excluirlo de los hechos que atribuía al resto de los encartados, lo que originó el dictado de procesamiento y detención de éste (fs. 476). De ese examen, agregan, surge que no se encontró material de los actores A. y G., por lo que el abogado defensor de los accionantes solicitó el 26/02/2001 (fs. 489) el sobreseimiento, solicitud que no recibió respuesta por parte del Tribunal.
Luego de prestar declaración indagatoria el Sr. O. y la nueva declaración de la víctima de fs. 522, el juzgado dictó la falta de mérito para el primero el día 10/04/2001.
El día 16 de abril de 2001 el abogado defensor reitera la solicitud de sobreseimiento de sus pupilos, proveyendo el Tribunal a ésta última petición: "téngase presente".
Dicen que, luego del auto de procesamiento del Sr. G. por el delito de detención ilegítima de la libertad (fs. 535/536), se dedujo recurso de apelación, el que fue desestimado el 02/07/2001 por cuestiones formales en cuanto a la imputación por abuso sexual agravado, rechazándose también en lo que respecta a la privación ilegítima de libertad.
Manifiestan que a pesar de la falta de sustento de la detención de los actores, el Fiscal solicitó el 04/10/01 la elevación a juicio (fs. 608), a lo que el defensor de los imputados se opuso, instando nuevamente el sobreseimiento (fs. 611/615), rechazándose la petición, según indican, con los mismos fundamentos vertidos en resoluciones anteriores. Esta resolución fue recurrida, siendo también rechazada por la Cámara.
Concluyen en que las contradicciones de la víctima se evidenciaron desde el inicio de la causa, atribuyendo a un error del juzgador en la interpretación de los hechos y de las pruebas reunidas el haber mantenido la prisión de los accionantes. Refieren que la supuesta víctima ha manejado el proceso a su arbitrio, ocultando situaciones, dejando de reconocer personas que quería proteger, ocultando el tenor de la relación que tenía con el imputado A. y simulando un estado de virginidad inexistente.
Consideran sorprendente que el juez de la causa haya mantenido su convicción incriminatoria cuando la denunciante reconoció haber mantenido relaciones sexuales en forma voluntaria con O. el día lunes 03 de julio a las 14:00 hs., esto es, después de que supuestamente había sido violada por siete personas durante la noche anterior. Aseveran que la supuesta víctima no quería regresar a su casa por temor a las reprimendas, lo que quedó evidenciado con la declaración de su madre a fs. 163 vta.
Enuncian una serie de pruebas que se agregaron a la causa el día 13/07/2000, es decir, a sólo diez días de haberse iniciado la investigación, destacando que, sin embargo, el órgano judicial tardó prácticamente dos años en declarar lo que resultó evidente desde el primer día, máxime cuando ninguno de los actores poseía antecedentes penales.
Reclaman como daño patrimonial las sumas que dejaron de percibir los actores como consecuencia de su detención, teniendo en cuenta los montos que percibían y que ellos mismos denunciaron en su declaración indagatoria como también los días en que se mantuvo aquélla situación. Como daño extrapatrimonial peticionan la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) para cada uno de ellos.
El análisis de las actuaciones penales revela que la investigación se originó con motivo de la denuncia formulada por el Sr. E. M., padre de M. R. J. M., dando cuenta que su hija se había retirado del hogar a las 18 horas del día domingo 2 de julio de 2000 y que hasta el día 3 de julio a la 1:30 horas no había regresado, indicando que la menor podría encontrarse en un domicilio del Barrio San Jorge donde residiría su novio, a quien apodaban "P.". Esta denuncia fue ampliada el mismo día 3 de julio a las 19:30 horas por la menor M. R. J. M., quien expuso que el día anterior decidieron con su amiga C. B. asistir a un cumpleaños que se realizaba en el Barrio San Jorge, cerca de donde vivía su novio llamado F. (de apodo P.), indicando que allí se encontraba él, con quien mantuvo una discusión por lo que se retiró. Que él la siguió hasta afuera y la amenazó con un arma de fuego, llevándola hasta el domicilio de él que era cerca, en la misma manzana. Que allí cerró la puerta y le dijo a su amiga que no podía entrar. Que en el interior de la vivienda se encontraban varios amigos de su novio, entre los cuales recuerda a ... y ... Afirmó que su novio la llevó al dormitorio en donde le ordenó que se desvistiera para mantener relaciones sexuales con él, y que una vez ocurrido esto comenzaron a entrar las otras personas al interior de la habitación y también mantuvieron relaciones sexuales, de a uno, que fueron cuatro en principio y que luego llegaron dos muchachos más. Que en todo momento su novio la amenazaba con matarla si se resistía. Que permanecieron en la vivienda toda la noche, que como a las doce treinta horas de la noche vino la policía al lugar, golpeó la puerta pero todos se quedaron callados. Que luego llamó su hermano pero su novio negó que ella estuviera allí y seguidamente tomó las armas, las colocó en una bolsa y las llevó a casa de .... Que finalmente llegó su madre con una tía y la sacaron de la casa con la ayuda de otro muchacho (D.) que no había participado de los acontecimientos del día anterior.
F. A. prestó declaración indagatoria el 04/07/2000. Sostuvo que ... es su novia desde hace cuatro meses aproximadamente y que el día domingo la invitó a ir a un cumpleaños cerca de su casa, en donde bailaron y volvieron a la casa de él, donde mantuvieron relaciones sexuales. Que alrededor de las 22:00 hs. golpea la puerta la madre de ... y que ella no quiso salir por temor a que la retaran. El dice que esperaran a la hermana de ella y ella acepta, diciendo que se quedaría en su casa hasta el día siguiente. Que se levantaron y luego de algunas idas y vueltas, ... se fue con Carina (su amiga) y ... (su hermana) y en el camino se encontraron con la madre y se fueron a su casa. Que él se fue con algunos muchachos a jugar a la pelota, luego comieron algo y cuando estaban a punto de irse, llegó la policía.
Luego de las declaraciones testimoniales de la hermana de la supuesta víctima (... M., fs. 139/141), de su padre (E. M., fs. 142/143), de su madre (..., fs. 163/165), de ella misma (fs. 168/170), de su amiga (C. B., fs. 171/174), del Sr. ... (fs. 366), la declaración indagatoria del imputado ... (fs. 331/332), el examen psíquico de la supuesta víctima (fs. 151), del Sr. F. A. (fs. 243) y los reconocimientos de los imputados (fs. 250, 251, 252, 253, 273, 274, 320), se ordenó el procesamiento y prisión preventiva de los actores (fs. 391/394, 15/09/2000). El auto fue apelado (fs. 417), pero no mantenido, por lo que a fs. 423 así se declaró. Se rindieron las declaraciones testimoniales de la Sra. ... (fs. 441), del Sr. ... (fs. 442) y del personal policial que intervino en los allanamientos, se tomó declaración indagatoria al imputado Sr. G. (fs. 448). A fs. 489/492 el defensor de los imputados solicita el sobreseimiento, petición que no recibe respuesta alguna. A fs. 521/522 prestan declaración el imputado O. y la supuesta víctima. A fs. 529/531 se solicitó el sobreseimiento de los Sres. A. y G., ordenando el Tribunal tener presente lo expresado a fs. 531 vta. A fs. 535/536 se ordena el procesamiento y prisión preventiva del Sr. G. por el delito de privación ilegítima de la libertad, el que recurrido por el acusado, fue confirmado por la Sexta Cámara del Crimen a fs. 553/554. A fs. 606 se agrega nuevo examen psíquico a la denunciante. A fs. 608/609, en fecha 03/10/01 la Fiscal de Instrucción solicita la elevación a juicio, a lo que se opone el defensor de los accionantes a fs. 611/615 (escrito de fecha 23/10/2001), petición que es rechazada en definitiva por el juez a fs. 616/618 (24/10/2001), elevándose la causa a juicio. Recurrida la resolución el 12/11/2001 (fs. 634), es confirmada el 27/02/2002 por la Cámara del Crimen (fs. 659/660). Realizado el debate, se dicta sentencia absolutoria el día 28/06/2002, por falta de acusación por parte del fiscal.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. El sentenciante razonó, en función del análisis del expediente penal, que no existía arbitrariedad o falta de justificación en la resolución que aplicó la prisión cautelar, la que sólo aplicó la ley penal, tanto adjetiva como sustantiva.
