Voces: ACTO ILICITO ~ ADMINISTRACION DE JUSTICIA ~ COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ ERROR ~ ERROR JUDICIAL ~ PODER JUDICIAL ~ PRISION PREVENTIVA ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ SENTENCIA

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 19/10/1995
Partes: Balda, Miguel A. c. Provincia de Buenos Aires.
Publicado en: LA LEY 1996-B , 312, con nota de Jorge Bustamante Alsina ;  DJ1996-1, 993
Cita: TR LALEY AR/JUR/1852/1995

Hechos: 
El actor inició demanda contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires por los daños y perjuicios derivados de la actuación ilícita del personal policial de esta última, de la que habría sido víctima -según dice- y, por otra parte, de la prisión preventiva que le fue dictada en sede judicial durante un proceso que concluyó con su absolución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria, rechazó la demanda. 

Sumarios: 
1 . Los actos judiciales no generan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita. 
2 . Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. 
3 . El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto. 
4 . No procede la acción de daños y perjuicios por la prisión preventiva sufrida por quien fue finalmente absuelto, medida aquella adoptada por la existencia de un serio estado de sospecha fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento. 
5 . Cuando la prisión preventiva carece de sustento lógico en las constancias de la causa, el Estado es, en principio, responsable del perjuicio ocasionado (Voto de los doctores Fayt, Belluscio y Petracchi). 

