Voces: ARBITRARIEDAD ~ CUESTION FEDERAL ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DETENCION DE PERSONAS ~ PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ~ TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CAUSA

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 27/02/2020
Partes: Echenique, Jorge y otro/a c. Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ daños y perjuicios
Publicado en: LA LEY 30/03/2020 , 4, P.m.-S;  SJA 06/05/2020, 77 - 
Cita: TR LALEY AR/JUR/199/2020

Sumarios: 
1 . El rechazo de la demanda de daños sufridos como consecuencia de una detención en el marco de una causa penal es arbitraria, pues, al resolver la cuestión con un estricto apego a las limitaciones que surgirían del ordenamiento adjetivo local, el superior tribunal de la causa omitió examinar y resolver las cuestiones federales sometidas a su consideración, entra las que cabe destacar la que se funda en el art. 9º, inc. 5º del PIDCyP, norma que dispone que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación” y fue expresamente invocada por los actores en apoyo de su pretensión. 

Texto Completo: 
Buenos Aires, febrero 27 de 2020.
 Considerando: 1°) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó, por insuficiencia de fundamentación, los recursos locales de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos por los actores contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había rechazado su pretensión de que se indemnizaran los daños y perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de su detención en el marco de una causa penal que se les iniciara. 
Para así decidir, la máxima instancia jurisdiccional provincial sostuvo que eran de tal manera, distintas las fuentes de los medios de impugnación a los que habían recurrido los actores que ello hacía totalmente inadmisible la posibilidad de fundarlos en los mismos argumentos o entrelazarlos. En razón de ello, consideró que los agravios sometidos a su consideración debían ser desestimados debido a que su “promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro”, sin que constituyera función del tribunal suplir tales deficiencias.
 Contra esta decisión, los demandantes interpusieron el recurso extraordinario federal que fue concedido por el a quo a fs. 471/473 vta.
2°) Que los agravios expresados con sustento en la doctrina de la arbitrariedad suscitan cuestión federal suficiente para su tratamiento en esta instancia. Ello por cuanto si bien, en principio, es facultad privativa de los jueces de la causa determinar si los recursos locales ante ellos planteados están debidamente fundados, debe dejarse de lado esa regla cuando el examen de los recaudos pertinentes ha sido efectuado con un injustificado rigor formal, que conduce a la frustración del derecho invocado, con evidente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 310:572; 315:1939; 321:1592; entre muchos otros).
3°) Que esta circunstancia se verifica en el sub examine pues, al resolver la cuestión con un estricto apego a las limitaciones que surgirían del ordenamiento adjetivo local, el superior tribunal de la causa omitió examinar y resolver las cuestiones federales sometidas a su consideración. 
Entre tales cuestiones federales, cabe destacar la que se funda en el artículo 9, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicha norma dispone que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación” y fue expresamente invocada por los actores en apoyo de su pretensión (fs. 401 vta.). Por lo tanto el a quo debió examinar su aplicación a las concretas circunstancias de la causa.
4°) Que, en las condiciones expuestas, se advierte en el caso una relación directa e inmediata entre la decisión objeto de recurso y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, razón por la cual corresponde descalificar el pronunciamiento con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y devuélvase. — Carlos F. Rosenkrantz. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Horacio Rosatti.