Expresó que, si bien en el auto de procesamiento se deslizaban algunas inconsistencias -puesto que menciona algunas contradicciones entre la supuesta víctima y su hermana- y el párrafo que fundamenta el procesamiento de G. no parecía contener una motivación concreta e individual a su respecto, ello no lo convertía en palmariamente erróneo y menos ilegítimo. Destacó que los imputados actores consintieron el auto de procesamiento y de prisión preventiva, con lo que no pueden luego pretender erigirse contra ella.
Indicó que el juez penal contó con elementos objetivos que lo llevaron al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa procesal- de que había mediado delito y de que existía la probabilidad cierta de que los imputados fueran autores, perspectiva desde la cual sólo podía responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional causante del daño fuera declarado ilegítimo y dejado sin efecto.
Destacó que, de seguirse la postura adoptada por el actor, en todo caso en que no media condena se estaría ante error judicial, lo cual resulta improponible.
Puntualizó que, no obstante existir posiciones proclives a la reparación sin más requisitos que la comprobación de que un sujeto que fue privado cautelarmente de libertad fue luego absuelto o sobreseído (voto del Dr. Pérez Hualde en el caso "Valliz Abdo"), ellas no son predominantes en doctrina y jurisprudencia y no compatibilizan con la jurisprudencia de la Corte Federal.
Este pronunciamiento fue apelado por los actores y la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la sentencia de origen.
Para decidir de este modo, luego de referirse a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales imperantes en la materia, la Alzada afirmó que la indemnización no debe concederse en forma automática por la absolución del imputado, sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele infundado o arbitrario.
Luego de recordar los antecedentes del caso, concluyó que no se encontraban presentes los presupuestos de la responsabilidad del Estado, ya que no había quedado demostrado que hubiese existido grosero error judicial al dictarse el auto de procesamiento y ordenarse la prisión preventiva de los imputados.
Agregó, como valladar autónomo para la procedencia de la indemnización, que la causa del sobreseimiento no era la prueba de la inocencia del imputado, ni una declaración en tal sentido, sino la falta de acusación fiscal que obligó a la Cámara a dictar la absolución a tenor de lo dispuesto por el art. 4° del CPP, es decir, por el beneficio de la duda.
En este punto, ponderó que no resultaba indiferente la causa de la absolución o sobreseimiento cuando se trataba de meritar la procedencia de la indemnización por el daño generado por la prisión preventiva, citando doctrina que negaba el resarcimiento cuando la sentencia absolutoria se fundaba en el beneficio de la duda, o el sobreseimiento se dictaba luego de la prórroga extraordinaria sin haberse modificado la situación, o en general, por no haberse reunido elementos suficientes para demostrar la perpetración del delito o su autoría.
Valoró que los argumentos vertidos por el juez de la causa para elevar la causa a juicio fueron compartidos por el Ministerio Público y recibieron confirmación por parte de la Cámara en oportunidad de revisar la decisión. Agregó que el Tribunal de Alzada se fundó, entre otros argumentos, en que la prueba arrimada se erigía en un marco indiciario cargoso, con entidad suficiente para justificar el tránsito de la causa a la etapa plenaria, expresando que el resolutorio atacado aparecía debidamente fundado y la línea de razonamiento, adecuada. De todo ello, la Cámara Civil concluyó que el caso no encuadraba en los patrones de arbitrariedad palmaria, manifiesta, evidente y ostensible que dan paso a la acción civil resarcitoria.
Contra esta sentencia desestimatoria, los recurrentes interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación, resultando admitido únicamente el primero.
II. Recurso de inconstitucionalidad.
Fundamentan el recurso en los supuestos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del art. 150 del CPC.
de reseñar los antecedentes de la causa, critican la decisión del Tribunal de Alzada porque, luego de reconocer la posibilidad de otorgar una indemnización cuando media una arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento seguida de la ulterior absolución o sobreseimiento del imputado, no se dispone a realizar un debido análisis de la razonabilidad o no de aquél y de la prisión preventiva.
Indican que los jueces de grado han realizado un análisis formal del auto en que se dictó la prisión preventiva, repasando los elementos que tuvo en cuenta el juez penal y destacando que su decisión fue confirmada por la Sexta Cámara del Crimen, pero en ningún pasaje de sus resoluciones se expiden sobre la real razonabilidad de los argumentos del juez penal, basándose en el consentimiento de los actores al auto de procesamiento, al no haberlo recurrido. Destacan que el fundamento de su reclamo se basa en la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento, debiendo por tanto analizarse su razonabilidad, teniendo especialmente en cuenta las distintas finalidades de los fueros penal y civil.
Consideran arbitrario el razonamiento de la Cámara en cuanto consideró "valladar autónomo para la procedencia de la indemnización" el hecho de que la causa del sobreseimiento de los imputados no fuera la prueba de su inocencia ni una declaración en tal sentido, sino la falta de acusación fiscal que tornó aplicable el beneficio de la duda conforme al art. 4° del C.P.P., puesto que si bien es cierto que la Fiscal interviniente expuso en el acta que correspondía absolver a los imputados conforme a las previsiones de esta norma, lo cierto es que debe tratarse de un mero error puesto que no hay ningún elemento que pueda sustentar esa afirmación, ya que, ni la Cámara del Crimen ni esta Corte poseen antecedentes que consideren que la conclusión del proceso producida como consecuencia de la falta de acusación fiscal se produzca por el beneficio de la duda.
Sin perjuicio de ello, afirman que en nuestro ámbito se ha sostenido que cuando la absolución procede por aplicación del in dubio pro reo, ello no puede proyectar ninguna incidencia negativa frente a la pretensión resarcitoria. Expresan que la Cámara no dio respuesta a sus planteos relativos a que, a pesar de la contundencia de las pruebas que se iban agregando al proceso, el juez de instrucción se negó a levantar la prisión preventiva ante los reiterados pedidos en ese sentido.
Al contestar, el recurrido sostiene que el quejoso debió decir y luego desarrollar en qué consiste la arbitrariedad y qué aspectos sustanciales habrían determinado que la resolución fuera favorable a su posición, resaltando que ha pasado por alto el requisito exigido por la jurisprudencia relativo al agotamiento de los remedios procesales para modificar el auto que califica de arbitrario, desde que ni siquiera ha explicado por qué razón debería quedar eximido de su cumplimiento.
III. Solución del caso.
El tema a dilucidar en esta instancia es si resulta arbitraria la decisión que denegó el reclamo indemnizatorio impetrado por los actores por entender que no existió error judicial en el dictado del auto de procesamiento y prisión preventiva y en la tramitación de la causa penal seguida contra los Sres. A. y G., en virtud de la cual permanecieron detenidos durante un año, once meses y veinticuatro días el primero y un año, diez meses y seis días el segundo, resultando finalmente absueltos luego del debate por falta de acusación de la Fiscal de Cámara.
La cuestión no es novedosa. Esta Sala ya se ha expedido sobre el tema de la indemnización de daños derivados de la actuación judicial en los procesos penales. Concretamente, de la sentencia del 19/5/08 in re: "Rojo Laura" (Rev. del Foro de Cuyo N° 89 p. 78), donde se reseñan tanto la doctrina, como todos los precedentes locales y de la Corte Nacional sobre el tema, pueden extraerse los siguientes principios:
-El dictado de la prisión preventiva configura una facultad judicial sometida a pautas abiertas y, consecuentemente, si en abstracto, la decisión judicial encuadra en las previsiones legales, la ulterior declaración de inocencia, per se, es insuficiente para disponer la reparación de los daños causados; sin embargo, esa indemnización es viable, además de los supuestos legal o constitucionalmente previstos en forma expresa, en otros fundados en principios generales de rango constitucional; esos casos son: (a) la dilación indebida de los procedimientos; (b) la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento seguida de la ulterior absolución o sobreseimiento del imputado; (c) la prisión preventiva obedeció a prueba ilegítimamente obtenida por la policía.