Texto Completo: 
Buenos Aires, octubre 19 de 1995.
 Resulta:
I. A fs. 1/5 se presenta Miguel A. Balda e inicia demanda por daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires.
Dice que el día 15 de mayo de 1987, aproximadamente a las 21:00 cuando se encontraba atendiendo su negocio de carnicería sito en Rivadavia ... de la Capital Federal, se presentaron tres personas de sexo masculino que se identificaron como el principal Risso Patrón, el sargento Risso y el cabo Casal, pero sin presentar ninguna credencial que avalara sus dichos, y procedieron a detenerlo y trasladarlo ante el titular de la comisaría de Rauch en la provincia de Buenos Aires.
Esa aprehensión se llevó a cabo sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley convenio 20.711 y su correlativa 8055 de la provincia demandada, sin haber exhibido orden de detención ni mediar autorización del juez de turno. Efectivizado el traslado, se le comunicó que quedaría incomunicado como imputado de un delito acaecido en Rauch en una fecha en que se encontraba atendiendo su negocio en la Capital Federal.
Expresa que, mientras estaba detenido, su hermana --al desconocer su paradero-- entabló un pedido de "hábeas corpus" ante el juzgado de primera instancia en lo Criminal de Instrucción N° 28. A raíz de esas actuaciones se inició una causa por privación ilegítima de la libertad contra los nombrados Navarro, Risso Patrón, Casal y Risso, que concluyó con una sentencia condenatoria para los dos primeros. Ese expediente, que identifica como causa penal número 596 y que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal letra CH, constituye --a su juicio-- la mejor evidencia de la irregularidad del procedimiento policial.
La detención, que se prolongó hasta el 4 de diciembre de 1987, le ocasionó importantes daños materiales derivados de la imposibilidad de explotar su negocio y el consiguiente daño moral. En cuanto a los primeros explica que el 14 de abril de ese año formalizó con Martín I. Liceaga un contrato de compraventa de un fondo de comercio sobre el inmueble sito en Rivadavia ..., cuyo valor se fijó en 6000 australes. Asimismo suscribió tres pagarés de 9200 australes como garantía de maquinarias y herramientas, los que no pudo abonar, por lo que se frustró la operación y se vio obligado a restituir a Liceaga la explotación del local. Agrega que la detención ocasionó los gastos que enumera y que produjo, por otra parte, un significativo lucro cesante por las ventas perdidas durante el tiempo en que tuvo a su cargo el negocio de carnicería.
Realiza consideraciones sobre la responsabilidad estatal y califica el comportamiento de los funcionarios policiales como ilegítimo, reproduciendo conceptos de la sentencia que los condenó.
II. A fs. 15 se amplía la demanda. Sostiene que el acto antijurídico del personal policial dio origen a un error judicial en el que incurrió el juez que intervino en la causa seguida en su contra, por cuanto convalidó un procedimiento viciado de ilegitimidad y siguió adelante con una causa en la que se dispuso su prisión preventiva, que se prolongó durante 6 meses y en la que finalmente se lo absolvió. Sostiene que la doctrina ha admitido la responsabilidad estatal aunque no exista revisión de la cosa juzgada formal y material de una sentencia definitiva si se dispuso la detención indebida de una persona que luego resulta absuelta por un plazo que excede lo razonable.
III. A fs. 41/51 contesta la provincia de Buenos Aires. Realiza una negativa general de los hechos invocados en la demanda y expone luego lo que considera sus razones para oponerse a la pretensión del actor.
En ese sentido afirma que sin perjuicio de desconocer que el incumplimiento de la ley 20.711 origine un derecho a indemnización, esa inobservancia, de haberse producido, fue legitimada por la propia conducta del actor por cuanto no cuestionó la legitimidad del acto que ahora impugna en la causa que se le siguió y en la cual se decretó su prisión preventiva.
Agrega que "surge evidente que la detención sufrida por el accionante era legítima como consecuencia de la acusación de un delito -- daño intencional-- no excarcelable" y más adelante que "de haber existido privación ilegítima de la libertad el día 15 de mayo de 1987, ésta se agotó al decretar el juez penal competente en la causa seguida contra el actor, la continuación de la detención del mismo y su no excarcelación".
Agrega que "responsabilizar al estado por la extralimitación y/o hechos ilícitos cometidos por funcionarios implicaría la apertura de una nueva clase de juicios contra el estado que posibilitaría connivencias entre malos funcionarios y terceros interesados en obtener ventajas patrimoniales a costa del estado legitimando así la corrupción". Entiende, asimismo, que responsabilizar al mandante por los actos cometidos por los mandatarios está en pugna con las disposiciones del Código Civil y de allí concluye en que el Estado no puede ser patrimonialmente responsable de los actos ilícitos de sus dependientes.
Plantea la defensa de prescripción por cuanto desde la fecha de la detención de Balda producida el 15 de mayo de 1987, quedó agotada la presunta detención ilegítima. "Luego desde el 15/5/87 y/o 16/5/87 y/o 17/5/87 y/o 18/5/87 y/o cualquier otra fecha de promoción de esta demanda transcurrió con exceso el plazo bienal de prescripción" previsto en el art. 4037 del Cód. Civil.
Cuestiona, por último, los rubros y montos de la indemnización pretendida.
 Considerando:
1. Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117, Constitución Nacional).
2. Que corresponde comprobar si en el presente caso se ha operado la prescripción que, con fundamento en el art. 4037 del Código Civil, plantea la parte demandada.
A tal efecto es menester tener en cuenta que, a pesar de la poca claridad de las exposiciones del demandante, de ellas se desprende que se reclaman los perjuicios derivados de dos hechos diferentes: la privación ilegítima de la libertad de que habría sido víctima por parte de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y la prisión preventiva que le fue dictada en sede judicial durante un proceso que concluyó con su absolución.