-Con respecto a la arbitrariedad manifiesta o error grosero del auto de procesamiento seguido de absolución o sobreseimiento, se señaló que: "Los votos de la Corte Nacional que abren la posibilidad de reparar los daños causados por la prisión preventiva aunque no exista indebida dilación de los procedimientos exigen, además de que el imputado haya sido finalmente absuelto, que la detención se haya dispuesto en apartamiento palmario de los hechos comprobados de la causa, y de modo insostenible desde el punto de vista de las normas que regulan su aplicación (CSN, 11/6/1998, "López Juan c. Provincia de Corrientes", Fallos 321-1717; CSN 18/7/2002, "Robles c. Provincia de Bs. As.", Rev. de D. Administrativo 2003-415 y Rev. de Responsabilidad civil y Seguros, 2002-V, p. 68; conf. Cám. Nac. Fed. Contencioso-administrativo, sala I, 31/3/2000, LA LEY, 2000-F, 637, con nota de redacción, "Responsabilidad del Estado por la actividad judicial"; ídem sala V., 19/6/2001, LA LEY, 2002-A, 484, con nota de Cassagne, Juan Carlos, "El carácter excepcional de la responsabilidad del Estado por daños causados por error judicial: sus límites"; S.C.Bs. As., 17/5/2000, La Ley Bs. As., 2000-1342 y ss.)".
-Para determinar si el auto de procesamiento es el resultado de error judicial grosero, si es arbitrario, o carece de sustento lógico, hay que tener en cuenta los elementos probatorios con los que el juez de instrucción contaba, y no los existentes en el plenario o debate, ya que el primero sólo necesita reunir medios de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso (ST Entre Ríos, 17/8/2004, La Ley Litoral 2005-1-37; en el caso, el Superior Tribunal provincial valoró, entre otras pruebas, que el iure de enjuiciamiento había rechazado el pedido de destitución del magistrado interviniente solicitado por la actora).
-En una posición de mayor apertura, no se exige como requisito sine qua non que el imputado haya sido declarado inocente (Ver, entre otros, Bossert, G., y Márquez Urtubey, Luis O., "Indemnización por prisión preventiva ilegítima", en Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Dr. Atilio A. Alterini, Bs. As., ed. A. Perrot, 1997, p. 468; Cafferata Nores, José I., y Hairabedián, Maximiliano, "La indemnización de la prisión preventiva de quien resulte sobreseído o absuelto", en Pensamiento penal y criminológico, año II n° 2, 2001 p. 257; entre otros argumentos, los juristas cordobeses afirman que limitar la indemnización a los casos de prueba de la inocencia es penar la sospecha)".
-Agotamiento de los recursos ordinarios, si bien se sostiene que no es un recaudo esencial, se señala que la jurisprudencia de mayor apertura para la viabilidad de la reparación exige que "las consecuencias perjudiciales no hayan podido hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento jurídico (CSN, 3/12/1996, Fallos 319-2824; Conf.Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. sala I, 19/10/2004. Rev. Responsabilidad civil y seguros n° 11, 2005, p. 55)". Más recientemente en igual sentido se ha expedido la Corte Federal en el precedente "Iacovone Hernán" en el que adhiere a los fundamentos dados por el Procurador General en su dictamen que afirma: "El acto jurisdiccional que origina el daño debe ser previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error".
Estos principios han sido mantenidos en forma reiterada por decisiones de esta Sala en pronunciamientos recaídos en autos: N° 97.309 "Morales Bazán", sentencia del 17/11/2010, N° 97.491, "Cabrera Díaz", sentencia del 16/02/2011; N° 101.477 "Fader Mora", sentencia del 11/04/2012; N° 100831"Murua Rivero" sentencia del 22/06/2012; N° 102967 "VallizAbdo", sentencia del 15/04/2013, "Nuñez" sentencia del 13/05/2013 y "Mancilla" sentencia del 16/04/2015.
Por mi parte, he adherido al criterio que postula, que aún cuando se considere que no hubo funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial en el dictado del auto de prisión preventiva, ni tampoco dilación indebida en el proceso, igualmente existe la obligación del Estado de responder por el daño causado en el ejercicio de su actividad lícita, al privar de la libertad a una persona que luego no resulta declarada culpable.
Cabe recordar en tal aspecto que, conforme lo estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa", por su parte el art. 5 de dicho cuerpo afirma que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral".
El caso de autos, tal como en aquél precedente, se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado derivado de su actividad lícita, que exige como presupuestos: a) La existencia de un daño cierto, b) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, c) la ausencia de un deber jurídico por parte del damnificado de soportar el daño y d) la imposición al damnificado de un sacrificio especial.
Estos principios también son aplicables en materia de actividad judicial, que es realizada por uno de los poderes del Estado, entre las que se encuentran los daños derivados del dictado de la prisión preventiva. En efecto, si bien la persecución del delito y la imposición de penas hacen a la función de administrar justicia, propia del Estado, ello no significa que no deba reparar los daños ocasionados a una persona que luego de ser privada de libertad, fue absuelta, tal cual ocurrió en autos.
Tal como ya lo he sostenido en un artículo publicado en el año 2009, en el que compartí el criterio seguido por el maestro Bidart Campos en el derecho constitucional y de José Said en el ámbito del derecho administrativo: "Es cierto que la culminación sin condena del proceso penal respecto del detenido preventivamente no demuestra que su detención haya sido injustificada. Pero ello es otra cosa, a los efectos de la responsabilidad no importa si fue o no justificada. Si no hubo condena no existe causa jurídica para que el detenido se vea obligado a soportar el daño en beneficio de la comunidad. Acertadamente destaca Said, que si el Estado, en este caso Poder Judicial y Ministerio Público, "dispone, por un lado, mantener privado de su libertad durante meses o años a un ser humano sin que exista una condena previa, y, por otro, no logra demostrar su culpabilidad; y si es el mismo Estado quien decide qué recursos humanos, materiales y normativos aplicar para investigar y sancionar la comisión de los hechos que se denuncian o persiguen de oficio; es posible exigirle que asuma la responsabilidad, constitucionalmente impuesta, de reparar o indemnizar a quienes resultaron víctimas de sus decisiones. Decisiones éstas que afectaron la libertad de personas y que no resultaron beneficiosas para la sociedad, pues ningún beneficio para la comunidad puede concebirse del hecho de privar de su libertad a personas inocentes".
El costo inevitable de la prisión preventiva como instrumento necesario para la investigación penal eficaz no puede ser asumido, en principio, por la víctima de esa prisión preventiva sin afectar notablemente el art. 16 CN si ella luego no es condenada. Debe ser asumido por la comunidad que necesita de esos mecanismos hasta que se inventen otros más eficaces ("Responsabilidad del Estado por la prisión preventiva" publicado en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública", RAP, año XXXI-370, julio 2009, p. 389-398).
Como lo sostuve en esa oportunidad con cita del precedente "Rojo" "Si la razón es que la actividad judicial persigue un beneficio social no cabría distinguir entre la actividad legislativa, la judicial y la ejecutiva y, consecuentemente, hay reparación cuando se trata de un daño de especial gravedad, que excede la tolerancia de lo que la vida en sociedad impone a todo ciudadano".
Sostuve en aquél precedente, y lo reitero en este, que aún cuando se considere, que no hubo funcionamiento irregular del servicio de justicia, ni error judicial, ni tampoco dilación indebida en el proceso, igualmente existe la obligación del Estado de responder por el daño causado en el ejercicio de su actividad lícita, cuando la persona que fue privada de libertad no resulta condenada.
Ello así porque se dan los presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad estatal por este tipo de actividad a los que hice referencia precedentemente. En efecto, en las actuaciones penales existió un ejercicio de la actividad jurisdiccional en la investigación de un delito, como consecuencia de la cual se produjeron daños a los recurrentes al privarlos de un derecho humano fundamental como es su libertad y que no tiene por qué soportar en forma individual, dado que resultaron absueltos del delito que se les imputó en los autos de procesamiento.
Abona mi conclusión lo ya expuesto en el precedente "Murua Riveros" referido a que la detención provisional se encuentra reconocida como excepción, en los instrumentos internacionales aplicables al caso conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se preocupa por desarrollar los principios a aplicar cuando se deba restringir la libertad de una persona sometida a juicio, así en su artículo 7, en relación con el derecho a la libertad personal se dispone:
"1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2.- Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3.- Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4.- Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.- Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio."
Por su parte el art. 9 apartado 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de todo detenido a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad y señala que la prisión preventiva no debe ser la regla general y que su libertad puede estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al juicio, a las diligencias procesales o para la ejecución del fallo.
En nuestro ordenamiento procesal la restricción de la libertad personal sólo procede de conformidad a las disposiciones previstas en la ley procesal y en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad sustantiva (art. 285 CPP Ley 1908), disposición similar rige en materia de prisión preventiva (cfr. art. 293 C.P.P.). Además toda medida de coerción ha de ser interpretada restrictivamente pues así lo indica el art. 2 del C.P.P.
Sin embargo, esta interpretación restrictiva pregonada desde lo teórico no se condice con el uso extensivo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizan los países latinoamericanos del encierro cautelar. Esa realidad ha sido reflejada en el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas realizado en base a una solicitud de información a los Estados miembros de la OEA en agosto de 2012, el que distingue como causas preponderantes de estas prácticas a las políticas criminales que plantean la flexibilización y mayor uso de la privación de la libertad como vía de solución al fenómeno de la delincuencia; y las amenazas a la independencia del poder judicial ( "http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf" http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf. Última visita 01/06/2015).
Lo hasta acá expuesto, me convence de la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido el que, de una manera irrazonable, negó la responsabilidad del Estado por los daños causados a los recurrentes por estar privados de su libertad durante un año, once meses y veinticuatro días (A.) y un año, diez meses y seis días (G.), para resultar luego absueltos de los delitos que se le imputaron por falta de acusación del Ministerio Fiscal.
Así Voto.
El doctor Gómez (por sus fundamentos) dijo:
De conformidad con los antecedentes del caso a resolver por esta Sala, enunciados precedentemente y en consideración a los interrogantes formulados, coincido con la determinación de los hechos relevantes para la dilucidación del asunto y la exposición del contenido del recurso de inconstitucionalidad deducido por el apoderado de la actora, que ha expuesto el Dr. Pérez Hualde en su voto (Capítulo II). Asimismo comparto su conclusión en respuesta al primer interrogante formulado, aún cuando las razones que me llevan a esa solución del caso discurren por otro sendero.
El recurso extraordinario:
Es doctrina pacíficamente admitida por esta Corte, en seguimiento de precedentes de la Corte Federal, que el recurso extraordinario no autoriza al Tribunal a sustituir el criterio de los jueces de las instancias ordinarias, por el suyo propio. Para su procedencia exige un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una indebida valoración del contexto probatorio (omisión de prueba esencial o contradicción evidente entre lo demostrado y la conclusión judicial impugnada). Ahora bien, este aspecto valorativo vinculado con la lógica de la construcción judicial contiene un recaudo ineludible: La consideración de las pruebas omitidas o valoradas en contradicción con su significación podría modificar el resultado del pleito, conclusión a la que se arriba mediante el método de inclusión hipotética de las pruebas.
Siendo así, la cuestión a elucidar tiene principio en establecer cuáles son las exigencias de fundamentación jurídica y razonable reconstrucción de los hechos en razón de sus demostraciones, en tanto ambos aspectos deben conferir al pronunciamiento en recurso, la exigible lógica que lo sustenta como acto jurisdiccional.
De la excepcionalidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad puede concluirse que para que la cuestión interpretativa ingrese en el examen de la instancia, debe estarse ante un apartamiento de las reglas substanciales que rigen el asunto, cuya gravedad implique sostener que la sentencia se aparta del derecho vigente de tal modo que la garantía de la defensa ha quedado postergada por el arbitrio del sentenciante. No se está ante una tercera instancia ordinaria como esta Corte ha pregonado reiteradamente.
Sin embargo, el problema de la interpretación lógica de la norma sustantiva adquiere especial relevancia en momentos en que se inaugura un renovado orden normativo que exige del juez la profunda ponderación del caso en orden al contenido de la norma que se integra con derechos y garantías constitucionales y reglas convencionales de superior jerarquía, de incidencia en la cotidianeidad de la práctica del derecho objetivo.
Especialmente, si la cuestión a resolver se inscribe en los principios jurídicos que gobiernan la responsabilidad patrimonial del Estado, en la que todo debe ser nuevamente construido en función de principios generales de derecho establecidos constitucionalmente y en convenciones pro homine, la exigencia de ponderación se acrecienta en la medida en que el régimen positivo se restringe.
Va de suyo que esta Corte, por su carácter de superior tribunal, debe conformarse en acertado intérprete de ese renovado orden que emerge de los principios generales del derecho, para que los demás tribunales puedan acertar en sus juicios por aplicación de doctrina judicial construida a partir de sus sentencias, en una asequible articulación con la Corte Federal y el Tribunal del Sistema Interamericano, especialmente en materias que son regidas por la Convención sobre Derechos Humanos.
En esa orientación se entiende que la sentencia sometida a control de esta Corte mediante el recurso deducido, debe superar, en una suerte de construcción bifronte, dos exámenes: El examen sistémico de juridicidad que permita sostener sin ambages que se trata de una "derivación razonada" del derecho vigente y para que ello resulte factible, un examen de valoración que asegure que esa derivación proviene de una sana crítica del material probatorio reunido en un proceso en que se ha asegurado la defensa. Ello, por cuanto "...si el razonamiento que sustenta la sentencia se aparta de las reglas de la sana critica de tal modo que consagre una soluci6n manifiestamente contraria a las reglas de la 1ógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento judicial, el recurso extraordinario resulta procedente" (C.S.J.N. 1. 192. XLIV. Recurso de hecho Iribarne, Rodolfo Antonio c. Estado Nacional - Honorable Senado de la Nación, 22 de mayo de 2012).
2. Contenido de la impugnación extraordinaria deducida:
Entiendo imprescindible, para resolver el planteo recursivo, recordar que la actora se agravia de la omisión de examen de los hechos planteados en la demanda (fs. 24 in fine). Especialmente enfatiza la dificultad que el Tribunal de grado explicita en punto a su propia aptitud para valorar (permítase la redundancia) la valoración que en su momento cumplió el juez penal para concluir en la justificación de la prisión preventiva.
3. Las reglas de juzgamiento en torno a la responsabilidad del Estado por la prisión preventiva:
En cuanto al tratamiento del problema de la responsabilidad del Estado por la prisión preventiva, dentro del marco más extenso de la responsabilidad del Estado por actos del Poder Judicial, me apartaré del examen sistémico que propone el voto del distinguido Juez preopinante.
Fijo mi posición a partir del paradigma que ha contemplado la Ley 26.944 en el art. 5 in fine: "Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización". La norma citada, aún cuando exógena respecto del derecho público local, deviene en una imprescindible orientación normativa por aplicación de la previsión constitucional del art. 149 del Texto Magno de la Provincia de Mendoza, en razón de tratarse de uno de los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva. Por otra parte se adecua a la previsión del art. 312 del Cód. Procesal.