3. Que, en cuanto a lo primero, la actuación ilícita del personal policial habría sido instantánea o, en todo caso, habría cesado con el dictado judicial de la prisión preventiva, lo que tuvo lugar el 27 de mayo de 1987 (ver en fotocopia de fs. 152/155, causa 49.025, "Balda, Miguel A. y Génova, Juan J., incendio Rauch"). Toda vez que esta demanda se inició el 1° de diciembre de 1989, corresponde concluir que el plazo fijado en la antes mencionada disposición legal estaba cumplido.
4. Que no ocurre lo mismo con la segunda parte de la pretensión, ya que --de corresponder resarcimiento por la prisión preventiva-- la acción únicamente habría podido quedar abierta a partir de la absolución del procesado, la cual quedó firme con el desistimiento por parte de la Fiscal de Cámara del recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal contra la sentencia de primera instancia, lo que tuvo lugar el 2 de febrero de 1988 (fs. 306 vta., causa antes citada).
5. Que, por tanto, corresponde examinar si procede --en el caso-- resarcir los perjuicios que habría sufrido el actor como consecuencia de la prisión preventiva que debió soportar durante el proceso que le fue incoado, decretada en primera instancia y confirmada por la cámara de apelación en su momento por haber estimado que existía semiplena prueba de la comisión del delito de incendio doloso (fs. 152/155 y 164, expediente mencionado).
6. Que, en este sentido, cabe sentar como principio que el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007).
7. Que no obsta a esta conclusión la circunstancia de que en el "sub lite" el actor no atribuya el perjuicio a la sentencia definitiva --que le fue favorable--, sino a la prisión preventiva dictada en la etapa sumarial y confirmada por la alzada, ya que la sentencia absolutoria pronunciada tras la sustanciación del plenario --y en función de nuevos elementos de convicción arrimados a la causa-- no importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado, sobre la base de una "semiplena prueba o indicios vehementes para creerlo responsable del hecho" (art. 183 inc. 3°, Cód. Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Tal medida provisoria sólo traducía la existencia de un serio estado de sospecha, fundado en los elementos de juicio existentes hasta ese momento y desvinculado de la detención provocada por la irregular actuación del personal policial, de modo que no cabe admitir que por esta vía resarcitoria se pretenda revisar el acierto o error de un pronunciamiento cautelar firme.
8. Que si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un pronunciamiento judicial firme --por hallarse consentido, confirmado, ser irrecurrible o no haber sido atacado por los limitados medios que autorizan su revisión--, pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada no se verían estos últimos exentos de la posibilidad de cometer un nuevo error. Ha dicho este tribunal en recordado fallo que "...si para escapar al peligro del error posible hubiera de concederse recurso de las decisiones de la Corte, para escapar a idéntico peligro, habría que conceder recurso de las decisiones del tribunal que pudiera revocar las decisiones de la Corte, y de éste a otro por igual razón, estableciendo una serie que jamás terminaría porque jamás podría hallarse un tribunal en que no fuera posible el error. Habría que establecer, por consiguiente, la eterna incertidumbre del derecho con la impotencia de los poderes sociales para poner fin a los pleitos; y por temor de un peligro posible se caería en un peligro cierto, y sin duda alguna más grave, de una permanente anarquía" (Fallos: 12: 134). Parece que el único remedio para tal situación es la reafirmación del principio que atribuye el carácter de verdad legal al pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, que veda --por ende-- revisarlo cuando adquirió ese carácter (causa R.89.XXIV. "Roman S.A.C. c. Estado Nacional --Ministerio de Educación y Justicia-- s/ cobro de pesos", voto del juez Eduardo Moliné O'Connor, del 13 de octubre de 1994 --La Ley 1995-B, 440--).
9. Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares --cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general-- esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403 --La Ley, 1979-C, 219--; 305: 321; 306:1409 --La Ley, 1984-D, 501--; 312: 1656). De tal manera, a la vez que se asegura a la ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son costo inevitable de una adecuada administración de justicia (causa R. 89.XXIV, antes citada).
Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (art. 68, Cód. Procesal. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné O'Connor. - Guillermo A. F. López (por su voto). - Augusto C. Belluscio (por su voto). - Enrique S. Petracchi (por su voto). - Antonio Boggiano (por su voto). - Gustavo A. Bossert (por su voto). - Carlos S. Fayt (por su voto). - Ricardo Levene (h.).
Voto de los doctores Fayt, Belluscio y Petracchi 
Considerando: Que los consids. 1° a 5° constituyen la opinión concurrente de los jueces que integran la mayoría con los que suscriben este voto.
Que, sea con fundamento en la irregular prestación del servicio (art. 1112, Cód. Civil) o aun en el principio general del derecho que veda causar daño a otro, resulta incuestionable que el Estado --en principio-- es responsable del perjuicio ocasionado a quien, imputado de un delito, sufre efectivamente prisión preventiva y luego resulta absuelto en virtud de su inocencia.
Pero ello es así en tanto se trate de una inocencia manifiesta, vale decir, que el auto de prisión preventiva, aun confirmado en las instancias superiores o proveniente de éstas, carezca de sustento lógico en las constancias de la causa, habida cuenta de que, en general, para su dictado no es necesaria una prueba concluyente de la comisión de delito sino solamente --como expresa el art. 306 del Cód. Procesal Penal de la Nación-- la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que el procesado ha participado en él, o bien la existencia de prueba semiplena o indicios vehementes del delito y motivos fundados para determinar la persona o personas responsables (art. 183 inc. 3°, Cód. de Procedimientos en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires). En otros términos, que haya sido dictado a raíz de un error palmario o inexcusable.