Ha sostenido esta Sala, en sentencias anteriores a mi integración del Tribunal: "El dictado de la prisión preventiva configura una facultad judicial sometida a pautas abiertas y, consecuentemente, si en abstracto, la decisión judicial encuadra en las previsiones legales, la ulterior declaración de inocencia, per se, es insuficiente para disponer la reparación de los daños causados; sin embargo, esa indemnización es viable, además de los supuestos legal o constitucionalmente previstos en forma expresa, en otros fundados en principios generales de rango constitucional; esos casos son: (a) la dilación indebida de los procedimientos; (b) la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento seguida de la ulterior absolución o sobreseimiento del imputado; (c) La prisión preventiva obedece a prueba ilegítimamente obtenida por la policía" (causas "Rojo", LS 389-030 y "Valliz"del 15/04/2013).
Tal fundamentación doctrinaria se cimenta en precedentes de la Corte Federal que conviene recordar: "...no corresponde responsabilizar al Estado Nacional por la actuación legítima de los órganos judiciales (confr. causa P.209.XXXII "Porreca, Héctor c. Mendoza, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", del 19 de diciembre de 2000), pero consideró procedente el resarcimiento cuando durante el trámite de un proceso la actuación irregular de la autoridad judicial había determinado la prolongación indebida de la prisión preventiva efectiva del procesado, y ello le había producido graves daños que guardaban relación de causalidad directa e inmediata con aquella falta de servicio (Fallos: 322:2683)" y "... el artículo 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable; y, a su vez, el artículo 25 al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales" (M. 1181. XLIV. R.O. Mezzadra, Jorge Oscar c. EN Mº Justicia y DDHH s/ daños y perjuicios, de fecha 8 de noviembre de 2011).
Acerca de la doctrina de la Corte Federal cabe rememorar que en "Balda" (Fallos: 318:1990, opinión que ha sido reiterada en las causas "López" Fallos: 316:602 y "Robles" Fallos: 325:1855), al resolver, por vía de recurso demandas de responsabilidad del Estado en cuestiones análogas a la que se halla en tratamiento en esta causa (situación de prisión preventiva en proceso que concluye con la absolución de los imputados) sostuvo que "en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son costo inevitable de una adecuada administración de justicia".
Por otra parte debo conferir especial consideración a los términos en que el recurso ha sido deducido, toda vez que el planteo que contiene no se imbrica en los principios de la responsabilidad del Estado emergente de su actividad lícita, sino que se fundamenta en la existencia de omisiones judiciales que, en la posición de la accionante, tornaron antijurídica la actuación jurisdiccional en punto a la prisión preventiva ordenada y su excesiva prolongación temporal, a partir de la existencia, siempre según la fundamentación del recurso, de elementos probatorios que debían llevar a la cesación de la medida coercitiva.
En orden a los contenidos normativos señalados y los precedentes jurisdiccionales citados, creo necesario fijar posición en la cuestión sosteniendo que el presupuesto necesario de toda atribución de responsabilidad del Estado por acto judicial deriva de un obrar antijurídico que no reside en la consecuencia dañosa (privación de los beneficios de la libertad y perjuicios inherentes) sino en la actividad jurisdiccional que origina una vinculación causal de la que se deriva esa consecuencia.
Esto es, la antijuridicidad debe residir necesariamente en el acto judicial para justificar los supuestos de responsabilidad que se fundan en la prisión preventiva, en tanto el daño provenga exclusivamente de la privación de libertad y no de circunstancias derivadas de la prisión misma (verbigracia por omisiones en el deber de seguridad de los privados de libertad).
Es que, como bien se ha señalado en los precedentes citados, todo sujeto de derecho se ve constreñido a actuar y desenvolverse dentro de un orden jurídico que, al par que le confiere un ámbito de intimidad impenetrable y le garantiza derechos, le impone deberes que restringen sus libres determinaciones. Ese orden jurídico no permite que el Juez decida discrecionalmente la situación del imputado sometido a proceso en relación con la prisión preventiva, pero le impone exigencias de actuación por las que el Estado instituyente debe responder.
No juegan en el caso los equilibrios propios de la intervención del Estado que beneficia, o pretende beneficiar al todo social, mediante su actuación administrativa, según los cuales se provoca un progreso social que como efecto no deseado daña a unos pocos imponiéndoles un sacrificio especial, de tal suerte que se justifica el resarcimiento por las consecuencias de la denominada actuación lícita.
En el caso no se articulan principios de justicia distributiva que llevan a exigir determinados resarcimientos a costa del todo social.
La prisión preventiva es una medida procesal cuya finalidad consiste en asegurar la comparencia del procesado para cumplimentar la actuación de la ley en el juicio penal. No es un modo de realizar aspiraciones generales de la comunidad que justifique la aplicación de las reglas de responsabilidad objetiva por la actividad legítima de la Administración. La jurisdicción penal no sustenta su actividad en miras a la satisfacción de intereses generales (aunque los contempla necesariamente) sino en la declaración del derecho ante el caso que se le somete.
Así expuesta la cuestión debe sostenerse que la actuación legítima del Poder Judicial disponiendo la prisión preventiva y realizando su seguimiento en el tiempo hasta la sentencia definitiva o la liberación del prisionero (lo que primero acaezca) en tanto realiza la norma procesal conforme sus objetivos y dentro de los plazos establecidos en las reglas que lo ordenan, no genera una responsabilidad que deba resolverse en el resarcimiento del sujeto a quien se aplica.
De tal suerte corresponderá la reparación si se constata una falta en el servicio. El concepto "falta en el servicio" (funcionamiento anormal, irregular, retardatario) asignado a los actos u omisiones del Poder Judicial, es más amplio y comprensivo que el concepto "error judicial". En el caso de la falta en el servicio el vicio o defecto de actuación no necesariamente debe provenir del pronunciamiento jurisdiccional y, consecuentemente, no requiere la anulación de actos del proceso para tornar viable la reparación del daño. La autoridad de la cosa juzgada no se ve afectada cuando la responsabilidad se atribuye por una falta de la naturaleza señalada.
Por otra parte es preciso tener en consideración que el error no necesariamente es imputable a título de ilegitimidad en el obrar estatal (es factible que el error sea provocado por el dolo de un tercero cual sucede en el supuesto de falsa denuncia). Si se exigiese la demostración del error para agotar el test de "control de legitimidad" ínsito en la regla nacional analógicamente aplicable, sería imprescindible bucear en el territorio del obrar judicial para establecer si se ha incurrido en el error por una deficiente actuación del Poder Judicial en la reconstrucción de los hechos que derivaron en una decisión equivocada.
"A diferencia de lo que ocurre con el error judicial, el funcionamiento irregular no requiere un pronunciamiento previo sobre el error y no surge necesariamente del desempeño de los jueces y magistrados, sino que incluye también al de los funcionarios y empleados y otros auxiliares de la justicia que, individualmente o en conjunto concurren a la defectuosa prestación del servicio"(Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo IV, La Ley, Bs. As., 2004, p. 172/173).
Marienhoff refiere a los supuestos de responsabilidad del Estado que provienen del ejercicio de lo que denomina "Estado-juez" y con una finísima descripción del error judicial como causante del deber de resarcir alude a la "ruta de los mártires" recordando el destino de los inocentes condenados "por los ejemplos dolorosas que la jalonan".
El citado autor, al tratar la problemática de la responsabilidad ante los diversos tipos de proceso diferencia la responsabilidad del Estado-juez en lo civil (atenuada por el control del proceso que deben ejercer las partes) de la inherente al proceso penal porque en este caso "el control del proceso está a cargo del Estado y no del imputado; de ahí que la responsabilidad estatal tenga mayor asidero respecto a las actuaciones del mismo en el ámbito penal".