Tal criterio, bien que no trasuntado explícitamente en la legislación nacional, tiene apoyo en la tendencia a lograr un adecuado equilibrio entre los derechos de los individuos y el desarrollo de la actividad investigativa del Estado, y ha basado diversas normas incorporadas al derecho público de provincias argentinas. Así, el art. 40, último párrafo, de la Constitución de Neuquén, establece que "la provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de las disposiciones constitucionales". Otras dejan libradas a la ley la reglamentación de los casos de indemnización por error judicial (art. 28 de la de Chubut y 11 de la de La Pampa, y, como mera posibilidad, art. 42 de la de Córdoba). Sólo la de Santa Cruz (art. 29) los reconoce objetivamente para los detenidos por más de 60 días.
A la luz de tales postulados, corresponde concluir que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario mas no cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento --relativo-- obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta-- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.
Por el contrario, en la demanda y su ampliación se ha sostenido una responsabilidad objetiva del Estado provincial que no se adecua a los antes expuestos, y una relación de causalidad entre la anterior privación ilegítima de libertad por actuación de la policía y la prisión preventiva judicialmente decretada que no resulta de la causa, ya que el auto respectivo se basa en una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y no en el solo hecho de la detención. En esas condiciones, no demostrado que en la etapa correspondiente del proceso los jueces de la causa hubieran procedido infundada o arbitrariamente, la reparación reclamada no puede ser admitida.
Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas. - Carlos S. Fayt. - Augusto C. Belluscio. - Enrique S. Petracchi.
Voto de los doctores Boggiano y López.
Considerando: Que los consid. 1° a 7° constituyen la opinión concurrente de los jueces que integran la mayoría con los que suscriben este voto.
Que tampoco pueden prosperar los agravios de la actora referentes a la responsabilidad estatal por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Ello se advierte a poco que se repare en el sentido y la finalidad de dicho instituto del derecho administrativo y en las características de la actividad judicial. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Significa una distribución entre los miembros de la sociedad política, mediante la reparación que materializan sus órganos conductores, de los daños que los actos de gobierno legítimos pueden inferir a los particulares, siempre que se den los requisitos delineados por este tribunal. (Fallos: 312:343 y 1656; G. 93.XXII "García, Ricardo M. y otra c. Provincia de Buenos Aires s/ indemnización de daños y perjuicios", sentencia del 8 de setiembre de 1992). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún sacrificio patrimonial con motivo de medidas políticas, económicas, o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales. En la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no se trata de actividades políticas para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Si la contienda es dirimida por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la elección de las diversas alternativas posibles no puede quedar condicionada por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que se pudieren causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio. Dichos daños, si alguna vez ocurrieren y en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia.
Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (art. 68, Cód. Procesal). - Antonio Boggiano. - Guillermo A. F. López.
Voto del doctor Bossert.
Considerando: Que los consids. 1° a 7° constituyen la opinión concurrente de los jueces que integran la mayoría con los que suscriben este voto.
Que en el caso tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad lícita ya que no cabe extender al supuesto en análisis las soluciones ya aceptadas por esta Corte en cuanto al resarcimiento de perjuicios sufridos a consecuencia de la actividad lícita del Estado cumplida en ejercicio del poder de policía, como resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y aun el bienestar de los habitantes, en la medida que se prive a un tercero de su propiedad o se lo lesione en sus atributos esenciales (Fallos: 195:66 --La Ley, 29-697--; 211: 46, entre otros). En tales casos, se trata de las consecuencias que derivan de decisiones adoptadas por el poder administrador o de un cambio de legislación, que provienen, en uno y otro caso, de la estimación que se efectúa con discrecionalidad sobre lo que resulta conveniente al bien común; en tanto que la actividad desplegada en el proceso judicial representa el ineludible cumplimiento del deber, a cargo del Poder Judicial, de desentrañar la verdad para aplicar al caso la legislación vigente y cumplir así el mandato constitucional de "afianzar la justicia" (Fallos: 302:1284), lo que determina la existencia de una carga general de contribución al logro de ese objetivo (R. 89.XXIV. "Roman S.A.C. c. Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ cobro de pesos", voto del juez Bossert, del 13 de octubre de 1994.
Por ello, se decide: Rechazar la demanda, con costas (art. 68, Cód. Procesal). - Gustavo A. Bossert.

Información Relacionada

Citas Legales: 

leyes 8055 (Adla, XXXIII-B, 2337); 20.771 (Adla, XXXIV-D, 3312). 

Nota a fallo: 

Bustamante Alsina, Jorge; ~ Responsabilidad del Estado por "error judicial" (El auto de prisión preventiva y la absolución) 

ANÁLISIS PREMIUM: 

Via Procesal
Jurisdicción y competencia: Originaria

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