Si bien Marienhoff sostiene una posición restrictiva en punto al reconocimiento del daño en el caso de la prisión preventiva (exigencia de error judicial con la categoría de condena al inocente) en el desarrollo de su posición marca algunas pautas que permiten una suerte de reserva en su propia posición: "El lapso que una persona permanezca privada de su libertad a raíz de la substanciación del proceso penal, en el que dicha persona es finalmente sobreseída o absuelta no debe dar lugar a responsabilidad alguna del Estado, o sea, no puede generar derecho o resarcimiento a favor de quien sea sobreseído o absuelto. Tal perjuicio o daño debe ser absorbido por el imputado en este proceso, tanto más si el trámite de que fue objeto no presenta anormalidades que lo tornen irrazonable y, especialmente si el sometimiento de esa persona a proceso obedeció a circunstancias atendibles, debidas a la aparente actuación o comportamiento de ella." (Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot 2011, Tomo IV, p. 621).
Aún colocándome en la posición expuesta por el insigne maestro debo extraer de sus afirmaciones una conclusión razonable para el supuesto de "si el trámite de que fue objeto no presenta anormalidades".
Pues bien, si las presenta (condición) se debe responsabilizar al Estado por el acto judicial en función de la aplicación de la regla de "legitimidad" ya aludida.
4. Exigencias valorativas en el proceso penal:
Toca al juez que tiene a su cargo resolver en el proceso por responsabilidad, examinar en el marco de la acción resarcitoria, la aplicación de prisión preventiva. En las regulaciones procesales se confiere a ésta el carácter de medida de coerción personal; se entiende por tal "toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuestas durante el curso de un proceso penal y tendientes a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto". Como tal se enfatiza su carácter instrumental y cautelar, esto es "solo se concibe en la medida que sea necesaria para neutralizar los peligros que puedan existir sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva" (Crivelli, en Temas del Nuevo Cód. Procesal Penal de Mendoza, Susana García y otros autores, ed Morcos, 2006, p. 73 y siguientes, con cita de Clariá Olmedo).
De entre las distintas medidas de coerción ninguna reviste mayor gravedad y, consecuentemente se halla sujeta a mayores exigencias de procedibilidad y control posterior que la prisión preventiva, en tanto coloca al imputado en una situación que puede importar un anticipo de pena y pone en crisis principios propios del sistema de garantías que el orden constitucional contiene. No puede desconocerse que la ley sustantiva otorga a la prisión preventiva un efecto anticipatorio de la pena de prisión que sirve como referencia lógica para asignarle similitud concreta, desde la perspectiva jurídica, con una sanción.
De allí la imprescindible ponderación de las condiciones de aplicación de esta medida cautelar que deben llevar a descartar una correspondencia inmediata desde la pura legalidad.
No coincido plenamente con la interpretación de la norma procesal (anterior art. 312 CPP Ley 1908, actual art. 293 del CPP Ley 6730 vigente con modificaciones Ley 7929), en cuanto afirma que la regla fija condiciones "en abstracto" para la aplicación de la medida de coerción. Entiendo que, como cada vez que el juez se encuentra frente a un conflicto de intereses jurídicamente relevantes, debe realizar las finalidades superiores del orden jurídico a partir de sus principios esenciales aplicados al caso concreto. En la cuestión en examen lo "legal" puede devenir arbitrario si no se pondera el caso frente a las diversas circunstancias (no exclusivamente normativas) concurrentes a su solución.
"La seriedad de la infracción como la severidad de la pena pueden ser tomadas en consideración al momento de analizar el riesgo de evasión pero con la advertencia sentada en el informe N° 12/96: su utilización para fundar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad. Y además, la expectativa de una pena severa, transcurrido un plazo prolongado de detención, es un criterio insuficiente para evaluar el riesgo de evasión del detenido. El efecto de amenaza que para el detenido representa la futura sentencia disminuye si la detención continúa, acrecentándose la convicción de aquél de haber servido ya una parte de la pena"(Cód. Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, Coussirat – Peñaloza, ed. La Ley, Tomo I, págs. 797/798).
En el mismo sentido se tiene presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un valioso informe acerca del uso de la prisión preventiva en las Américas (Informe 46/13) en el que, luego de recordar la preeminencia de la presunción de inocencia y consecuente carácter excepcional de la prisión preventiva, diferencia las causales legítimas de su aplicación de aquellas justificaciones que entiende no válidas.
Expresa en lo pertinente el informe de marras: "La Corte Interamericana ha establecido consistentemente que de las disposiciones de la Convención Americana –y a juicio de la Comisión también de las normas de la Declaración Americana– "se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". Este criterio, según el cual la prisión preventiva sólo debe emplearse con fines procesales para cautelar los efectos del proceso, ha sido posteriormente reiterado por la Corte en los siguientes términos: Aún verificado este extremo (indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la participación del imputado en el ilícito que se investiga) la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar [...] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva".
Agrega: "En sentido concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin. Por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia, e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva."
En igual sentido reconozco, por su eminente valor didáctico, el voto pronunciado por quien fuera distinguido Juez de esta Corte, Dr. Carlos Böhm que, en lo pertinente, expresa: "La prisión preventiva, como medida procesal que coarta las libertades reconocidas en la Constitución Nacional (la normativa internacional – art. 7.5. C.A.D.H., 9.3 P.I.D.C.P establece el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, o ser puesto en libertad sin dilaciones: consagra de esta manera una limitación temporal al encarcelamiento procesal) tiene como finalidad el resguardo de los fines perseguidos en el proceso de la averiguación de la verdad y actuación de la ley sustantiva o la prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto del procedimiento (cfr. Art. 281 C.P.P.) Se afirma que su fundamento radica en el peligro de fuga del imputado o que éste obstaculice la averiguación de la verdad. La prisión preventiva se impone en condiciones previstas expresamente en el Cód. Procesal Penal ( cfr. art. 293 C.P.P.). Y en cada caso particular ha de considerarse la concurrencia de los siguientes principios: 1) principio de judicialidad, 2) principio de excepcionalidad; 3) principio de proporcionalidad 4) principio de subsidiariedad. Por otro lado, esta medida de coerción ha de ser interpretada restrictivamente pues así lo indica el art. 2 del C.P.P., porque quien se encuentra sometido a proceso, está de más afirmarlo, goza de la presunción de inocencia" (expte. N° 86.653 "Habeas Corpus, Vargas Suárez, Cintia Lourdes", 15 de marzo de 2006).
En orden a ese carácter excepcional y en consideración a los principios y correspondientes exigencias de la medida procesal, debe establecerse en la instancia de análisis de responsabilidad si el Poder Judicial, tanto al disponer como al mantener en el tiempo una prisión preventiva valoró las condiciones que en el caso concreto la sustentaban tanto desde la perspectiva del ordenamiento procedimental como desde las condiciones de hecho que la justificaban.
El tema ineludible, a ese respecto, es que el Poder Judicial debe hacerse cargo de sus medidas de coerción y mantenerlas bajo control, especialmente si valores tales como el de libertad personal quedan involucrados. Y, en esa materia, el Poder Judicial debe actuar de oficio en el resguardo de los derechos de los sujetos sometidos a su coerción.
5. Exigencias valorativas en el proceso de responsabilidad del Estado:
Va de suyo que si la norma procesal, de modo que no autoriza hesitaciones, confiere competencia al magistrado de la materia civil para sentenciar la indemnización que corresponda por arbitrariedad de la prisión preventiva "conforme a la legislación sustantiva" (art. 312 CPP), pone en cabeza del juez competente la exigencia de aplicar el derecho y establecer si se configuran las cuestiones de hecho que causan el daño y generan responsabilidad del Estado.
La especialización del juez penal no excusa al juez del juicio de responsabilidad del Estado del deber de analizar, con su propia sana crítica racional, el devenir del proceso que tiene sometido a su actividad cognitiva. Los hechos u omisiones que hipotéticamente implican una actuación ilegítima en la imposición y control de la prisión preventiva, previstas en el sistema jurídico que la regula deben ser abordados por el juez para determinar si se presentan los factores de responsabilidad que debe juzgar.
Necesario es recordar que lo que se debate en este proceso (juicio de responsabilidad del Estado) no es si debe o no disponerse una prisión preventiva, sino, si deben o no disponerse las reparaciones demandadas, para lo que el silogismo judicial tiene que examinar actos de un tercero (el Poder Judicial actuando en el juicio penal) desde la perspectiva puramente judicial, sin estar autorizado a substituir su propio juicio por el juicio de quien dispuso las medidas de coerción que deben ser examinadas.
En el mismo sentido, si corresponde al juez competente en materia de responsabilidad del Estado determinar si en la prisión preventiva o en su prolongación por tiempo mayor al necesario para asegurar el fin de la coerción ha habido una actuación "ilegítima" del Poder Judicial, debe examinar los factores de responsabilidad como juez de la causa, sin permitir que los actos de "confirmación del decisorio" actuados en el proceso penal que pudo causar el daño substituyan su propia convicción acerca de la legitimidad de la decisión jurisdiccional que dispone la prisión preventiva.
Es preciso rememorar que, a diferencia de otros supuestos de responsabilidad del Estado por la actuación del Poder Judicial, en el caso de la prisión preventiva como factor causal, ni la doctrina judicial ni la hermenéutica de la ley exigen como condición la anulación del acto procesal que la resuelve. Entonces, resulta necesario hipotizar que la confirmación de la prisión preventiva por el superior puede ser arbitraria, si en lugar de haber actuado como garantía procesal para la debida verificación de las condiciones que la justifican, se conforma como un ritual carente del exigible examen de procedencia en el caso concreto.
No resulta admisible suponer que la posibilidad de un arbitrio indebido se limita a la actuación del juez en la primera instancia.
En el exigible examen de procedencia recuerdo la síntesis que el Dr. Hitters explicita en sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: "...la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor (Fallos: 327:1738 y sus citas; 328:4175; 329:3806, 3894, entre otros)". Puntualizó entonces, que "no corresponde resarcimiento alguno cuando la prisión preventiva dispuesta proviene de una razonable apreciación -por parte del juez competente- de la situación del detenido"(causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", 3 de abril de 2014).
6. Omisiones incurridas en la valoración de factores de responsabilidad.
 
La sentencia en recurso ha cuidado establecer que las condiciones de determinación de la prisión preventiva de los actores fueron suficientemente examinadas y constatadas (con el grado de certeza que el acto procesal exigía) al momento de ser ordenada y ejecutada.
No obstante, al explicitar ese examen en punto al control judicial del mantenimiento por casi dos años de la coerción, la sentencia se limita a sustituir su juicio por el juicio de los Magistrados del proceso penal (jueces y representantes del Ministerio Público), sin reparar en la existencia de elementos de descargo de los que necesariamente debía derivarse un aminoramiento de la convicción resultante de las pruebas tenidas en cuenta al momento de disponer el procesamiento y la medida de prisión preventiva.
Dos pruebas, en mi criterio esenciales por su evidente valoración convictiva, debieron ser objeto de examen en el proceso de responsabilidad del Estado, para arribar a una conclusión razonable. Ambas pruebas, desde luego, estaban incorporadas en el juicio penal y en función de ellas la defensa solicitó el sobreseimiento de sus pupilos.
Me refiero, por un lado, a la prueba de examen de ADN (fs. 467/474, agregada a la causa penal el día 29/12/2000 y puesta en conocimiento de las partes mediante decreto de fecha 01/02/2001) de la que surge que en el hisopado perteneciente a la víctima se comprobó la presencia de material biológico atribuible a dos individuos, uno de ellos de sexo masculino, y que los patrones genéticos obtenidos coinciden con el de la víctima y con el material sanguíneo remitido como perteneciente a R. M. O. M.
Por otro lado, la nueva declaración de la supuesta víctima del abuso (fs. 522/523 de fecha 09/04/2001) en la que expresó que el día lunes 3, en la casa de ..., tuvo relaciones con "D.", que le dicen "P.", a lo que agregó: "tuve relaciones porque quise y no me violó". Seguidamente, preguntada para que dijera si conocía el nombre de P., respondió que no, que lo conocía de vista, que lo había visto en el polideportivo y después se enteró que se llamaba R. O.
Teniendo en cuenta que al emitir la resolución de fs. 531 vta. de fecha 16/04/2001 (mediante la cual se proveyó "Téngase presente" a la solicitud de sobreseimiento de los aquí actores) se debió meritar la prueba aludida, es lógico concluir que desde esa fecha en adelante el principio de excepcionalidad al que se ha aludido precedentemente tornaba imprescindible un pronunciamiento que liberara de la prisión preventiva a los actores aún cuando la causa fuera continuada hasta la sentencia definitiva.
La falta en el servicio aparece patente si se considera que es deber del Poder Judicial hacer el seguimiento de la prisión preventiva y ese deber resulta exigible aún cuando la defensa haya incurrido en silencios, omisiones o defectos de exposición del derecho (acerca de esto, si bien se trata de una reglamentación posterior, destinada a una supervisión y seguimiento de las condiciones físicas y jurídicas, pueden consultarse los fundamentos de la Acordada N° 26208 de este Tribunal).
En el caso que se resuelve la actividad de la defensa dirigida a obtener la liberación de los accionantes resulta evidente (presentaciones de fs. 489/492 y 529/531) por lo que es indudable que el Poder Judicial tuvo oportunidad de conocer las circunstancias que la habilitaban, aún sin hallarse en concordancia con la línea argumental del defensor.
Entiendo que la sentencia en recurso no incorporó en su valoración estos elementos probatorios que necesariamente llevaban a una conclusión opuesta a la que arriba el pronunciamiento. En consecuencia, postulo que el recurso de inconstitucionalidad debe ser admitido conforme la normativa procesal citada por la recurrente y pasar esta Sala a dictar sentencia reconociendo el derecho de los actores a ser resarcidos por el mantenimiento de la situación de prisión que los afectó a partir del 16/04/2001.
El doctor Nanclares adhiere a los fundamentos del voto del Dr. Julio R. Gómez.
2ª cuestión.— El doctor Pérez Hualde dijo:
Conforme a lo resuelto en la primera cuestión, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad articulado y en consecuencia, responsabilizar al Estado Provincial por los perjuicios ocasionados a los actores. Por su parte, en orden a establecer la procedencia y cuantía de los daños reclamados, corresponde aclarar que los fundamentos de los votos que conforman la mayoría consideran procedente la reparación del daño causado sólo desde el día 16/04/2001 hasta el momento en que se ordenó la liberación de los accionantes con la sentencia de fecha 28/06/2002, por lo que la resolución deberá ser dictada teniendo en cuenta este período temporal de un año, dos meses y doce días.
1. Daño patrimonial.
El Sr. A. reclama como daño patrimonial la suma de pesos nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 25/100 ($9.664,25), el que surge de multiplicar el importe diario que percibía (según su declaración indagatoria vertida el 04/07/00 en la causa penal cobraba $400 mensuales como albañil, fs. 50) por el número de días de detención (725).
El testigo que declaró a fs. 104 de estos obrados expresó que trabajó con él como albañil y estimó que el actor cobraba un monto de $600 mensuales aproximadamente.
El Sr. G. reclama la suma de pesos cinco mil quinientos ochenta y nueve con 43/100 ($5.589,43), el que surge de multiplicar el importe diario que percibía (según su declaración indagatoria vertida el 23/08/00 en la causa penal cobraba $250 mensuales como vendedor ambulante, fs. 309) por el número de días de detención (671).
El testigo que declaró a fs. 106 de estos obrados, vecino del Sr. G., dijo que el actor era vendedor ambulante, que trabajaba entre diez y doce horas diarias y que cobraba alrededor de $400 mensuales.
En el precedente "Rojo" ya citado, se expresó que correspondía compensar a la actora "por todos los sueldos que el empleador no pagó mientras ella estuvo en la cárcel", resultando indudable en el caso analizado que la ilegítima privación de la libertad por el período de tiempo indicado se constituyó en la causa adecuada del daño y por tanto, corresponde indemnizar este rubro.
En este sentido, el art. 1738 del C.C.y C. de la Nación prescribe que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances".
Ahora bien, teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil, a la época de la detención, era de pesos doscientos ($200), y que el mismo se mantuvo estable hasta el 1º julio 2003 -cuando por Decreto 388/2003 se elevó a pesos doscientos cincuenta ($250)-, valorando además la prueba rendida en relación a este punto, la actividad laboral denunciada por los actores (albañil y vendedor ambulante) y el período de tiempo que corresponde indemnizar (1 año, dos meses y doce días), estimo justo y razonable reparar el daño invocado con una suma de dinero que resulte de colocar a tasa de interés activa (por tratarse de un rubro de carácter alimentario) las sumas denunciadas por los actores como salario mensual -las que no aparecen desproporcionadas ni irrazonables y surgen de las testimoniales rendidas-, desde el 16/04/2001 hasta el 28/06/2002.
Así, deberán calcularse los intereses que tales sumas producen desde el devengamiento de cada una de ellas -a partir del 16/04/2001 y hasta el 28/06/2002- hasta el efectivo pago. Es decir que para el Sr. A., el monto que corresponderá a este rubro resultará de colocar la suma de $400 a tasa de interés activa desde el 16/04/2001 hasta el efectivo pago, a lo que deberá sumarse el valor que arroje la colocación de esa misma suma a interés desde el 16/05/2001, y así sucesivamente, hasta el 16/06/2002 y luego colocar la suma proporcional de doce días restantes ($400/30x12=$160) desde el 28/06/2002 hasta el efectivo pago. Del mismo modo se calculará la indemnización correspondiente al Sr. G. pero con la suma de $250 declarada por él mismo en la indagatoria.
En definitiva, se condena a la accionada a abonar al Sr. A. la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($5.760) y al Sr. G. la suma de pesos tres mil seiscientos ($3.600), con más los intereses calculados de conformidad con lo dispuesto precedentemente.
2. Daño moral.
Reclaman los actores la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) para cada uno de ellos.
La procedencia de este rubro resulta indudable desde que como lo ha manifestado este Tribunal: "sufrir prisión injustamente en las espantosas condiciones de nuestras cárceles implica un daño moral gravísimo" (L.S 367-239).
También aprecio que al momento de realizarse la pericia psicológica (fs. 131/138) -no impugnada por las partes- los accionantes presentaban indicadores de ansiedad y depresión, desarrollando sintomatología específica de trastorno del humor, la que, según el experto, puede ser modificada con tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico y no es incapacitante del desempeño laboral.
En cuanto al quantum que corresponde fijar, recuerdo que en el caso "Rojo" del 19/5/2008, la detenida fue una mujer de 36 años que permaneció 8 meses en ese estado, fue separada de su hijo bebé, fue acusada de doble homicidio, perdió su trabajo y sufrió daño psíquico probado según pericia. En este caso la indemnización otorgada fue de $60.000.
En el precedente "Fader Mora" del 11/04/2012 se indemnizó el rubro sólo por el exceso de dos meses y 10 días de prisión preventiva, de un joven soltero de 21 años de edad y estudiante universitario, en la suma de $20.000.
En el fallo "Murúa" del 22/06/2012 se indemnizó el daño moral de un joven de 23 años que fue detenido durante veintiocho días, que al momento de ser detenido estaba casado y era padre de dos hijos menores, en la suma de $25.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia (7 agosto de 2009).
Por su parte, en la sentencia dictada el día 31/10/2014 en los autos n° 107.943 "García González", se otorgó una indemnización de $35.000 por el daño moral ocasionado a raíz del accionar erróneo del órgano judicial que sometió al actor a una legislación distinta de la que le debió aplicar y que se mantuvo en su accionar ilegítimo al resolver sobre el recurso de revisión interpuesto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en noviembre del 2005, resolvió fijar una indemnización por el daño moral ocasionado a un hombre de 30 años por haber pasado casi un año en prisión, en la suma de $20.000 ("Gerbaudo, José Luis c. Provincia de Buenos Aires y otro p/D. Y P.").
Además de los precedentes mencionados, debe ponderarse para cuantificar este rubro la edad de los Sres. A. y G. al momento de la detención (28 y 30 años respectivamente); el lapso de tiempo que pasaron en prisión luego de que debieron ser liberados (1 año, 2 meses y doce días), lo que insumió este proceso que lleva más de once años y todas las instancias judiciales que debieron cumplir para lograr el reconocimiento de sus derechos.
También debe destacarse que el C.C. y C. de la Nación se ha ocupado de las obligaciones de valor, disponiendo en su artículo 772 que "si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda" y que "una vez que el valor es cuantificado, se aplican las disposiciones de esta Sección."
El comentario al artículo recuerda que, como los intereses comienzan a correr desde que se produjo el perjuicio, si éstos tienen entre sus componentes escorias inflacionarias, en el caso de obligaciones de valor necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su pago (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), Cód. Civil y Comercial de la Nación, comentado, T. V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).
En definitiva, atendiendo a todas las circunstancias mencionadas, considero que es justo y equitativo fijar la indemnización por este concepto en la suma de pesos treinta y cinco mil ($35.000) para cada uno de los actores, monto que es estimado a la fecha de esta sentencia. En consecuencia, el valor reconocido devengará el interés de la Ley 4087 desde el 16/04/2001 hasta la fecha de la presente resolución y de allí en más los que correspondan por aplicación del plenario "Aguirre" (L.S. 401-213).
Así voto.
Los doctores Gómez y Nanclares adhieren al voto que antecede.
3ª cuestión.— El doctor Pérez Hualde dijo:
Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, las costas deberán imponerse a la parte demandada que resulta vencida (arts. 35 y 36 CPC).
Así voto.
Los doctores Gómez y Nanclares adhieren al voto que antecede.
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, resuelve: I-Hacer lugar, parcialmente, al recurso de Inconstitucionalidad deducido a fs. 16/28 vta. de autos. En consecuencia, revocar la sentencia de fs. 275/284 la que queda redactada de la siguiente manera: "I- Admitir, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto a fs. 245 y en consecuencia, modificar los dispositivos 2°), 3°) y 4°) de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 229/236, la que quedará redactada del siguiente modo: ""2°) Admitir, parcialmente, la demanda promovida por los Sres. F. A. y P. A. G. contra la Provincia de Mendoza y en consecuencia condenar a ésta a abonar al primero, dentro de los diez días de quedar firme la presente, la suma de pesos cuarenta mil setecientos sesenta ($40.760), y al segundo, dentro del mismo plazo, la suma de pesos treinta y ocho mil seiscientos ($38.600) con más los intereses establecidos"". ""3°) Imponer las costas al Gobierno de la Provincia de Mendoza por lo que la demanda prospera ($79.360) (arts. 35 y 36 C.P.C.)"". ""4°) Regular los honorarios profesionales de primera instancia, de la siguiente forma: a los Dres. ..., en la suma de ...; ..., en la suma de ...; ..., en la suma de ...; ..., en la suma de pesos ...; ..., en la suma de ... y ..., en la suma de ... (arts. 2, 3 y 31 Ley 3641)"". "II- Imponer las costas de la Alzada al Gobierno de la Provincia de Mendoza que resulta vencido (arts. 35 y 36 del CPC)". "III- Regular los honorarios profesionales de Alzada de los Dres. ..., en la suma de ... y ..., en la suma de ... (arts. 2, 3 y 15 Ley 3641)." II- Imponer las costas de esta instancia a la recurrida vencida (arts. 36 y 148 C.P.C.). III- Regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia, a los Dres. ..., en la suma de ... y ..., en la suma de ... (arts. 2, 3 y 15 Ley 3641). IV- Líbrese cheque a la orden del recurrente por la suma de ..., con imputación al cincuenta por ciento del valor depositado a fs. 34. Notifíquese. — Alejandro Pérez Hualde.— Julio R. Gómez.— Jorge H. Nanclares.